“Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido, pero si de verdad no estaban de acuerdo con sus decisiones lo tenían fácil: pudieron dimitir y no ejecutar los hechos objeto de este juicio”. Con esa contundente frase, la fiscal del caso Perla Negra ha echado por tierra una de las excusas más repetidas por los exaltos cargos de la Consejería de Economía que se sientan en el banquillo por el sobrecoste del edificio de la Consejería en Arroyo de la Encomienda y el fallido Polígono de Portillo. El Ministerio Público ha expuesto su informe final este lunes, que mantiene sus acusaciones iniciales a excepción de la que afecta al exalto cargo de la Junta y empresario constructor Alberto Esgueva, por no poder acreditarse los hechos que se imputaban.
Así, ha explicado que la empresa promotora del edificio conocido como Perla Negra, Urban Proyecta PM3 contó con información privilegiada al tener acceso al pliego de condiciones del concurso del inmueble antes de que se publicase en el Bocyl. Ha reprochado que se justificase la necesidad de alquilar sin un análisis financiero o de costes, sino que simplemente “se plasmó la iniciativa”. También ha recordado que no hay ningún tipo de justificación sobre la reducción de plazos del concurso, que fue sólo de 15 días para presentar ofertas cuando lo habitual son 30. “Lo más relevante es que Urban lo sabía antes de que se publicase el pliego y probablemente antes de escriturar la parcela, y esa información privilegiada le colocó en un lugar preferente”, ha insistido. Ha reforzado esa circunstancia con la testifical que dio un reponsable de Estudio de Arquitectura Lamela, que reconoció haber recibido el pliego antes de su publicación y que era documentación sin membrete alguno.
En el centro de toma de decisiones pone a quiénes firmaron facturas sin tan siquiera informar al consejo de la empresa pública Gesturcal, a quien se puso como tramitadora para eludir controles, Rafael Delgado y Begoña Hernández, viceconsejeros de Economía y a Juan Carlos Sacristán. A Gesturcal, ha dicho, sólo se llevaron las tasaciones que interesaban y se ocultaron otras que otorgaban un precio inferior al edificio.
A la fiscal tampoco le han convencido las explicaciones sobre el polígono fallido en Portillo, un proyecto que ni siquiera aparecía en los presupuestos de Castilla y León y para el que no considera justificado que se comprase los terrenos a los empresarios que ejercieron como intermediarios, encareciendo el precio y beneficiando por lo tanto a Urban Proyecta, y todo esto sin ponerlo en conocimiento del consejo de Gesturcal, que sólo conoció los hechos un año después al examinar las cuentas y comprobar la tensa situación financiera de la sociedad.
La abogada de la acusación particular, ejercida por la Junta de Castilla y León, también ha apoyado la tesis de la Fiscalía al entender que había una “confabulación” entre Rafael Delgado y Urban Proyecta, además de considerar nunca debieron pagarse a la promotora los gastos financieros, que ascendieron a 4,5 millones. Ha coincidido también al poner en cuestión la intermediación de empresas en la compra de terrenos de Portillo, y que considera una operación “ruinosa”. Respecto a las declaraciones de los principales acusados, que señalan al entonces consejero Villanueva como quien decidió todo, lo ha puesto en duda. “Lo que aquí se enjuicia no es la decisión sino la ejecución, y es ahí donde se han cometido los distintos delitos. Estamos llegando al absurdo cuando se dice que el señor Villanueva, quien ya no se puede defender, era el que decidía todo hasta el mínimo detalle y que las decisiones no pasaban por el Consejo de Administración. Es el mundo al revés”, ha recriminado. También ha contrarrestado el intento de Begoña Hernández de restar importancia a su firma en algunas facturas porque “era mancomunada”, ya que ello significa que tenía que comprobar que lo que firmaba era “correcto”.
El letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE, y que se enfrenta a una imposición de costas por temeridad y mala fe que solicitan todas las defensas, se ha justificado asegurando que no ha participado en el juicio para hacer política, y prácticamente ha hecho suyas las conclusiones de la Fiscalía y la acusación particular.
Este lunes también ha expuesto sus conclusiones el abogado de Rafael Delgado. El defensor del exviceconsejero de Economía de Castilla y León ha asegurado este lunes que Tomás Villanueva, quien fuera consejero del mismo departamento, fue la persona que planteó la posible compra del inmueble conocido como Perla Negra atendiendo a la situación de mercado y ha pedido la absolución de Delgado.
El exviceconsejero se enfrenta a una petición de penas que suman once años de prisión por parte de la Fiscalía, pero según su abogado no cometió ningún delito y fue decisión de Villanueva comprar el inmueble en la estrategia política y económica de reducción de espacios administrativos -el uso del edificio se pensó para agrupar sedes de distintas áreas-.El abogado ha asegurado que la iniciativa de la posible compra del inmueble se trasladó al consejo de administración de la empresa pública Gesturcal -que compró el edificio- y Rafael Delgado “no tuvo ninguna participación en la negociación” para la adquisición, informa EFE.
Ha desglosado además las distintas tasaciones sobre el precio de Soluciones Empresariales y ha destacado que ocho de esos informes situaron el precio por encima de los 52 millones de euros en los que se compró y dos por debajo -ha negado así la existencia de sobrecoste-. El letrado ha citado la comparecencia del procurador del PP Pablo Trillo en la comisión de investigación correspondiente de las Cortes autonómicas, en la que habló de sus conversaciones con el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre el inmueble y también su declaración en instrucción, donde dijo que había hablado con la consejería de Hacienda. Herrera, Trillo y Pilar del Olmo -consejera de Hacienda en el momento de los hechos- “estaban informados de la adquisición del inmueble”, ha resumido.
Precio ajustado a derecho
En cuanto a la adquisición de los terrenos en Portillo, el defensor ha recalcado que Rafael Delgado no intervino en nada y ha considerado que los otros diez encausados tampoco cometieron delito alguno al respecto.
Ha argumentado que los peritos que han comparecido en el juicio han calificado como ajustado a derecho el precio al que se adquirieron las parcelas que, según ha remarcado, en gran parte correspondían a suelo ya urbanizable industrial.
Ha sostenido en este sentido que hubo “legalidad absoluta de la compraventa de ese suelo”.
Tras la exposición este lunes de los informes finales de la fiscal, la letrada de la Junta, personada como acusación particular, el PSOE, que ejerce la acción popular, y la primera de las defensas, está previsto que mañana continúe la presentación de los informes de más letrados de los encausados.