Después de mostrar públicamente su oposición frontal, de acudir a Bruselas y de amenazar con acciones judiciales, la Junta de Castilla y León ha acatado la Estrategia del Lobo del Ministerio de Transición Ecológica. Lo hizo a través de una carta que envió el pasado 9 de diciembre, tal y como han confirmado fuentes del Ministerio a elDiario.es, pero el Gobierno autonómico ha decidido ocultarlo. El viraje obedece a razones económicas, en juego estaban los 8,8 millones de fondos del Estado que le correspondían a Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños que provocan los ataques de los lobos así como para implementar medidas para evitarlos o minorarlos.
La Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo prohíbe por primera vez la caza de este animal, que deja de ser considerado especie cinegética, si bien en determinadas situaciones permitiría “extracciones”, o lo que es lo mismo, darle muerte. Hasta ahora, eran las comunidades autónomas las que cada año incluían cupos de lobo en las órdenes de caza. En febrero de 2021, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural votó a favor de esa propuesta para que el lobo dejase de ser cazable, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció una “batalla importante” en la que participarían las principales comunidades 'loberas': Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, por considerar que proteger al lobo también al norte del Duero era una “propuesta ideológica”. Argumentaba que se atacaba a los intereses de los ganaderos y al desarrollo rural de Castilla y León, primando los intereses “verdes” por encima de los generales“. La Junta, al igual que otros gobiernos autonómicos, recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional en marzo de ese año, y solicitó como medida cautelar que se suspendiese la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica del 20 de septiembre, que incluye al lobo de la zona norte del Duero en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre) prohibiendo su caza. En noviembre, la Audiencia rechazó la pretensión.
El pasado 28 de julio en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se aprobó la estrategia con los votos en contra de siete comunidades, entre ellas Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, pero todas las comunidades votaron a favor de un acuerdo sobre criterios y distribución territorial de fondos para paliar daños causados por el lobo a la ganadería y fondos para la realización de medidas preventivas con cargo a la anualidad de 2022. A Castilla y León le correspondían 8,8 millones de euros, el 44,26% del total distribuido a nivel nacional. Pero la oposición frontal a la estrategia tuvo consecuencias: las comunidades que no estaban dispuestas a conservar y gestionar el lobo sin la escopeta en la mano no recibirían esos fondos. En agosto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, les advirtió mediante carta de que, o se comprometían por escrito a aplicar la estrategia, o corrían ellos con las compensaciones a los ganaderos. Morán justificaba que esos fondos estaban previstos en la aplicación de la nueva estrategia, que formaban parte de ella.
Y a partir de ahí la batalla fue a más, porque la Junta contestó que contemplaba acudir a la vía judicial “para recurrir aquellos aspectos de la estrategia no ajustados a derecho”. La bronca, epistolar, se prolongó porque el 28 de agosto se transfirieron los fondos, pero no a las comunidades que se oponían a la estrategia. Así, en octubre la Junta reiteró nuevamente al secretario de Estado que procediera a la emisión de la correspondiente resolución de formalización de la distribución territorial de los fondos a Castilla y León para “planificar los créditos y llevar a cabo las urgentes actuaciones necesarias para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo”. Morán solo contestó a la carta de agosto para negar los fondos hasta que Castilla y León no se comprometiese por escrito a velar por la aplicación de la estrategia. La Junta contraatacó con una reclamación “previa a la vía judicial” para que le transfiriese las partidas, “sin perjuicio de la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo”.
A partir de ahí se sucedieron acciones y declaraciones. Si en septiembre los consejeros de Medio Ambiente de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León se reunían con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para quejarse de esa protección del lobo, en noviembre volvían a hacerlo. Sin embargo, en cuestión de semanas Cantabria y Asturias se bajaron de ese tren para aceptar la estrategia y recibir los fondos. “Nosotros no vamos a ceder a ese chantaje”, se envalentonó el consejero de Castilla y León el pasado 29 de noviembre. Diez días después, sin declaraciones, sin notas de prensa, Juan Carlos Suárez-Quiñones claudicaba.
