“El pacto funciona bien y es beneficioso”, aseguró el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco el día que presentaba los Presupuestos de la Comunidad ante la mirada de su consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, y su socio de gobierno. Era 28 de octubre de 2021, y Francisco Igea (Ciudadanos) no sospechaba que menos de dos meses después el presidente anunciaría la ruptura en un tuit. A un día de que se cumpliese esa efeméride, Mañueco repitió punto por punto la misma puesta en escena: una entrada sonriente en la Sala de los Mapas, donde esperaba la prensa, junto al eterno consejero, Fernández Carriedo, y su socio, esta vez de extrema derecha, el irrefrenable Juan García-Gallardo (Vox). “Este es un gobierno fuerte, unido”, afirmó el presidente. Al igual que hace un año, se presumió de un presupuesto para las familias, expansivo, inversor y casi celestial. Hasta ahí las similitudes, porque la situación de Mañueco nada tiene que ver con la de hace doce meses.
El pacto que armó convierte a Castilla y León en la primera y única Comunidad con un gobierno de extrema derecha. Alguna encuesta había perfilado a un Mañueco gobernando en solitario gracias a una mayoría absoluta que jamás ha tenido y quiso ser una avanzadilla para llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Porque detrás iría el andaluz, Juanma Moreno, y a partir de ahí sólo se podía crecer. El pinchazo del 13F fue terrible: consiguió tan solo 31 escaños, dos más que en 2019, y los peores resultados que ha tenido el Partido Popular en Castilla y León. Con una mayoría absoluta en los 41 escaños no quedó otra que pactar. Esta vez con Vox, que consiguió 13 escaños, uno más que Ciudadanos en la anterior cita electoral.
Lo que subraya ese fracaso es que su homólogo andaluz sí consiguió mayoría absoluta meses después. La conclusión es clara: Mañueco se equivocó y además empezó a restar al PP. Desde que estampó su firma en un pacto lleno de generalidades, Castilla y León, una Comunidad con escaso interés para los medios y que no había pasado de ser un “granero de votos” del PP, ahora es noticia. Pero en negativo. Empezó con Vox presumiendo de eliminar gastos superfluos pero el gobierno autonómico cuenta con 99 altos cargos, seis más que en la anterior legislatura, y ha cubierto todo el cupo de eventuales, los cargos a dedo que ocupan puestos de jefes de prensa en las consejerías, de asesores o incluso de responsables de redes sociales. Además, se ha colocado a familiares, como a un primo segundo del vicepresidente que ahora es su asesor, al hijo de un expresidente de las Cortes de Castilla y León, o al hermano de un director general, que hace de “asistente personal”.
El negacionismo de la violencia de género con calificativos hacia las mujeres como “desalmadas” que usan la ley para obtener la custodia de sus hijos, la demonización de los sindicatos y de los medios de comunicación, el posicionamiento en contra de la agenda 2030 con el argumento de que el cambio climático no existe, las 80.000 hectáreas arrasadas por el fuego por falta de previsión y de medios y la solución de paliar los daños con conciertos benéficos o maillots de ciclistas para alcaldes de localidades afectadas, ponen en el disparadero no a Vox, sino a quien facilitó su entrada en un gobierno.
Los datos: la mayor inflación del país y un crecimiento económico en descenso
Los resultados de este pacto hasta el momento, no parecen buenos, o eso dicen los indicadores, como el crecimiento económico previsto del 4,9% que a finales de año será del 2,8%. También es la comunidad con más inflación de todo el país y la que va a perder más población. Lidera además la pérdida de confianza empresarial, es la cuarta en pobreza y la primera en hectáreas quemadas el pasado verano.
Lejos de rebajar un lenguaje agresivo, García-Gallardo y los suyos continúan con una escalada verbal que dejan a Mañueco en evidencia a la vez que estrangulan al PP imponiendo sus políticas. Cada vez que el vicepresidente altera un Pleno con una tanda de insultos, el presidente desaparece del hemiciclo. Es la única forma de evitar las preguntas de la prensa. Es en la siguiente jornada de Pleno (en Castilla y León abarca dos días) cuando reaparece con un discurso aprendido en el que nunca desautoriza a Gallardo o a los consejeros de Vox. El pasado miércoles volvió a ocurrir. La tarde anterior García-Gallardo había llamado al presidente Pedro Sánchez “líder de banda criminal” y el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, dijo que no faltaban trabajadores sino “ganas de trabajar”. Mañueco comentó al día siguiente que todo el mundo debía rebajar el tono y pidió que no se frivolizase con el desempleo. Veganzones no sólo no se disculpó, sino que horas después en un acto en Ponferrada (León) aseguró que la Junta apuesta por políticas de empleo “frente a pagas y ayudas”. No era la primera vez que se arremetía contra las personas sin trabajo. Ya tras los incendios de verano, García-Gallardo hablaba de contratar parados “para limpiar los montes”.
También en la presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2023 se vieron las costuras: mientras Mañueco hablaba de Violencia de Género, García-Gallardo afirmaba orgulloso que la “lucha contra la violencia intrafamiliar” contará este año con un presupuesto de 500.000 euros. Mañueco aclaró después que aumentaba la partida para la lucha contra la violencia de género, que pasa de 10,8 millones a 11. Lo que omitió es que son fondos que proceden del Pacto de Estado y que la Junta tan sólo aporta 700.000 euros.
Que Vox desprecie las indicaciones de Mañueco no es más que el resultado de su debilidad: saben que no se atrevería a romper otra vez un pacto y a adelantar elecciones porque difícilmente, dados los resultados obtenidos en 2019 y en 2022, podría ser candidato. El asunto también preocupa en Génova, que no ve la manera ni de deshacerse de Mañueco ni de salir bien parados con él y se juega unas elecciones municipales y autonómicas –no en Castilla y León pero sí en casi todas las CCAA– en las que el “piso piloto” de Santiago Abascal puede ser una ruina para el Partido Popular.