Castilla y León sigue intentando declarar la pista de esquí de Navacerrada (Segovia) Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar su cierre. Fue una medida que anunciaron el presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, y su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Dirección de Patrimonio de Castilla y León sigue estudiando -en coordinación con Patrimonio de Madrid- si puede así proteger la pista de esquí. En marzo el Gobierno de España solicitó desmantelar tres pistas de esquí por su impacto ambiental, y la empresa concesionaria anunció que prefería cerrar porque afirmaba que no la operación no le saldría rentable.
Mañueco anunció este lunes la reapertura de la estación de esquí de Navacerrada -que fija su pistoletazo de salida este viernes- porque no ve “razones políticas ni jurídicas para declarar el cierre”. El Organismo de Parques Nacionales, dueño de los terrenos junto al Parque Nacional de Guadarrama, no renovó la concesión de 25 años ante “el grave problema de saturación y de acceso” que suponía para una zona de alto valor ecológico.
Comenzó entonces una batalla del Partido Popular de Mañueco y Ayuso contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue un anuncio que realizó en abril Ayuso y sobre el que Mañueco personalmente no ha hablado expresamente, aunque se esté trabajando en esta posibilidad. “Vamos a estudiar la posibilidad de declararlo Bien de Interés Cultural y de no poder, de solicitarlo al Gobierno o a las autoridades competentes para proteger el patrimonio que consideramos bueno y beneficioso para todo”, apuntaba entonces la presidenta madrileña.
La protección que otorga la catalogación como Bien de Interés Cultural para conceder una mayor protección y tutela, aunque en muchas ocasiones no implica una salvaguarda activa, sino pasiva. Es decir, no se puede dañar ese entorno o construir, pero en algunos casos sufre con el paso del tiempo y las restauraciones no son inmediatas.
Habitualmente son BIC los conjuntos históricos, castillos, monumentos, zonas arqueológicas o iglesias. Castilla y León ha reconocido como Bienes de Interés Cultural algunos 'parajes pintorescos' como la Sierra de Ancares (León) o incluso al conjunto etnológico del Campo Petrolífero de Ayoluengo (Burgos). El director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, apostó entonces por proteger el valor cultural de las centrales energéticas y, en este caso, de la que fuera única explotación comercial de crudo de España, hasta que en 2017 terminó su concesión. Estos espacios son “testimonio de una forma de vida del pasado de nuestro país y del contexto socioeconómico de otras épocas”, aseguraba entonces el director.
De seguir adelante con la clasificación de BIC, esta sería la primera estación de esquí con ese nivel de protección. Según la legislación de Castilla y León, es necesario contar con un informe favorable de al menos dos de las instituciones consultivas que contempla la legislación vigente (las Reales Academias, las Universidades de Castilla y León y “aquellas otras que reglamentariamente se determinen”).
En octubre, la Junta de Castilla y León se declaró no competente para resolver la caducidad de la concesión de los terrenos para la estación de esquí. Le corresponde al organismo de Parques Nacionales resolver esta situación y adoptar los actos liquidatorios que pudiera exigir la empresa, aunque la Junta de Castilla y León insistió en que las pistas de esquí eran compatibles “con los diferentes aprovechamientos y usos del monte de utilidad pública”.
Sin embargo, meses antes la Junta de Castilla y León consideraba que la intrusión humana a base de “instalaciones deportivas y de ocio, pistas y estaciones de esquí” era una de las presiones y amenazas sobre estos ecosistemas y expresaba su preocupación por “la afluencia masiva y uso público no ordenado”.
Mañueco ha asumido el discurso ayusista y victimista del Gobierno, puesto que sufre “persecución” por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Ante la decisión de la Junta de Castilla y León de abrir Navacerrada, el Gobierno anunció que acudiría a la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia autonómico denegó este jueves la medida cautelar “provisionalísima y urgente” solicitada. La Sala entendió que las medidas cautelarísimas “no revisten los requisitos de urgencia que son exigidos para su adopción en el presente momento procesal”.