Romper el círculo desde la sociedad y las políticas públicas

Mi primer recuerdo este nuevo 25N es para Yaneli, asesinada el pasado septiembre en Bilbao y para Felisa y Rebeca, las víctimas que en 2022 nos dejó tristemente la violencia machista con resultado de muerte en Bizkaia. Son las más recientes en el marco de un fenómeno que repunta en el territorio si atendemos a los hechos vinculados a la violencia contra las mujeres registrándose el pasado año 3.505 victimizaciones, acciones de violencia de las que tienen constancia tanto a la Ertzaintza como las Policías municipales. Y es la cifra más alta en 20 años, según recoge el Observatorio de violencia machista de Bizkaia. Suponen casi diez al día. 

Hay que insistir en esta como la expresión más devastadora de desigualdad entre hombres y mujeres y que aumenta en el marco en un contexto donde proliferan discursos negacionistas, que minimizan o incluso justifican esta discriminación y actitudes, como así lo indicó el último informe del Ararteko, pese a que el feminismo, imparable, ha permeabilizado a la sociedad con un empuje sin precedentes en los últimos años generando una transformación que es cada vez más difícil de ignorar.

Pareciera, sin embargo, que los datos, las actitudes y los hechos nos situaran en un momento de impensable retroceso. Este extremo, sin embargo, hay que negarlo con rotundidad. Actualmente, las instituciones destinamos más recursos que nunca a implementar políticas públicas que abordan, no solo los síntomas —como así pone de manifiesto la campaña foral '#redflags, #green flags'—, sino también las causas estructurales de las desigualdades históricas reveladas en expresiones que no solo afectan la seguridad y a la dignidad de las mujeres, sino que limitan también su acceso a derechos fundamentales.

Avanzamos, pero los desafíos siguen siendo significativos. Desde la prevención en el marco de la educación y las campañas de sensibilización para afrontar el fin de los estereotipos de género y normalizar en el espacio público aspectos como el consentimiento y las relaciones tóxicas hasta el fortalecimiento del marco legal y judicial. Judicatura, fiscales y cuerpos policiales son ya agentes decisivos para garantizar una aplicación adecuada en la adopción de enfoques centrados en las víctimas. 

Porque con la prevención es igual de importante, si hablamos de las víctimas, su acceso ágil a recursos que les permitan romper el círculo de la violencia. Servicios de atención integral, como así hemos puesto en marcha en la Diputación Foral de Bizkaia, ofreciendo no solo información y asesoramiento, también apoyo social, ayuda socio-jurídica y psicológica. Y siempre bajo el estricto respeto a la autonomía y a los ritmos de decisión de las víctimas que se acercan al servicio. En definitiva, las instituciones debemos brindar los apoyos precisos para su recuperación integral, para la reconstrucción de unas vidas vulnerables, pero no rotas.

Por todo esto, creo firmemente que enfrentar la violencia contra las mujeres exige mucho más que puñados de buenas intenciones. Y conviene decir que no hay ni inacción política ni resignación en este continuo modo de alerta en el que vivimos. Hacerle frente necesita un compromiso sostenido, recursos precisos y la voluntad colectiva de transformar las estructuras que generan y perpetúan la desigualdad.

Las políticas públicas son herramientas poderosísimas para generar este cambio y su éxito dependerá de una implementación efectiva, incesante y coordinada junto a la participación de toda la ciudadanía como gran eje de acción e impulso. Por Rebeca, Felisa, Yaneli, y todas las mujeres que sufrieron y sufren violencia, por nuestras hijas, hermanas, madres y por todas las que vendrán en el futuro. Mujeres y hombres como agentes de cambio para construir una sociedad igualitaria y, por lo tanto, justa. No permitamos que sea una utopía.