La metedura de pata de PP y Vox en la votación de la Ley de Medidas Tributarias en el Pleno de Presupuestos del pasado 23 de diciembre ha provocado un enredo económico para disculpar la falta de diligencia de los parlamentarios que sustentan el Gobierno de Castilla y León. Sólo los que no tienen dedicación exclusiva acabarán pagando los platos rotos y renunciarán a cobrar la indemnización correspondiente, 220 euros, por asistir el próximo jueves al Pleno Extraordinario donde se aprobará la Ley que tuvieron que echar abajo tras aprobar erróneamente las enmiendas socialistas. El resto de parlamentarios, que cobra una cantidad mínima de 76.355,28 euros anuales, no renunciará a una parte del salario porque según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl De la Hoz, tras la reunión de la Junta de Portavoces, “no es posible”.
En el PP tienen dedicación exclusiva 5 procuradores: Raul de la Hoz Quintano, Miguel Ángel García Nieto, Óscar Reguera Acevedo y Ángel Ibáñez Hernando. A estos se suman dos integrantes de la Mesa de las Cortes.
En Vox, de los 17 procuradores sólo tres tienen dedicación exclusiva: Carlos Menéndez, David Hierro e Iñaki Sicilia y a estos se suman los que perciben salario como los tres consejeros, no todos con acta de procurador, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo. De este modo, aunque el error parte de los portavoces y viceportavoces de cada grupo que son quienes marcan el voto, estos no asumirán económicamente el “error”, tal y como lo ha llamado el portavoz del PP, Raúl de la Hoz. Se trata, según él, de “sustanciar el error cometido con la celeridad precisa para que ese error genere el menor impacto posible en la ciudadanía”. Así, 18 procuradores del PP y 8 de Vox dejarán de cobrar un total de 5.720 euros a los que hay que sumar el kilometraje, una cantidad que depende de la población desde la que se desplacen.
De la Hoz ha insistido en “no confundir” las indemnizaciones que cobran los parlamentarios sin dedicación exclusiva con las dietas y salarios “fijos y mensuales” de los liberados. Es más, ha añadido que el “único impacto del Pleno serán las indemnizaciones que cobrará la oposición”, matizando que el Grupo Parlamentario Socialista, que votó correctamente a favor de sus enmiendas “también podría renunciar” sin explicar por qué habría de hacerlo.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, había advertido en la rueda de prensa que dio poco antes que De la Hoz, que el Pleno Extraordinario, que tendrá una duración aproximada de 70 minutos, costará unos 13.000 euros. . Respecto a la renuncia a las indemnizaciones, para Tudanca no es más que “una bomba de humo” como en “lo peor de la pandemia”, cuando todos los grupos parlamentarios acordaron y anunciaron que renunciarían a cobrar las dietas y sólo los socialistas acreditaron que efectivamente las habían donado a entidades sin ánimo de lucro, algo que el PP no ha hecho. “Las donarán como donaron aquellas, sí, dejen de tomarnos el pelo”, ha criticado. Para De la Hoz, que el PSOE mostrase pruebas de que realizó las donaciones acordadas no es más que “un alarde” que el PP no quiere hacer y ha presumido de enmendar el error de la votación - no queda otro remedio que aprobar la Ley de Medidas Tributarias tras echarla abajo por haber votado a favor de las enmiendas del PSOE- mientras que el Gobierno de España “mantiene la ley del solo sí es sí y permite que 20 violadores hayan salido a la calle”.
En la misma línea que Tudanca se ha manifestado el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que se ha referido al gasto de 13.000 euros del próximo Pleno “ por el error, la incompetencia e ineptitud” de PP y Vox. Todo por el “lamentable espectáculo” de PP y Vox que “no saben ni votar, ni gobernar, ni manejar la Comunidad”
El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea ha sido más pragmático: “No renuncien a las dietas, gánenselas”, ha propuesto a PP y a Vox. Además, Igea se ha referido a Raúl de la Hoz como “presidente de las Cortes en funciones” para recordarle que cobra un sueldo de 90.000 euros “para indicar a sus compañeros el sentido del voto” y que su trabajo en el hemiciclo se sustancia en 16 intervenciones en pleno frente a las 124 suyas y otras 127 en comisiones. “Ya está bien de degradar la vida política de la Comunidad”, ha insistido. “Su trabajo era leer bien el texto de la Ley y el guión del pleno”, ha añadido.
Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el soriano, Ángel Ceña, ha pedido al presidente de las Cortes, Carlos Pollán que acepte su petición de que los dos partidos que forman grupo puedan compartir turno en el debate. El PP, a través de Raúl de la Hoz, se ha negado. Aunque ha reconocido que accedió a esa fórmula en el Pleno de Presupuestos, fue una “excepción” y ha recordado que es algo que no permite el Reglamento de las Cortes.
En la Junta de Portavoces también se ha tratado el presunto incumplimiento del Reglamento de las Cortes por parte de su presidente cuando suspendió dos veces la votación. El PSOE ha pedido la dimisión de Pollán para recuperar la “dignidad” de la institución porque “se están pasando por el forro el reglamento y la soberanía popular”. Según el portavoz del PP, Raúl de la Hoz no hay motivos. De hecho ha asegurado que el artículo 84 “no prohíbe suspender el Pleno” sino las “intervenciones extemporáneas” de los procuradores durante una votación. “Hubo un procurador que intervino durante la votación para pedir que se hiciese nominal” y el presidente, “de manera prudente”, hizo un receso. Ha relatado. Pero De la Hoz ha tenido que reconocer, a preguntas de los periodistas, que Pollán hizo una segunda suspensión cuando el propio De la Hoz intervino sin estar en el uso de la palabra para pedir que se repitiese la votación porque PP y Vox se habían equivocado.
Tudanca ha asegurado que Pollán no ha presentado aún el informe jurídico que pidió el Grupo Socialista para determinar si se incumplió el reglamento con las dos interrupciones y responsabilizó también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco por haberle puesto al frente del Parlamento para cerrar el pacto de gobierno. Respecto al retraso en la presentación del informe jurídico, no es el único, hay otros dos solicitados, uno sobre régimen de incumplimiento de dedicaciones exclusivas que se pidió en abril de 2021 y otro por la retirada de la bandera LGTBI que se solicitó en junio de 2022.