Jesús Julio Carnero (PP) llegó el 17 de junio de 2023 al Ayuntamiento de Valladolid con varias grandes promesas en la cartera: soterramiento de la vías del tren, revertir los cambios en movilidad para poner fin a los atascos, un plan de choque para mejorar la limpieza, bajar los impuestos y una reforma del estadio José Zorrilla. Un año después, los principales argumentos del programa electoral del Partido Popular para la ciudad del Pisuerga no se han comenzado a materializar además de surgir polémicas de forma constante, algunas de ellas gracias a su socio de gobierno: Vox.
El candidato 'popular' quedó segundo con 56.870 votos frente a los 58.416 del PSOE, con once concejales cada uno. Valladolid Toma La Palabra (liderado por IU) se hizo con dos ediles y Vox, tres. El PP de nuevo tendría que firmar con la extrema derecha para llegar al poder. El reparto de carteras levantó la primera polémica, la teniente de alcalde, Irene Carvajal, de Vox, asumiría también las competencias de Educación y Cultura que tenían por función gestionar la organización de la gala de los Goya de este 2024 y la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).
El PP tuvo que maniobrar y modificar los estatutos de la Seminci para sacar a Vox de esa gestión y dejarla en manos de la concejala de Turismo, del PP. En ese reparto de áreas desapareció la Concejalía de Igualdad, que pasó a Servicios Sociales. De la “oficina de apoyo la Mujer”, que el Partido Popular prometió en campaña y no se ha vuelto a saber nada.
En los primeros compases de la legislatura, en septiembre, en ocasión de las fiestas de Valladolid, el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero (Vox), promocionó con 7.500 ceniceros portátiles reutilizables de la campaña ‘Depende de TODOS', organizada por la Mesa del Tabaco, una plataforma integrada por sectores tabacaleros. La finalidad de la iniciativa era para concienciar sobre la necesidad de depositar correctamente las colillas en papeleras.
También ha habido cambios respecto a actos simbólicos en causas como la diversidad sexual. Carnero, que como presidente de la Diputación (con mayoría del PP) colgó una bandera LGTBI en el balcón de la Administración, decidió no hacer lo mismo en el balcón del ayuntamiento a pesar de que el TSJ determinara que es legal. El alcalde aseguró que era un decisión suya ya que en el balcón solo habrá “símbolos oficiales” y no ninguna enseña o cartel de ningún tipo. El regidor rechazó haber recibido presiones de Vox aunque su teniente de alcalde, de Vox, se jactó de esta decisión.
En medio de la polémica por el traslado de migrantes a Medina del Campo, en las que el regidor de la localidad, Guzmán Gómez (PP), criticó la “deslealtad” del Gobierno al no informar “de manera alguna” sobre el traslado de un grupo de migrantes en situación de emergencia sanitaria y aseguró que estas personas podían causar un brote “de cualquier enfermedad”. Carnero señaló que las cosas debían “hacerse de manera ordenada, coordinada y planificada”. “Imagínense que aquí llegaran de la noche a la mañana sin previo aviso, enterándose uno de manera precipitada, 3.000 inmigrantes a la ciudad de Valladolid, por hacer esa regla de tres”, reflexionó.
Acusaciones de censura cultural y negación de la violencia de género
Otro aspecto que ha provocado las críticas es la censura cultura que Vox, con la vista gorda del PP, ha querido imponer. En julio de 2023 PP y Vox votaban en contra de una moción del PSOE para evitar vetos “censura cultural” en Valladolid. Esta doctrina aplicada por la extrema derecha se ha podido ver en la “censura previa” en obras y actos culturales en la Muestra de Teatro Vecinal y en la Muestra de Cultura Tradicional, como ha criticado la oposición. El acuerdo de la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde también recogía la eliminación de las ayudas de 450 euros por cada actuación y los 50.000 euros de presupuesto para todos los eventos. En las bases de la convocatoria se reflejaba la exclusión de representaciones que pudieran “atentar contra la dignidad y el honor” de las personas o que pudieran ser “ofensivas” para determinadas personas o colectivos a criterio del Servicio de Participación Ciudadana“.
