El 18 de marzo de 2017 el entonces alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ganó las primarias para presidir el PP de Castilla y León y conseguir así el pase imprescindible para ser candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Mañueco, con una larga y anodina trayectoria con distintos puestos en la Junta, como el de consejero de Justicia, cuando ni entonces ni ahora se había transferido, se hizo con casi el 70% de los votos en siete provincias: Ávila, Burgos, Segovia, Valladolid, Zamora y la suya, Salamanca. Y es precisamente en Salamanca donde un juez investiga un presunto delito de financiación ilegal del partido. Porque para dar la victoria a Mañueco, altos cargos políticos y orgánicos del PP de Salamanca, decidieron “de manera espontánea” que había que hacer “donaciones altruistas” para pagar las cuotas atrasadas de afiliados, de manera que pudiesen votar a su favor.
En este momento, el juez ha llamado a declarar, por segunda vez, pero esta vez en calidad de investigados, al presidente provincial, Javier Iglesias, y a la gerente del partido, Isabel Sánchez. Además, solicita al PP de Salamanca que declare mediante un representante, también en calidad de imputado. El avance judicial de un caso que fue archivado y reabierto, y que ahora hace aflorar unas cuentas que no cuadran con los recibos que aportó el PP para justificar la “donación” de más de 60.000 euros, ha hecho temblar los cimientos del partido a nivel autonómico. Si para ganar en una provincia de la que era alcalde Mañueco se recurrió al 'dopping' económico, ¿cómo se abordaron las primarias en el resto de provincias, en las que Mañueco apenas tenía predicamento? El caso de Salamanca arrancó con una denuncia anónima, y el el PP de Castilla y León se teme que haya réplicas en otras provincias. Mucho más en este momento, en el que el adelanto electoral está cantado.
Tal y como adelantó elDiario.es el pasado mes de septiembre, el presidente de Castilla y León tiene un horizonte oscuro para acabar la legislatura: o adelanta elecciones o puede enfrentarse a una nueva moción de censura de los socialistas, que con su primera intentona en marzo provocó que el gobierno de coalición perdiese la mayoría parlamentaria. Bastaría esta vez con que tres de Ciudadanos uniesen sus apoyos a la moción del PSOE junto al Grupo Mixto (un procurador de UPL, un procurador de Por Ávila, una procuradora de Vox, dos procuradores de Podemos y la no adscrita María Montero, que abandonó Ciudadanos tres días antes del debate de la primera moción de censura). Aunque menos probable, pero sí posible por números, Ciudadanos estaría habilitado a presentar una moción antes de marzo. Para presentar la moción se necesita la firma de 13 procuradores que no hayan presentado una en los 12 meses previos, y Ciudadanos tiene 11. Así, a sus 11 firmas se pueden unir la del procurador del PSOE que se incorporó hace unos meses tras la salida de Virginia Barcones para asumir la Delegación del Gobierno de Castilla y León, y la de cualquier otro procurador del Grupo Mixto o de la no adscrita. Eso puede ocurrir en cualquier momento, si bien no deja de ser difícil la propuesta de candidato.
Los casos de corrupción que marcan la agenda electoral
Pero no sólo se trata del peligro de una moción de censura, es que además en Génova hay interés en un adelanto electoral para obtener victorias que aúpen a Pablo Casado ante las generales de 2022. Así las cosas, Mañueco se vería obligado a disolver las Cortes antes del fatídico 10 de marzo en que el PSOE puede abordar la segunda intentona. Pero hay otras fechas que marcan la agenda, porque además del caso primarias, están los casos de corrupción política. A partir del 14 de marzo comienza el juicio 'Perla Negra', en el que declarará como testigo el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Tendrá que explicar cómo tras ser advertido del coste “disparatado” del edificio que pretendía alquilar la Consejería de Economía, se acabó abordando una compra también con sobrecoste superior a los 20 millones de euros. El asunto no es un tema menor, incide en la corrupción de un Gobierno del PP, en el poder durante tres décadas. Pero por si eso fuera poco, está pendiente el señalamiento de otro juicio de corrupción, el de Trama Eólica. La Fiscalía apunta a la responsabilidad civil de la Junta, a la que exige una fianza de algo más de 24 millones.
La única forma de salvar una campaña electoral del 'ruido' de los procesos judiciales por corrupción es celebrar las elecciones antes. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León marca un periodo de entre 55 y 60 días para celebrar elecciones desde que se disuelven las Cortes. El congreso autonómico del PP, en el que se respaldará a Mañueco como líder del partido, se celebrará el fin de semana del 15 y 16 de enero. Disolviendo las Cortes el día 17, lunes, las elecciones podrían ser el 13 de marzo, un día antes de que arranque el juicio de Perla Negra. Sin embargo, hasta esa fecha, que parece la más adecuada dentro del complicado calendario, no queda fuera de los procesos judiciales del PP: El 17 de enero es el día fijado, en principio era el 30 de diciembre pero se ha cambiado por problemas de agenda, para que declaren en calidad de imputados el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez, y el propio partido, que deberá designar a un representante. Todos ellos deberán aclarar por qué no cuadran las cuentas de las “donaciones altruistas” que auparon a Mañueco a la presidencia del PP de Castilla y León.
Y aun así, nada garantiza que Mañueco disuelva las Cortes antes de que acabe el año: aprobar los presupuestos no va a ser fácil sin prestarse a las exigencias del único partido dispuesto a apoyarlos, Por Ávila, y la cuerda se está tensando. La inestabilidad parlamentaria sería la excusa perfecta para justificar el adelanto, si bien pondría de manifiesto la debilidad de Mañueco.
Y mientras las turbulencias agitan la nave del Gobierno de coalición, el vicepresidente, Francisco Igea, asegura que no habrá adelanto porque el presidente le ha dado “su palabra”. La palabra rota podrá esgrimirse después en una campaña electoral, es lo previsible.
De momento, Ciudadanos opta por plegarse a cada capricho presidencial, desde asumir la estrategia ayusista de no imponer una sola restricción mientras la Comunidad se sitúa en “riesgo alto” por COVID-19, a realizar encendidas defensas sobre la presunción de inocencia que se debe aplicar al presidente del PP de Salamanca. Tanto es así, que Igea acabó defendiendo eso en las Cortes, ante una pregunta de control del PSOE