Con la ruptura de PP y Vox en Castilla y León, cuatro iniciativas parlamentarias presentadas por ambas formaciones quedan en el aire, con la incógnita si la ruptura del pacto de Gobierno afectará a las normativas pactadas entre ambos partidos o seguirán adelante con ellas. El exvicepresidente de la Junta y ahora portavoz de su Grupo en el parlamento autonómico, Juan García-Gallardo, ya ha avisado al Partido Popular de que para sacar adelante cualquier cuestión “tendrá que negociar punto por punto” si quiere contar con el apoyo de los 13 procuradores de Vox que necesita el PP para legislar.
Una de las proposiciones de ley que más polémica ha generado ha sido la de la 'Concordia' de Castilla y León, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox Castilla y León como sustituta de la normativa de Memoria Histórica. Esta, atendiendo a la estrategia planteada por Vox a nivel nacional, buscaba equiparar la Segunda República con la Guerra Civil y el Franquismo a la par que diluía la condena expresa a la represión o eludía el término 'dictadura', además de otros aspectos que los colectivos memorialistas consideraron lesivos.
García-Gallardo, días atrás, consideraba que la proposición de ley de 'Concordia' es “un texto bueno” y apeló al PP para que respete el texto y lo saque adelante. El recién estrenado portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León apuntó en otra comparecencia que tendrán que negociar cada materia de manera individual, también la citada proposición.
Otro líder de Vox en Castilla y León, el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán, se ha mostrado más optimista: ha insistido en que los pactos entre PP y Vox sirvieron para dar “estabilidad” al gobierno de la Junta de Castilla y León y cree que continuarán pese a la ruptura.
En concreto, sobre la Ley de 'Concordia', cree que ambos partidos mantendrán el acuerdo y recuerda que el trámite parlamentario se ha iniciado ya, por lo que “seguirá adelante”. Según afirmaba Pollán este pasado lunes, en septiembre se recuperará la proposición de ley de 'Concordia' y continuará su trámite parlamentario bajo el mismo texto.
Por parte del PP, el presidente de Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha ido evolucionando su posición con los días. El día 12 de julio indicó que el pacto de gobierno con sus socios está roto y se remitió a los compromisos recogidos en el debate de su investidura y en las sesiones de política general.
En una entrevista en el programa de CyLTV Cuestión de Prioridades, el presidente de la Junta fue más cauto que Vox y matizó que aún tienen que valorar las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre las normativas autonómicas, a la par que defendió el texto presentado por su partido y el de Abascal. Sobre la ley de 'Concordia' afirmó que el objetivo no es otro que reconocer y proteger a las víctimas de ambos bandos, todo ello sin una condena expresa a la dictadura franquista en toda la normativa.
Ya esta semana, el día 23, el líder del Gobierno de Castilla y León ha apuntado que su responsabilidad es “dialogar y entenderse” con todo el arco parlamentario. Mañueco aseguró que aunque el acuerdo de gobierno era “un buen instrumento” no está obligado a cumplirlo.
El presidente de la Junta instó a esperar a septiembre para ver “cuál es la aritmética parlamentaria” y lanzó un dardo a su izquierda y a su derecha: “Mi responsabilidad como presidente del Gobierno es atender los intereses de Castilla y León. Lamento que el PSOE esté a lo que se les dice desde Ferraz y Vox a lo que se les dice desde la dirección nacional”.
Reforma de Servicio Público de Empleo de Castilla y León
Uno de los grandes problemas que ha tenido Vox en el gobierno autonómico ha sido su gestión al frente de la Consejería de Industria, Empleo y Comercio. En algo más de dos años, el área que gestionaba Mariano Veganzones fue un punto de constante polémica. Más allá de tratar de reducir las subvenciones a los agentes del Diálogo Social o bajar las aportaciones al Servicio de Relaciones Laborales, el partido de derecha radical populista también tuvo 'lío' en el Servicio Público de Empleo (ECyL).