El programa de Vox se nota en el Ayuntamiento de Valladolid. La lucha contra la Agenda 2030 también se ha dejado ver en modo de censura a una exposición en el Museo de la Ciencia. Redeia, matriz de Red Eléctrica, acusó este 8 de junio a la teniente de alcalde (Vox) de impedir la muestra “por motivaciones políticas” al abordar contenidos sobre la Agenda 2030. El grupo asegura que Carvajal “ha paralizado” la apertura mientras el Ayuntamiento ha negado este motivo y el propio Carnero ha echado la culpa a un “problema técnico” el no poder inaugurarla, algo que también remarca la propia concejala. La empresa defiende que se acreditó el “correcto funcionamiento” y el alcalde ha reiterado que se abrirá cuando se subsanen esos problemas.
Vox también se ha dejado notar en materia de lucha contra la violencia de género. Además de eliminar la Concejalía de Igualdad, los concejales de esta formación no participaron en la lectura del manifiesto con motivo el Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer del 25N. Carvajal explicó entonces que el Grupo Vox no había secundado el manifiesto de la Federación de Municipios y Provincias y defendió que se debería recordar “a todas las víctimas”, independientemente de su “victimario”.
La derecha radical populista dio plantón al acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Solo Irene Carvajal acudió al homenaje que recibieron la Asociación Dialogasex y Lola Herrera, que no acudió por motivos de agenda tras el rechazo de Vox a este premio. La actriz había sido muy crítica con Vox y Dialogasex se dedica a la divulgación sexual en los colegios, algo con este partido se ha mostrado en desacuerdo. La teniente de alcalde negaba que su formación hubiera apoyado la propuesta de Lola Herrera.
Hostigamiento a una periodista de la Cadena Ser
Con las protestas en las sedes del PSOE se produjo en Valladolid insultos a una periodista de la Cadena Ser en una concentración con cargos de Vox presentes como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, el concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Valladolid, Víctor Martín. El edil aseguró que no reconoció a la reportera al no llevar “una acreditación visible, chaleco que permitiera distinguirla del resto de ciudadanos” o un micrófono a pesar de que le había entrevistado en varias ocasiones.
Martín negó haberla “insultado o coaccionado” mientras la periodista trabajaba y cuestionó siquiera que se produjera un acto de “acoso y señalamiento”. Además, el concejal sacó su teléfono móvil —como otros manifestantes— para grabar o hacer una foto a la periodista, que estaba trabajando
El gran proyecto de ciudad: el soterramiento de las vías del tren
La gran pugna del alcalde Carnero este año ha sido con el soterramiento. El empeño del regidor pasa por poner fin a una integración ferroviaria que está conectando los barrios por debajo de las vías del tren a raíz del acuerdo que tuvo que firmar el Ayuntamiento con la Junta de Castilla y León y con el Ministerio de Transportes, con el PP en el Gobierno, en 2017 para solucionar la deuda de 400 millones de euros que el exalcalde Francisco Javier León de la Riva firmó en el caso de las comfort letters.
De ese compromiso se quiere deshacer Carnero: En campaña electoral aseguró que si no conseguía el soterramiento dejaría la Alcaldía porque era “un derecho irrenunciable de los vallisoletanos”. Carnero, sin dar una estimación presupuestaria para el proyecto, garantizó que habría dinero para realizarlo como se ha ejecutado en Almería, Murcia o Logroño. En esa campaña, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió que habría soterramiento si él era presidente del Gobierno.
Frente a esta convicción de soterrar, Adif y el ministro de Transportes, Óscar Puente, predecesor en el cargo, defienden la integración ferroviaria en la ciudad. La directora de Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, presentó en un estudio técnico y económico en el que se concluía que el coste de obra sería de 1.570 millones de euros, que si se tiene en cuenta toda la intervención ferroviaria aumenta hasta los 2.765 millones, y no se acabaría como mínimo hasta dentro de 17 años. El actual regidor se propuso enviar una carta todos los lunes al ministro y anunció que iban a realizar su propio estudio.
