El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha denunciado que la Junta de Castilla y León adjudicó 15 millones de euros de fondos europeos a una empresa de un imputado en el caso Perla Negra. El director de fondos y consejero de Clave Mayor y la persona para gestionar el fondo de capital riesgo ICE Eficiencia Energética (para poner placas solares en pymes) que adjudicó el gobierno autonómico en julio de 2023 es Francisco Armero, que se sentará en el banquillo a partir del próximo lunes por el caso de corrupción de Perla Negra.
Fiscalía pide cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación a Francisco Armero, que está acusado de malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos mientras fue el director financiero de ADE Gesturcal, la empresa pública de gestión de suelo de la Junta de Castilla y León. El PSOE pide 11,5 años de cárcel y una multa de 30 millones. La Junta de Castilla y León, que tardó años en personarse en la causa como perjudicada, no acusa a Armero, es decir, no pide ninguna pena para él.
Francisco Armero está acusado de haber firmado parte de las facturas del pago de 4,4 millones de euros por el amueblamiento del edificio Perla Negra, sin que mediase una licitación. La cantidad la cobró la empresa UNIFICA, la misma que reformó en B la sede del PP de Madrid.
Debía controlar a una empresa que le fichó cuando fue imputado en Perla Negra
En 2008, como director financiero de ADE Gesturcal, adjudicó un fondo de capital riesgo similar (Fondo Tecnológico Seguranza) a la empresa Clave Mayor, en la que después de ser cesado trabajaría hasta ahora. Francisco Armero debía controlar qué pasaba en el Fondo Seguranza que dirigía Clave Mayor. En 2012, el juez imputa a Francisco Armero por la Perla Negra y fue cesado de su cargo en la Junta de Castilla y León. Es entonces cuando se incorpora a la empresa Clave Mayor, donde ahora es director financiero.
“Clave Mayor gestionó 36 millones de euros de fondos europeos en el fondo de inversión Seguranza para once empresas. Solo dos obtuvieron beneficios, el resto han sido liquidadas con pérdidas, calculamos que hay 25 millones de euros de pérdida. La empresa cobró 3,6 millones de euros por una gestión desastrosa”, ha asegurado el portavoz socialista, Luis Tudanca, que ha comparecido ante los medios acompañado de la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario, Rosa Rubio.
En marzo de 2023, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de Castilla y León convoca un concurso público del fondo de capital riesgo al que solo se presenta esta misma empresa, Clave Mayor, a la que se le adjudica el contrato en julio. El objetivo es que la entidad gestora capte fondos privados de un mínimo de 50 millones de euros y un máximo de 100 millones de euros.
El PSOE: “Solo se presenta una empresa; lo de siempre”
Luis Tudanca ha informado que entre los requisitos no se exige una inversión privada asegurada para adjudicar el contrato y basta con haber participado en un solo fondo de capital riesgo similar. “Solo se presenta una empresa; lo de siempre”, ha ironizado el secretario general del PSOE autonómico, que ha recordado que se adjudica este contrato millonario “a una empresa que nos hizo perder mucho dinero público”. “Castilla y León perdió dinero pero los amiguitos del PP ganaron”, ha criticado. Entre los accionistas de Clave Mayor se encuentra Juan Carlos Franquet, exconsejero de Industria en Navarra con la Unión del Pueblo Navarro (UPN), según informan los socialistas. Según ha estimado Rosa Rubio, la empresa gestionará entre 15 y 30 millones de euros públicos —además de los fondos privados que se capten— y obtendrá un beneficio de entre 3,7 y 28 millones de euros.
Luis Tudanca ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Economía y Hacienda y máximo responsable del ICE, Carlos Fernández Carriedo, que preside la Comisión Ejecutiva del ICE, que aprobó esta adjudicación a Clave Mayor por unanimidad.
Francisco Armero está entre los 12 acusados de corrupción en el caso del sobrecoste del Edificio de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León —conocido como la Perla Negra— y que aloja varios departamentos de la Consejería de Economía. El Juzgado ha estado más de diez años investigando si se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, revelación y valoración de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración en la construcción y compra del edificio.