En la misiva en la que finalmente la Junta se adhiere, fechada el 7 de diciembre y recibida dos días después, Juan Carlos Suárez Quiñones contesta a otra que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, había enviado el 8 de noviembre. El consejero dice se refiere a lo que se dijo en la reunión en la que Castilla y León, entre otras comunidades, votó en contra de la Estrategia del Lobo, tras haber comprobado “la literalidad”, dando a entender que han revisado la grabación. “Tal y como habrás podido comprobar, la manifestación de la Vicepresidenta y Ministra Ribera a mi intervención fue que entendía que si la estrategia era aprobada ”e íbamos a respetar, lógicamente y como no podía ser de otra manera, el marco del que nos estábamos dotando, correspondía aplicar el marco del que nos estábamos dotando en todas sus consecuencias“, para concluir por su parte que había tomado nota de nuestro voto en contra pero entendía que ”el voto en contra no significaba no ejecución o respeto“, por tanto entendía, en palabras de la Ministra, que ”correspondía también respetar los criterios de reparto“, argumenta. Con ello Suárez-Quiñones pretende hacer ver que iba a cumplir la estrategia, obviando que pidió medidas cautelares en la Audiencia Nacional, en concreto que no se aplicase la orden de protección del lobo.
Suárez-Quiñones señala en su carta que el Ministerio transcribió mal lo que se acordó en la Conferencia Sectorial
Asegura además, que en esa reunión no se acordó que fuese necesaria la adhesión a la estrategia para mantener los criterios de reparto de fondos y que sin embargo fue algo que se incluyó en la “transcripción” -lo entrecomilla el consejero- aunque no fue así. Es más, según Suárez-Quiñones, la ministra, Teresa Ribera, preguntó expresamente a los asistentes, “cuestión que no fue refrendada en la reunión de la Conferencia Sectorial, ni por los asistentes ni por la parte técnica del equipo ministerial, para concluir a continuación por su parte lo ya expresando con anterioridad, a saber, que el voto en contra no significaba no ejecución o respeto de la estrategia, correspondiendo, por tanto también respetar los criterios de reparto”.
Suárez-Quiñones traslada a Morán que, tras una reunión que mantuvo con las organizaciones agrarias era “unánime el clamor” para que se procediese “de forma inmediata a la transferencia a Castilla y León de los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para la anualidad 2022 conforme los acuerdos adoptados en Conferencia Sectorial”.
La carta asegura que Castilla y León “como no puede ser de otra manera”, aplicará el marco definido en la estrategia nacional, “en su integridad y a todos los efectos, sin perjuicio del voto en contra”. Añade su posicionamiento “contrario a la orden ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE, que sigue en sede judicial”. “Por lo tanto, y con apoyo en los argumentos expresados, reitero la solicitud a ese Ministerio para que proceda a la mayor brevedad posible a dictar Resolución por la que formalice los compromisos financieros con la Comunidad de Castilla y León y se transfieran los 3.998.070,00 € para paliar los daños producidos y los 4.854.400,00 € para medidas preventivas”, finaliza.
A pesar de esa carta, el Gobierno autonómico ha persistido en su simulación. En el pleno del pasado 14 de diciembre, con la carta enviada, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a anular la orden ministerial que protege al lobo y de la que emana la estrategia y a pagar los fondos “adeudados a Castilla y León”. En la defensa de la misma se llegó a hablar del “chantaje” y la “traición” del secretario de Estado, pero siempre omitiendo que la Junta se había adherido. El asunto también pasó fugazmente por el pleno de presupuestos de la semana pasada, cuando el procurador socialista Juan Luis Cepa reprochó al consejero haber cobrado tras aceptar la estrategia, algo que Suárez-Quiñones negó a la vez que decía que “el pago se produce tarde”. Los 8,8 millones de euros ya están en las arcas de la Junta de Castilla y León.