La primera sesión del juicio Perla Negra, por el sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía y la compra de terrenos para un polígono en Portillo (Valladolid) ha transcurrido con relativa rapidez. La Audiencia Provincial había reservado tres jornadas para la fase de cuestiones previas para acusaciones y defensas de los 12 encausados, pero se ha resuelto en una mañana y será el lunes cuando el tribunal se pronuncie y, en el caso de proseguir el juicio, arranque la fase de interrogatorio a testigos y peritos.
Las defensas de los dos principales acusados, los exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han alegado, entre otras cosas, la prescripción de los delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias en un intento para archivar la causa que la fiscal del caso ha desmontado con contundencia. En su calificación provisional considera que los hechos que van a juzgarse constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias; malversación de caudales públicos y violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Los abogados se han a referido a delitos que presuntamente de habrían cometido en 2005 y que ya no podrían juzgarse, pero el Ministerio Público ha precisado que cuando se trata de delitos continuados, el plazo que se aplica no es desde que arranca la presunta comisión, sino desde que cesa, por lo tanto habría que contar el plazo de prescripción de 10 años desde 2015.
Además, al igual que ocurrió hace dos años, cuando se intentó celebrar por primera vez el juicio, las defensas han vuelto a asegurar que no se les ha trasladado la causa al completo, algo que motivó la suspensión en marzo de 2022. Ahora se basan en la falta de certificación de la documentación que se les ha trasladado en los últimos dos años, y que les hace dudar que tengan el sumario completo. De hecho, se han quejado del desorden en la documentación, de documentos no foliados y de cambios en la numeración de páginas según el formato en el que se acceda. “Es como si cogemos El Quijote, rompemos las hojas, la barajamos y decimos ahí tiene usted El Quijote”, ha recriminado una de las defensas.
Aunque la Fiscalía y la abogada que representa a la Junta de Castilla y León han considerado que es cierto que la Letrada de la Administración de Justicia no ha certificado qué se ha trasladado y a quién, no es más que un “defecto formal” puesto que las defensas han tenido acceso a la causa en su totalidad y de forma individualizada y no habría lugar a la suspensión esta vez.
Además, las defensas han pedido o se han adherido a las peticiones de nulidad de actuaciones por vulneración del derecho de defensa o por falta de imputación de hechos concretos y han hecho constar las dilaciones indebidas en una instrucción que se ha prolongado más de 10 años. “La denuncia de los hechos data de 2012, el primer auto es de 2015 y los imputados no declaran hasta 2017”, ha esgrimido el abogado de Begoña Hernández.
Por otro lado, el abogado de Rafael Delgado ha intentado que se expulsase de la causa a la abogada de la Junta de Castilla y León “por falta de legitimación activa” ya que la empresa pública Ade Parques Gesturcal entendió en 2015 que no había resultado perjudicada y se apartó del caso. Pero en 2016, la Junta, que había ido desechando cada ofrecimiento de acciones que le propuso la Fiscalía, decidió personarse como acusación particular, tras la orden dada por la que era consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al descubrirse el pago de 4,4 millones de euros si concurso previo a Unifica, el mismo estudio de arquitectos que reformó la sede del PP de la calle Génova y que cobró en dinero B. “Es el Ministerio Fiscal el que tiene que velar por los intereses de la sociedad, no la Junta haciendo gala de una hipertrofia procesal”, ha argumentado el abogado. el defensor de Delgado.
La única defensa que se ha mostrado contraria a una suspensión del juicio ha sido la de Francisco Armero, ex director financiero de ADE Parques y Gesturcal. Armero es ahora consejero de una empresa que va a gestionar 15 millones de euros de fondos europeos, tal y como denunció el PSOE el pasado miércoles. El abogado se ha referido a una “pena de desconsuelo insoportable”.
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