En una “rueda de prensa” de ocho minutos anunciada por él mismo en su cuenta de twitter y en la que no ha permitido preguntas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha informado de la disolución de las Cortes y de la convocatoria adelantada de elecciones para el 13 de febrero, y ha esbozado las razones por las que ha tomado su decisión. Según él, “las opciones eran convocatoria de elecciones o moción de censura”, sobre la que existía “un riesgo cierto” con el PSOE, Ciudadanos, Podemos “y otras fuerzas políticas”. Pero, además, se ha referido a la “deslealtad” del que hasta ahora era su socio de Gobierno, Ciudadanos, de quienes ha dicho que “estaban pactando unos presupuestos” a sus espaldas. Lo que no ha dicho, y no se ha podido preguntar, es con qué partidos negociaban. Tampoco se ha podido aclarar si se ha cumplido el trámite parlamentario que exige convocar al Consejo de Gobierno, del que forma parte Ciudadanos, antes de disolver las Cortes.
La negociación de los Presupuestos de Castilla y León, que quedan automáticamente prorrogados con la disolución de las Cortes, se había encallado porque el Gobierno de coalición los había negociado únicamente con Por Ávila, por necesitar un solo voto, y no se había alcanzado acuerdo. El partido regionalista proponía dos decenas de enmiendas por más de 30 millones de euros para la provincia. Mientras Ciudadanos estaba dispuesto a ceder, el PP se encontró con el escollo de su PP provincial, que quedaría tocado y en evidencia. “No es un problema de cantidad, es un problema de concepto, hablamos del modelo de Comunidad y de país que queremos todos”, ha dicho Mañueco.
Tras las elecciones, se abrirá una nueva legislatura de cuatro años. Mientras, Mañueco ha remodelado el Consejo de Gobierno “para afrontar las obligaciones del Ejecutivo”. Así, ha cesado al vicepresidente, consejero de Transparencia y portavoz de la Junta, Francisco Igea, cuyas tareas asumirá el consejero de Presidencial, Ángel Ibáñez, a la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, cuya tarea y además la de la portavocía, asume el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, al de Cultura, Javier Ortega, consejería de que la se hace cargo la consejera de Educación, Rocío Lucas, y la de Sanidad, Verónica Casado. En este caso sí se nombra un consejero, el portavoz del PP en Sanidad, Alejandro Vázquez, “por la importancia de la gestión de la pandemia y de la eficacia para proteger la salud y la vida de las personas”, según el presidente.