Soterrar desde el Senado
La pugna con Puente también ha trasladado al Senado. Fue una condición que puso Carnero para presentarse a la Alcaldía: ser cabeza de lista para el Senado y así “impulsar el soterramiento” y “estar en contacto con ministros”. Después, fue nombrado presidente de la Comisión de Transportes para hacer un “marcaje” a Puente.
Y por tratar de compatibilizar la Alcaldía con el Senado viene otro de los líos para Carnero. El PSOE, tanto en el Ayuntamiento como en la Cámara Alta, le acusan de no estar al 100% en sus funciones. Como regidor, el portavoz municipal socialista Pedro Herrero se encarga en X de publicar una agenda pública escueta y el senador Javier Izquierdo ha comentado también sus ausencias. El ministro de Transportes ha ironizado en campaña electoral con la ausencias de Carnero en el Senado mientras celebraba el ascenso a Primera División del Real Valladolid.
En ese intento de compatibilizar su trabajo como senador y el de alcalde, Carnero se encargó de señalar que iba recibir solo el sueldo que recibe de la Cámara Alta, como así marca la ley. Como recogió elDiario.es, al regidor se le fue olvidando presentar el certificado que acreditara que no cobra sueldo del Ayuntamiento tal y como exige la normativa para tener concedida la compatibilidad de ambos cargos. Tras ser requerido dos veces, justo el 30 de mayo, día en el que se publicó la noticia, presentó el documento.
Polémica por el 'alcalde b'
Precisamente para cubrir algunas de esas tareas que tiene el alcalde, Carnero decidió crear el cargo de Dirección de Coordinación de Políticas Públicas. Sus funciones, según el propio regidor, son las de coordinación interna de las políticas públicas y de gestión, materias relacionadas con la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico o el impulso y desarrollo de la Mesa del Soterramiento, de la Mesa de Automoción y de la Mesa de la Agroalimentación, así como el de la Oficina de Proyectos y Atracción de Inversiones. Funciones que en la anterior legislatura se encargaron a diversas concejalías.
Carnero convocó una plaza pública y garantizó que iba a revisar los currículums. Desde un primer momento sonó el nombre de Indalecio Escudero, como finalmente así fue. El alcalde llevaba al Ayuntamiento al que fue su jefe de gabinete en la Diputación (2011 y 2019), su director general cuando fue consejero de Agricultura y viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano. El coste anual para las arcas vallisoletanas de este nuevo cargo es de 156.762 euros al contar con una oficina con secretaria -85.534 euros para el director de área-.
La oposición le acusó de crear un “alcalde b” para atender a la ciudad cuando estaba en el Senado e incluso el PSOE llegó a denunciar ante el Juzgado 'traje a medida' hecho al hombre de confianza de Carnero, aunque el Juzgado rechazó el recurso. Entre su nombramiento en octubre de 2023 y marzo de este año, solo ha firmado tres documentos “completamente anodinos y testimoniales” como lamentaron los socialistas.
Movilidad
La movilidad es otro de los grandes caballos de batalla de Carnero. Entre las primeras medidas que tomaron PP y Vox ha estado la derogación del anterior plan para así eliminar carriles bici-bus-taxi. La premisa era acabar con los atascos en el entorno del centro de la ciudad tras una campaña que duró varios años con el hashtag en redes '#PuenteAtasca', acompañado con fotos de coches en atascos. Con la llegada del nuevo equipo de gobierno, también se paralizó el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones para replantearla y reducirla al mínimo legal posible, a lo que se han opuesto colectivos vecinales y de ciclistas. El consistorio se gastó 230.000 euros en suprimir seis carriles bus taxi y ampliar 15 a otros vehículos
Lo cierto es que el empeño del equipo de Gobierno en reducir los atascos les ha salido al revés. La acumulación de obras en el tiempo ha hecho que conducir por determinadas zonas de Valladolid sea una odisea: trabajos de reasfaltado, fresado de calles, toda la ciudad se encuentra inmersa en una campaña de remodelación.