En dos años, tres gerentes del ECyL presentaron su dimisión por diversos motivos, como discrepancias con Veganzones o al conocerse en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que el primer gerente era socio de una empresa que realizó cursos de Igualdad y que Vox pidió eliminar. En total, el área de Industria, Comercio y Empleo registró un total de 40 dimisiones o ceses, como han indicado fuentes sindicales a este periódico. De ellos, tres han sido gerentes del ECyL y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros. .
PP, Vox, UPL-Soria ¡YA! y Por Ávila aprobaron en noviembre de 2023 la Proposición de Ley presentada por el PP y Vox para realizar una modificación en el ECyL para, en esencia, reducir el organigrama al suprimir los cargos de gerente y del vicepresidente del organismo para crear un único cargo. El objetivo, según Vox, era dar a la gestión del empleo una “mayor agilidad”, al contar con un único secretario general, y evitar duplicidades en materias como inserción laboral, el autoempleo y el emprendimiento. Pero de momento el PP en el Gobierno ha cambiado el tono hacia el Diálogo Social y ha inyectado fondos al servicio de mediación laboral Serla que Vox estaba dejando morir por falta de financiación.
Otras proposiciones de ley
Más allá de las iniciativas parlamentarias con más peso político, PP y Vox presentaron una serie medidas para atraer y retener a profesionales sanitarios a los puestos de difícil cobertura del medio rural. Según explicaron ambas formaciones, con esta proposición se busca garantizar la asistencia que “de forma coyuntural” no se atienden por el personal fijo o temporal. La propuesta cuenta con incentivos económicos y profesionales para revertir la carencia de personal en los pueblos.
Entre las medidas de ambos partidos están incentivar con hasta “un 75% más la guardia” cuando se realiza en un centro diferente, una mayor flexibilización de la jornada laboral o computar el doble en la carrera profesional cuando permanezca tres años en un puesto de difícil cobertura y fijar ayudas al desplazamiento y alojamiento. Además, se ayudará al desplazamiento y al alojamiento.
Sobre la mesa también está la modificación de Ley del Ruido de Castilla y León. El principal cambio de esta actualización es que los municipios de menos de 20.000 habitantes no tendrán que renovar cada cinco años su mapa del ruido.
Los cambios que pretenden introducir ahora dejan a criterio de los ayuntamientos de estos pequeños y medianos municipios elaborar esto mapas del ruido si se hubiera producido algún cambio significativo en la estructura urbana y las potenciales fuentes de ruido.
Ley de violencia intrafamiliar de Castilla y León
El pacto de gobierno de PP y Vox incluía una ley de lucha “contra la violencia intrafamiliar”. Nunca llegó a las Cortes de Castilla y León y poco o nada se hizo más allá de publicarse el inicio del trámite en julio de 2022 —con límite para presentar alegaciones acabó el 31 de agosto de 2022—.
El Partido Popular fue dando largas al intento de su exsocio de gobierno de diluir la violencia de género dentro del discurso negacionista. La consejera de Familia y ahora nueva vicepresidenta, Isabel Blanco, ha defendido a lo largo de los meses que la Ley de violencia intrafamiliar no iba a estar hasta que la Ley de Violencia de Género nacional estuviese en funcionamiento ya que ambas tenían que estar “perfectamente acompasadas”.
Tras la ruptura del pacto, preguntada sobre la ley contra la violencia intrafamiliar, Blanco recordó las palabras del presidente de la Junta en las que señaló que “las iniciativas se tendrán que ir viendo de una en una dentro del trabajo de las Cortes de Castilla y León”.
Ahora sin Vox en la Junta de Castilla y León, queda en el aire la creación de una ley autonómica de derechos y libertades del colectivo LGTBi , ya que esta comunidad es una de las pocas que no tiene una norma propia. Preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI, prácticamente redactada cuando se metió en el cajón por la llegada de Vox, Blanco remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno, porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.
En septiembre será el momento de ver qué van hacer el presidente Mañueco y el Partido Popular con las líneas rojas que marcó su exsocio en el Gobierno y qué normas salen adelante con su apoyo o se quedan en el camino por culpa de la ruptura de su acuerdo para gobernar.