La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado al cierre del SERLA en Castilla y León. Díaz ha tildado de “muy mala noticia” la medida tomada por Vox en la Junta de Castilla y León ha señalado que la decisión “atenta contra el Diálogo Social” a la par que ha apuntado que el organismo cumple un “papel clave” en “la mediación y resolución de conflictos laborales”.
La responsable de Trabajo ha señalado a Vox, con el consejero Mariano Veganzones como titular de la cartera en Castilla y León, y ha apuntado que “a la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios”.
“Atropello a las bravas”
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Castilla y León ha pedido por carta al Ministerio de Trabajo del Gobierno de España para que intervenga en el “atropello a las bravas” que pretende la Junta de Castilla y León con el sistema de mediación laboral, el SERLA.
Así lo ha señalado el secretario autonómico de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, durante una rueda de prensa para analizar la situación de la negociación colectiva en Castilla y León.
Allí, ha dado a conocer la misiva que han enviado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el objetivo de que intervenga en este conflicto porque, ha argumentado, el SERLA es “indivisible” y “no puede desaparecer este sistema extraoficial de conflictos”.
“No se puede eliminar, lo harán a las bravas, pero la justicia va a responder porque las leyes se pueden cambiar pero no incumplir. Hay ley, hay acuerdos y una sentencia, lo que pretenden hacer no pueden, lo harán a las bravas pero es una ruptura, si las leyes dicen que el sistema de mediación es el SERLA, ellos no pueden eliminarlo”, ha insistido en declaraciones recogidas en Europa Press.
Según ha explicado Andrés, al no incluir partida en el presupuesto para este organismo, han aplicado “el rodillo” para intentar consumar “una ilegalidad inaceptable”, como también lo ha pretendido “con el aborto o la memoria histórica”. “Somos el ridículo nacional”, ha criticado.
Por eso, ha defendido esta petición al Gobierno para que garantice este sistema de mediación en Castilla y León y que actúe “de forma rápida y contundente” en defensa de la legalidad vigente en España, la Constitución y las leyes de desarrollo sustanciales en estos ámbitos laborales, que “está siendo violentada de forma clara por la actuación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León”.
Según recuerda la citada carta, el pasado 13 de enero se celebró una reunión del Patronato del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), Fundación Pública Tripartita que gestiona la resolución de conflictos laborales colectivos en toda la Comunidad y los conflictos individuales en Valladolid. En dicho Patronato se aprobó por parte de los patronos de la Administración (“todos de la extrema derecha”) la extinción de la Fundación por no tener financiación pública y, por lo tanto, no haber presupuesto para su funcionamiento y se iniciaban los trámites para ello.
“La no existencia de financiación se debe a que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el 2023 no aparece dicha financiación como venía siendo habitual desde hace 25 años. La Fundación tiene director y seis trabajadores y gestiona en torno a 4.500 conflictos individuales en Valladolid y 341 colectivos en 2022 en la Comunidad”, recuerda.
Además, UGT y CCOO sostienen que esta actuación deriva también en una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales y ello conlleva “el incumplimiento de varias normas esenciales”, entre ellas podrían estar derechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y tros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.
Además, sostienen que existe la Sentencia del Tribunal Supremo, en casación, de 30 de julio de 2020, por la cual en Castilla y León el requisito previo y preceptivo de mediación contemplado en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se tiene que llevar a cabo de manera exclusiva en el SERLA/Organismos de Solución Autónoma de Conflictos.
“Por ello consideramos que la conciliación-mediación y arbitraje en el Serla no es sustituible por la conciliación administrativa. Además, existe y para nosotros está vigente, un Acuerdo de Diálogo Social Autonómico en torno al Serla que recoge entre otras cosas importantes, una aportación económica adecuada y suficiente para el funcionamiento del servicio, aspecto también incumplido totalmente”, añaden las organizaciones sindicales.
Por último, denuncian “los problemas muy serios en cuanto al reconocimiento de la legalidad vigente y la legitimidad en la representación sindical”, en cuanto han eliminado de los presupuestos de 2023 la subvención nominativa que venía a satisfacer este papel que jugamos en la negociación colectiva, la participación institucional de la Junta y en los diversos procesos de diálogo social.
Asimismo, denuncian el “desmantelamiento tremendo y singular” de las políticas públicas en torno a las relaciones laborales, la prevención de riesgos, las políticas de igualdad y las políticas de empleo y formación para el empleo, entre otros.