Igea se compromete a facilitar las actividades de localización e identificación de víctimas de la guerra civil y el franquismo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Francisco Igea, se ha comprometido ante el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica, Ángel Hernández, a impulsar “todas las facilidades” para que los descendientes de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista puedan llevar a cabo actividades de indagación, localización e identificación.

Francisco Igea y Ángel Hernández han mantenido este viernes un primer encuentro para compartir la línea de trabajo que plantea la Consejería en materia de Memoria Histórica, así como para poner en común la experiencia y la labor desempeñaba por este consejo creado en 2018.

La normativa autonómica, han recordado fuentes de la Consejería, garantiza la protección e integridad de los archivos, el derecho de todos los ciudadanos a la consulta libre y gratuita de los documentos relacionados con la memoria histórica integrantes del Patrimonio Documental de la Comunidad.

En la reunión del vicepresidente de la Junta con el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica también ha participado el secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, José Miguel García, por ser su centro directivo el responsable de esta competencia.

La Junta aprobó en abril de 2018 el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y en su contenido consta la creación de dos consejos, uno asesor y otro de carácter técnico. El primero de ellos, presidido por Hernández, dirige recomendaciones en esta materia, informa sobre los mapas de fosas y conoce las ayudas económicas concedidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica. El segundo informa con carácter preceptivo y vinculante las solicitudes para la localización y exhumación de víctimas.

El Consejo Asesor de la Memoria Histórica, en su última reunión en abril de 2019, valoró las actuaciones realizadas en su primer año de actividad, junto a la Administración autonómica, buena parte de ellas enfocadas al fomento de valores y principios democráticos y al conocimiento de los hechos sucedidos durante la guerra civil y la dictadura.