La futura Ley de Función Pública de Castilla y León incorporará un permiso preparto que será automático retribuido a las empleadas públicas desde la semana 37 hasta el parto, para apoyar a las mujeres de la Administración y Empresas Públicas de la Comunidad que lo necesiten.
Así lo incorpora el anteproyecto de ley de Función Pública presentado este jueves, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno autonómico, por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que ha cifrado en “un millón de euros” el coste de esta medida, que podría entrar en funcionamiento en un plazo de seis meses si se cumplen las previsiones para su aprobación en las Cortes.
Como ha argumentado el consejero, esta norma, que se ha publicado en el Portal de Gobierno Abierto, servirá para adaptar la legislación autonómica a la básica y “aumentar la calidad en la prestación de servicio”, ya que este actual permiso automático y retribuido está fijado para la semana 39, por lo que esta nueva norma lo adelantaría en dos semanas.
Según la Junta, esto supondrá un “importante avance para el bienestar de estas empleadas públicas”, ya que “la realidad es que una gran cantidad de empleadas en esta situación se ven en la necesidad de acogerse a una baja laboral previa a este permiso” porque las incomodidades asociadas a estas últimas semanas se vuelven “mucho más incapacitantes para su desempeño profesional”.
Así, esta medida es, según González Gago, “producto de una demanda social” que la Junta quiere atender a través de esta ampliación de derechos, al considerar que “el bienestar físico y mental de los empleados públicos, y, en particular de aquellas empleadas en estado de gestación avanzada, debe ser una política prioritaria”.
En cuanto a los Cuerpos y Escalas de los funcionarios, el texto establece la creación de nuevos cuerpos, como los diferentes Cuerpos de Informáticos, que pasarán de ser personal laboral a ser personal funcionario.
Además, se eliminan algunos cuerpos, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque son cuerpos en los que, actualmente, no hay ningún empleado público en activo, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas.
En cuanto a la selección de los futuros empleados, el texto hoy hecho público regula expresamente los tipos de pruebas, la realización de cursos o los periodos de prácticas, cuya organización se atribuye a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Además, se actualizan las modalidades de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se determina el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño para todo el personal funcionario.
Respecto a los concursos de traslados, se establecen expresamente cuáles son los méritos evaluables, que la actual Ley no determina, entre los que se encuentran la antigüedad, la carrera profesional, las diferentes actividades formativas realizadas, la acreditación de competencias digitales, o el conocimiento de idiomas.
Por otro lado, se especifica qué puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera, entre otras novedades.
Próximos pasos
De forma simultánea a este trámite de consulta pública, también se dará trámite de audiencia sobre este anteproyecto de Ley a las organizaciones sindicales, como representantes legítimos de los empleados públicos a los que va dirigida esta norma.
Del mismo modo, la Consejería de la Presidencia hará conocedores de este anteproyecto al resto de organizaciones sindicales, asociaciones y colegios profesionales que defienden los derechos e intereses de sus miembros, y que pudiesen verse afectados por el contenido del futuro texto.
Una vez que finalicen estos trámites, a la vista de las alegaciones o consideraciones recibidas, la Junta analizará su posible incorporación al anteproyecto, para así “continuar con su tramitación a través de los órganos de negociación y consultivos” para su aprobación del Consejo de Gobierno para que, ya como Proyecto de Ley, se remita a las Cortes de Castilla y León.