La última, que también tiene ver con el soterramiento, son las obras en el viaducto de Arco de Ladrillo, un vial de cuatro carriles que pasa por encima de las vías del tren y que tiene que ser demolido para ser sustituido por un paso subterráneo. Su mal estado ha hecho que el Ayuntamiento tenga que atajar de urgencia sus deficiencias. La oposición lo considera un intento de entorpecer la integración ya que el viaducto tendrá que ser demolido en 2025. Carnero ya ha mostrado su reticencia porque cree que la ciudad “no está preparada” para ejecutar la obra del paso subterráneo de Arco de Ladrillo. De momento, la circulación se ha ralentizado y las retenciones son frecuentes en ese tramo.
Adif ha enviado este martes el proyecto para la construcción del paso subterráneo de Arco de ladrillo, que incluye la demolición del viaducto. En una carta a Carnero, el presidente de la entidad, Ángel Contreras Marín, ha instado al alcalde Valladolid, Jesús Julio Carnero, a iniciar los trámites para la demolición del viaducto cuanto antes y así ahorrarse los casi 2 millones de euros que costará la obra. El dirigente también le ha dado la alternativa de reducir el coste de la reparación y el tiempo ya que las obras de mejora se solaparán con las de destrucción. Ante esto, el Ayuntamiento ha pedido tiempo para estudiar el proyecto aunque consideran como “fundamental” que sea con el soterramiento, como aseguró el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona.
El fiasco por el momento del puente de Poniente y la eliminación del carril bici de Isabel la Católica
Otros de los proyectos de movilidad del equipo de gobierno pasaban por ampliar el puente de Poniente y eliminar el carril bici en el paseo de Isabel la Católica, en el centro de la ciudad. Ambos puntos son clave en las críticas al anterior equipo de Gobierno debido a que la ubicación de un carril bici limitó el tráfico de vehículos en la zona.
Tras meses gestando el proyecto —de 2011, cuando León de la Riva era alcalde —, la idea era ensanchar y suprimir el carril bus-bici-taxi actual en favor de dos carriles para vehículos a motor, un carril bici y dos aceras para los peatones, todo ello por 5 millones de euros.
Entonces, tras la presentación del primer borrador, el alcalde anunció que había invitado al escultor Jaume Plensa a participar. Semanas después, el artista declinó la invitación y renunció a sus honorarios. El proyecto escultórico, según el pliego, tendría un presupuesto máximo de 1,5 millones de euros (IVA no incluido). Ahora, el Ayuntamiento tiene que volver a pensar el plan para este puente.
Justo a mano derecha del puente de Poniente, se encuentra el carril bici del paseo Isabel la Católica, un proyecto realizado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra que fue tumbado en los tribunales por cuestiones formales y que se tuvo de rehacer. La propuesta es eliminar este carril —que está a la altura del asfalto— y llevárselo varios metros a la altura del parque de las Moreras. Esta obra, que ha contado con la oposición en contra además de colectivos vecinales y ciclista —de la misma forma que con el puente—, también se le ha atascado al PP: ha sacado ya dos veces la licitación. La primera empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores y no formalizó la documentación. La obra, esta vez sí, comenzará en julio con un un presupuesto de 810.783 euros (IVA incluido) tras ser adjudicada recientemente. El Ayuntamiento también ha tenido problemas con la misma empresa en la ejecución de un carril bici para conectar con la vecina Simancas.
Otro proyecto complicado: la estación de buses
Valladolid tiene una estación de buses muy deteriorada en especial en el vestíbulo, dársenas y en los baños. El PSOE en el Ayuntamiento ha denunciado públicamente la falta de inversión por parte de la empresa adjudicataria así como la falta de cobro el canón por parte de la Junta de Castilla y León, que es la titular de la instalación. La Junta ha reconocido que la concesionaria de la estación de autobuses de Valladolid no le pagó entre 2015 y 2018.
