El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha eludido hablar de franquismo como dictadura ante su omisión en la Proposición de Ley de Concordia presentada por PP y Vox, lo que sí ha condenado es “la dictadura” que, a su juicio, “se empieza a vivir en España”. En el decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León que aprobó el PP de Juan Vicente Herrera en su última legislatura y que quedará derogado con la nueva ley propuesta por el PP y Vox, la palabra dictadura aparece mencionada hasta en 13 ocasiones y hay una condena expresa.
“La Junta de Castilla y León condena los casos de vulneración de los derechos humanos que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista y, al igual que señaló por unanimidad la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, considera que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Por ello, la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista”, dice el decreto en uno de sus párrafos.
Pero el vicepresidente, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante una visita a una plantación de espárragos en Tudela de Duero, ha sido incapaz de definir el régimen franquista como una dictadura. “Yo condeno todas las dictaduras, empezando por la que estamos empezando a vivir en España, en la cual vemos que el Poder Ejecutivo le dice al Poder Judicial que hay determinados delitos que se persiguen o no, en función de si uno es socio o no del Gobierno, eso es todo lo que tengo que decir”, ha afirmado. Es más, ha insistido en que el Gobierno central, que se plantea llevar las leyes de 'concordia' de Vox y PP al Tribunal Constitucional, está utilizando “una vez más” el “comodín de Franco” para “esconder sus miserias”.
Ha defendido que la Proposición de Ley es lograr la “concordia” ante un relato histórico, a su juicio, “sesgado y mutilado” y que ofrece el “trato favorable” a unas víctimas y “no” a otras, motivo por el que la normativa propuesta amplía el periodo hasta 1931, es decir, la II República. En la proposición se menciona que “las nuevas generaciones [...] han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad. Por ello, sobre el respeto a la dignidad humana y sobre la base de la promoción de la convivencia y de la valoración del Estado constitucional que disfrutamos y excluyendo la confrontación partidista, los poderes públicos deben velar por el mantenimiento de una visión objetiva de la historia y de los errores cometidos para no volver a repetirlos jamás”, pero no se explica dónde está el sesgo.
García-Gallardo dice estar “muy tranquilo” ya que actúa en el “ámbito de sus competencias” y siempre desde la búsqueda del “interés general, no sólo para las víctimas de represión que pudiera haber durante el régimen de Franco, sino también en otros periodos de la historia de España”. “Habrá un momento en el que no necesitemos una Ley para que la concordia sea real”, ha justificado. Además considera que un posible recurso del Gobierno ante el Constitucional es sorprendente porque se trata de un gobierno que comete un “ataque sin precedentes a la Constitución o a la separación de poderes”. Así, dice estar “totalmente seguro” de que la norma que proponen PP y Vox en Castilla y León no está fuera de la Constitución. “En España, a pesar de lo que hace la izquierda cuando está en el poder, hay libertad de pensamiento, hay libertad de cátedra, y cada uno puede expresar con libertad lo que opine, nosotros, en esa ley, con los dos grandes grupos que sostenemos al gobierno, hemos confeccionado un texto para buscar la concordia que se ha perdido en España desde hace décadas, desde el gobierno de Zapatero, con sus leyes sectarias de memoria histórica”, ha recriminado.
“No voy a condenar la reconquista, no voy a condenar lo que hicieron los reyes católicos”
Cuando se le ha preguntado directamente si considera que el franquismo fue una dictadura ha respondido que son los historiadores quienes tienen que analizarlo. “Yo no voy a entrar en ese juego, yo soy un político de Burgos, nací en el año 1991, nací en democracia y estoy muy a gusto en democracia”. “No voy a entrar en ese juego del Partido Socialista, no voy a condenar la reconquista, no voy a condenar lo que hicieron los reyes católicos, no voy a condenar lo que hizo ningún rey, porque la historia está para estudiarla, para aprender de ella y para mirar al futuro aprendiendo las lecciones del pasado”, ha zanjado García-Gallardo, quien ha aclarado que Vox no propone en España “un régimen como el de Franco” sino que lucha por “reforzar las garantías de un Estado constitucional y de una separación de poderes”. En la futura ley la palabra 'franquismo' aparece una sola vez y es para cuestionar el “relato”: “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época, ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos”.