La patronal de Castilla y León considera que los mensajes de García-Gallardo son “impropios de una sociedad democrática”

La junta directiva de la CEOE en Castilla y León considera “desde su más absoluta incredulidad, tanto por las formas de hacer público tal anuncio por el vicepresidente de la Junta, como por el contenido de los mensajes lanzados con calificativos impropios de una sociedad democrática y que cuestionan de forma injustificada el papel del empresariado” que es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien debe aclarar a los agentes económicos y sociales representativos de Castilla y León “si las actuaciones anunciadas están consensuadas por el Gobierno de la Junta de Castilla y León o es sólo una decisión arbitraria de una parte del Ejecutivo”.

La patronal se pronuncia así sobre “el anuncio realizado el pasado lunes por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, en relación a la reducción y eliminación de determinados programa y líneas de actuación en el marco del Diálogo Social”. La junta directiva sí valora “de forma positiva” la disposición Mañueco para celebrar en los próximos días una reunión del Consejo del Diálogo Social.

“Será entonces en ese momento cuando CEOE Castilla y León, con las explicaciones oportunas, pueda realizar una valoración detallada”, explican en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es. Mientras, la CEOE “desde la máxima responsabilidad y compromiso, seguirá trabajando en beneficio de los empresarios de Castilla y León ”porque el Diálogo Social, elogiado dentro de nuestro territorio nacional e incluso a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es entendimiento, no confrontación; voluntad de dialogar y llegar a acuerdos que se materialicen en avance, crecimiento, riqueza, empleo y bienestar económico y social“. Así, la Junta Directiva de CEOE Castilla y León solicita ”el máximo respeto hacia un modelo de trabajo que forma parte de la máxima norma legislativa regional, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, así como constitucionalmente reconocido en el artículo 7 de la propia Constitución Española“