Castilla y León empezará a desescalar este lunes por provincias, tras una escalada de confusión de un Gobierno autonómico marcado por la bicefalia: de un lado, el vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos) y de otro, el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP). Los mensajes no han podido ser más contradictorios pese a presumir ambos de actuar bajo las premisas de la prudencia y la anticipación. El pasado 16 de febrero, la consejera de Sanidad (Cs), Verónica Casado, aseguraba en una rueda de prensa que en Castilla y León no se empezaría a desescalar hasta que las UCIs, en ese momento al 50% bajasen su ocupación por enfermos de COVID al 25%. No quiso fechar el momento porque como ella misma dijo, no tiene una bola de cristal. Sus declaraciones eran contrarias a las realizadas 24 horas antes por el portavoz de Sanidad del PP, que avanzó que el levantamiento de medidas se produciría esa semana.
Los sectores más afectados por las medidas, hosteleros, centros comerciales y gimnasios, llevaban también su propia escalada de protestas y reproches, debido a los cierres que han sufrido, el último, y que acaba el lunes, empezó el 13 de enero.
Así, dos días después de que la consejera asegurase que no era el momento de relajar medidas, Igea anunciaba en una rueda de prensa que se levantaba el cierre perimetral entre provincias, y también la medida del aforo máximo de 25 personas en lugares de culto. Esta última decisión venía precedida en realidad de una solicitud de medidas cautelares al Supremo por parte de la organización ultracatólica Abogados Cristianos, una solicitud que el Supremo había estimado en un auto que se firmó ese mismo día aunque se notificó más tarde. En ese momento, ni Casado ni Igea fueron capaces de argumentar sólidamente el cambio de criterio respecto al levantamiento de medidas. Sí dijeron que se referían a las medidas adicionales o “cuatro plus”, estas son, el cierre del interior de los bares, los gimnasios y los centros comerciales.
Del criterio del 25% máximo de ocupación en UCIs a levantar la mano hasta el 35%
Hasta ese momento por tanto, la decisión quedaba supeditada a que se cumpliese el requisito de tener la ocupación de las unidades de críticos al 25% como máximo. Era, decían, la única manera de garantizar la asistencia sanitaria en el caso de que llegase una cuarta ola. Pero el discurso de Igea y Casado en esa rueda de prensa, en la que repitieron que la situación era muy grave y que las decisiones se tomarían siempre con criterios sanitarios y epidemiológicos, se diluía al avanzar que el lunes siguiente, se analizaría en un Consejo de Gobierno extraordinario, si se mantenían esas medidas adicionales en bares, gimnasios y centros comerciales. Era jueves. El viernes, a través de una nota de prensa se informó de una reunión de Igea con los sectores afectados para recabar su “opinión”, algo que dejaba en el aire los supuestos criterios sanitarios a los que se había aludido un día antes. La situación rozó el surrealismo cuando se preguntó a Fernández Mañueco en una rueda de prensa y acertó a decir: “La reunión del lunes. Estamos a viernes, por tanto vamos a esperar al lunes a que, bueno, el lunes nos reunamos en Consejo de Gobierno”.
El 1 de marzo, fecha de ese Consejo Extraordinario, la cita con la prensa se retrasó casi dos horas. Igea reconoció que había habido “debate”. En realidad fue una reunión turbulenta que se paró para la rueda de prensa y se prolongó por la tarde. Lo que se anunció fue un nuevo cambio de criterio, ya que se pasó de fijar la desescalada, incluida la de los bares, cuando la ocupación de las unidades de críticos bajase a un 25%, a subirla al 35%. Aun así, la consejera de Sanidad no pudo evitar manifestar su preocupación por la situación en algunas provincias, como Soria, en ese momento con una incidencia de 429 casos por cada 100.000 habitantes. Abrir los bares, por lo tanto, era algo que se decidiría en una semana. Pero no fue así. Al día siguiente, martes, dos consejeros, el de Fomento y el de Presidencia, ambos del PP, aseguraban que la apertura sería el siguiente lunes 8 de marzo. Y dos días después, tras el Consejo de Gobierno ordinario, Igea lo confirmaba “a la vista de la evolución de los datos epidemiológicos”. El vicepresidente evitó precisar qué datos eran esos e ignoró la pregunta de elDiario.es sobre el porcentaje de ocupación de las UCIs. Horas después el portal de datos de la Junta confirmaba que no estaban al 35% sino al 36,4. El Gobierno se había hecho trampas a sí mismo. La decisión se tomó sin esperar a alcanzar el criterio fijado y sin que, nuevamente, desde la Junta se explicase por qué. Como ya hiciera el presidente de la Junta, el vicepresidente se enredó en los días de la semana, “lunes y lunes” insistía intentando justificar que no se había avanzado en la decisión -se hizo porque días antes se emplazó a un análisis en Consejo Extraordinario un lunes y finalmente se adelantó 4 días- y que era la prensa quien lo había entendido mal.
La complicada desescalada por provincias
El levantamiento de la medida se publicó al día siguiente, 5 marzo, en el Bocyl, con efectos desde el día 8. Una vez más la Junta omitió los datos sobre la situación en las UCIs, que era la que marcaba el criterio y lo fiaba todo al “cambio de tendencia”. La falta de solidez en este argumento, carente de datos, no se ha justificado en ningún momento. El objetivo parece claro: contentar a los sectores afectados ganando un día en la reapertura. Si se hubiese esperado al lunes, habría tenido efecto el martes. Las idas y venidas no son sólo respecto a bares, gimnasios y comercios. El próximo lunes la Junta empezará a abordar la desescalada provincial. Todas las que tengan sus UCI por debajo del 25% bajarán al nivel 3. Pero hay varias ecuaciones por resolver. Si los hospitales de Castilla y León siguen funcionando “en red” como dice la consejera, y algunas UCI, como la de Soria pasa por serias dificultades de ocupación, los enfermos se derivarán a otros hospitales, y la ocupación de esas unidades de críticos subirán, lo que puede condicionar la desescalada de esa provincia que asume críticos de otras. Pero, además, con el cierre perimetral provincial ya levantado, nada garantiza que los contagios no sufran un repunte en Semana Santa y que provincias con baja incidencia vuelvan a sufrir el golpe de la COVID-19.