Durante meses el equipo de gobierno ha desviado la crítica al Ejecutivo autonómico culpando al Gobierno y a la discusión entre soterramiento e integración. En el plan de integración de 2017 se ya incluía la construcción de una nueva terminal de buses, por lo que ante la negativa del PP a consumar la estación la había dejado en un limbo. Tras las quejas acumuladas y ver cómo otras ciudades de Castilla y León han recibido inversiones para mejorar las suyas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Carnero presentaban en abril el plan para renovar y modernizar la estación para que esta fuera “digna”. En total, se invertirán 4,5 millones de euros para una situación transitoria ya que el objetivo de ambos es que haya en Valladolid una estación intermodal y soterrada. “No renunciamos a la estación intermodal y soterrada”, apuntó Mañueco.
Plan de choque de limpieza
Junto a la campaña de '#PuenteAtasca', las redes sociales de los afines al Partido Popular en Valladolid se encargaban de difundir imágenes con contenedores hasta arriba, suciedad, plantas y hierbas sin cortar. Los entonces concejales Carlos Paramio Conde y José Antonio Martínez Bermejo estaban entre los tuiteros más activos en señalar el deterioro de la ciudad.
Carnero en campaña aludió esta situación y prometió un “plan de choque” para dejar a Valladolid limpia, al llegar a la Alcaldía y tras el pacto con Vox, dejó la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, encargada de la limpieza, en manos de su socio y asumió Medio Ambiente, encargada de los desbroces, con la urgencia de evitar imágenes como las expuestas. La teniente de alcalde, de Vox, llegó a asegurar en campaña que la ciudad se había convertido en una “pocilga” con una “proliferación incontrolada” de “plagas”. “Convivimos a diario con ratas, cucarachas, palomas y urracas”, sostuvo en el debate organizado por la 8 Valladolid. De ese plan de choque no se ha vuelto a saber nada. Ahora es el portavoz socialista, Pedro Herrero, el que difunde imágenes de la basura en algunas zonas de Valladolid.
Reducción de impuestos
Otro punto del programa que puso sobre la mesa el nuevo alcalde era el de bajar impuestos en Valladolid. Con la llegada de PP y Vox el “plan de choque” será para apretar las cuentas consistoriales a pesar de proyectos como el del puente de Poniente. A principios de año, el concejal de Hacienda, Francisco Blanco (PP), anunciaba este plan tras evaluar la situación económico-financiera que, a cierre de 2023, mostraba un déficit de 37,3 millones de euros. En el informe del interventor municipal se recomendaba “de manera urgente” recuperar la tasa de recogida y tratamiento de residuos, suprimida en la etapa de Puente en la Alcaldía, algo que por normativa europea la fija de forma obligatoria. Además, el compromiso de reducir el IBI un 10% se aplaza. Eso sí, Blanco indicó que “ahora mismo” no se van a incrementar los impuestos.
El estadio del Real Valladolid
Esta austeridad presentada por el Ayuntamiento, que justifica por la “herencia recibida” del PSOE y VTLP, choca con los proyectos de ciudad del equipo de Gobierno. El alto coste del soterramiento, obras como las del puente de Poniente o otro de los proyectos estrella del PP en campaña: la remodelación del estadio José Zorrilla, casa del Real Valladolid. Carnero presentó un render de un estadio completamente remodelado, con cierta semejanza al proyecto del Santiago Bernabéu. La idea era cerrar el fondo sur, poner cubiertas, lavado de cara, ciudad deportiva, acceso..., todo por 25,5 millones de euros, según el plan del actual alcalde.
Mientras tanto, el Real Valladolid del presidente Ronaldo Nazario no se ha explayado mucho en este proyecto, puesto que el estadio es de titularidad municipal. Club y Ayuntamiento tenían pendiente firmar un acuerdo el proyecto de la ciudad deportiva, que el anterior equipo de gobierno pactó pero no firmó a la espera de conocer los resultados electorales. Un año después no hay rastro de esa actualización. Lo que sí se va a hacer es un lavado de cara exterior con vinilos, pinturas y paneles, que financiará el club gracias al acuerdo de LaLiga y los fondos CVC para impulsar el crecimiento de los clubes de fútbol. “Al retrasarse la Ciudad Deportiva hemos decidido gastar algo en esto”, ha asegurado a Radio Marca el Director del Área de Corporativa, Jorge Santiago.