El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, considera “absolutamente justificado” el salario del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz ha defendido el salario anual de García-Gallardo, de 79.570,96 euros, y ha asegurado que el cargo tiene funciones asociadas.
García-Gallardo, que renunció a asumir una consejería como el resto de antecesores en el puesto (Francisco Igea fue consejero de Transparencia; José Antonio de Santiago Juárez, de la Presidencia; Rosa Valdeón, de Empleo: Tomás Villanueva, de Economía o Jose Manuel Fernández Santiago, de Fomento, entre otros) tiene “competencias asociadas a las funciones de colegios profesionales, fundaciones o asociaciones”, según el portavoz.
Fernández Carriedo se ha referido al caso de García-Gallardo tras las declaraciones que hizo en sede parlamentaria el consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, del PP, quien afirmó en una réplica a un parlamentario de Vox que “lo que no admitiría el presidente de la Junta de Andalucía” porque “hay que ser austeros”, es “un vicepresidente en la Junta de Andalucía sin competencias ejecutivas, dedicado solamente a pasearse y a opinar no siempre bien sobre lo que hace el resto del gobierno” porque “eso sí que es tirar el dinero de los ciudadanos”.
Carriedo ha asegurado que no sigue “con el mismo interés” los debates parlamentarios de otras autonomías, pero ha afirmado que el salario de los miembros de la Junta de Castilla y León son “de los más bajos de España” y se han congelado este año. Además, ha subrayado que aunque García-Gallardo no haya asumido una consejería “sí tiene competencias asociadas a las funciones de colegios profesionales, fundaciones o asociaciones”.
A favor del sueldo de García-Gallardo y en contra de la subida del salario mínimo
El portavoz, que ha tratado de hacerlo con un discurso moderado, se ha mostrado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional si no va acompañado de “medidas que mejoren la competitividad de las empresas”. La Junta de Castilla y León, ha dicho es “partidaria” de que se avance en mejoras de “productividad y competitividad” de empresas y que ello redunde después en mejorar salariales y retributivas. “Ahí es donde hay que insistir”, ha declarado.
Según Carriedo, el “principal riesgo” para los salarios es que no se cree empleo y que los niveles de competitividad no crezcan. “No se atienden prioridades empresariales cuando se sube impuestos o se les señala como culpables”, ha señalado a la vez que pedía al Gobierno de España que no apuntase a empresas y a empresarios de los que se han dado “nombres y apellidos” como responsables únicos.