Era un compromiso de Vox en la campaña electoral de Castilla y León celebrada en febrero: eliminar la subvención millonaria que recibe anualmente la Televisión de Castilla y León, propiedad del empresario Antonio Miguel Méndez Pozo y de la familia de José Luis Ulibarri, que fue condenado en Gürtel.
Es un compromiso que no ha cumplido, puesto que este viernes PP y Vox acordaron una nueva subvención de más de 20 millones de euros a la televisión, pese a que en 2018 la Audiencia Nacional calificó este tipo de subvenciones como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT.
En campaña, el entonces candidato de Vox y actual vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, concedió una entrevista a TRECE (igual que se la denegó a elDiario.es) en la que se abordó esta cuestión. La presentadora de 'Código Samboal', Ana Samboal, le preguntaba al candidato qué gasto político quería que desapareciera.
“Hay una televisión autonómica que es privada pero subvencionada a la que se destinan 25 millones de euros. Se dice pronto. Cuántos centros sanitarios... Esos 25 millones estarían mejor empleados abriendo centros sanitarios en los pueblos de Castilla y León”, respondió García-Gallardo, que durante la entrevista también criticó la “duplicidad” de competencias entre la Junta y fundaciones cuyos nombres desconocía.
En realidad las subvenciones que recibe anualmente la televisión son de 19 o 20 millones de euros. La de este año, que ha salido más tarde que en ejercicios anteriores, es de 20,23 millones de euros —la cantidad del año pasado más el IPC—. No solo se ha renovado esa subvención (con la abstención del resto de formaciones políticas), sino que además precisamente esta semana se ha anunciado el cierre de decenas de consultorios rurales por la falta de médicos.
La solución que ha ofrecido la Junta de Castilla y León —el PP gestiona Sanidad— es poner un servicio de taxis (transporte a la demanda) para que los pacientes se desplacen al centro de salud más cercano. También en campaña electoral, el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a “blindar por ley” los servicios sanitarios en los pueblos para evitar su cierre.