De las medidas antiaborto a la supresión del Serla: El Partido Popular evita contradecir a Vox

Tras la crisis generada por las medidas antiaborto que Vox impuso a la Consejería de Sanidad (PP) de la Junta de Castilla y León y que han quedado en un limbo político, la consigna de la Junta de Castilla y León es evitar contradecir al socio de gobierno. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP) ha esquivado así tanto el espinoso asunto de las medidas “pro vida”, como el más nuevo, la supresión del SERLA por decisión unilateral del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Carriedo no ha precisado si las medidas antiaborto se eliminan de la agenda de gobierno o por el contrario se aplican. “No se modifica el protocolo de actuación sobre la atención a mujeres embarazadas, como tampoco se cambia el vigente sobre quienes quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo”, ha explicado. Mientras, desde Vox se insiste en que las medidas se aplicarán, el último en decirlo ha sido el portavoz, Jorge Buxadé, Carriedo no ha querido valorar sus afirmaciones porque “es una persona que no está en el gobierno de Castilla y León y tampoco vive en la Comunidad”. También se refirió al requerimiento de Moncloa, que la Junta decidió inadmitir y ha recordado que, a pesar de que el Gobierno central admitió que no se podía inadmitir, situaciones en las que esto había ocurrido hizo que cambiasen de idea “al día siguiente”. “El Gobierno ha entendido cual es la posición de la Junta de Castilla y León y no tiene más recorrido el asunto”, aunque se ha intentado “estirarlo hasta el final”.

Igual de ambiguo ha sido respecto a la supresión del Servicio de Mediación Laboral (SERLA) y que ha motivado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya dirigido al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para que explique por qué se elimina. Según Carriedo, en la Junta no se ha recibido ninguna carta o requerimiento de Díaz. Desde el Ministerio se ha aclarado a elDiario.es que, efectivamente, no se ha enviado nada, sino que el requerimiento se hizo a través de una conversación telefónica con Mañueco.

Pese a todo, el portavoz de la Junta ha asegurado que la Junta “garantiza la mediación en las relaciones laborales a través del Serla o bien a través de los propios empleados públicos de la Junta de Castilla y León”, sin precisar cuál de las dos opciones es posible puesto que el consejero de Empleo ha aseverado que su Consejería no financiará ese servicio. Según Carriedo es una decisión que se tomará en una reunión del Diálogo Social. “Garantizamos el arbitraje, dejemos trabajar a las partes que tienen que abordar esta cuestión, lo que podemos garantizar que la legislación en Castilla y León se va a aplicar”, ha finalizado.