La Junta de Castilla y León implantará “inmediatamente” una serie de “medidas pro vida” que impone Vox para cumplir su acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Así, a las mujeres embarazadas, incluidas las que quieran abortar, se les ofrecerá escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, una fórmula con la que el Gobierno autonómico pretende disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo.
En concreto, según ha explicado el vicepresidente, Juan García-Gallardo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se dará cumplimiento a los puntos 12 (política de apoyo a las familias como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar) y 13 (apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y conciliación de la vida laboral, social y personal). Antes de anunciar ese plan antiabortista García-Gallardo ha lamentado que a lo largo de 2021 se produjesen más de 2500 abortos voluntarios, un 7% más que en 2020“ y ha considerado ”escalofriante“ que para algunas de esas mujeres no fuese su primer aborto voluntario.
Aunque en la nota de prensa que se ha facilitado en ningún momento se menciona a mujeres que quieran someterse a un aborto voluntario y sólo se menciona a “madres gestantes”, García-Gallardo ha explicado que las medidas tienen como objetivo ofrecerles otras alternativas. De este modo, introducen una “atención psicosocial preferente” que tendrán que ofrecer los médicos en la primera consulta, si bien serán ellas quienes decidan si lo aceptan o no. El objetivo es que el embarazo, que según García-Gallardo es “una situación difícil para la mujer”, pueda afrontarse en las mejores condiciones. “Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar”, afirmó.
Pero además se implantará un “protocolo de latido fetal” dentro de la atención programada en el primer trimestre. El latido fetal puede identificarse a partir de la sexta semana de gestación mediante la técnica de doppler. Durante la pasada legislatura, el único procurador que tenía Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, llegó a proponer que se obligase a las mujeres que querían abortar a someterse a una ecografía y a escuchar el latido del corazón del feto. Para Vox se trata de un “sistema” para “reducir” el número de abortos. El vicepresidente ha explicado este jueves que se trata de que “los padres escuchen el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión”.
“Todos los sinsabores de formar parte de un Gobierno quedarían satisfechos sin con estas medidas lográsemos que no se abortase a un niño”, ha remarcado. También ha aclarado que las medidas (la atención psicosocial, la escucha del latido fetal y la ecografía 4D) se ofrecerán obligatoriamente por el médico, pero su aceptación será voluntaria. “No se les va a obligar a escuchar el latido del bebé si no quieren”, ha reconocido. Ha justificado además que la ecografía sirve para detectar “hipertensión o diabetes en el bebé”, algo que es imposible. En la nota de prensa se precisa que la escucha del latido fetal, no la ecografía, ayuda a hacer el seguimiento en factores de riesgo de la madre, no del feto, como la hipertensión o la diabetes.
Por otro lado ha advertido que los profesionales sanitarios de Castilla y León se podrán seguir acogiendo a la objeción de conciencia si no quieren practicar abortos, y que “no habrá listas negras”. En realidad los objetores sólo están obligados a comunicarlo por escrito, pero las listas no son públicas. Con ello se pretende evitar que algunos médicos se muevan en la dualidad de ser objetores en la sanidad pública mientras practican abortos en la privada. En Castilla y León sólo se realizan interrupciones del embarazo gratuitas en dos hospitales, el de Miranda de Ebro y el HUBU de Burgos y en clínicas concertadas en Valladolid, Salamanca y León. “Bueno, lo de listas negras no es un término jurídico, es informal. Si no hay listas negras, tampoco las habrá mientras gobernemos”, ha dicho el vicepresidente.
Francisco Igea recuerda a Sanidad que el Código Penal castiga que se obstaculice el derecho al aborto
El primero en reaccionar a las medidas “pro vida” que impone Vox ha sido el exvicepresidente y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha registrado un escrito en las Cortes de Castilla y León en el que advierte que ni la ecografía 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados “por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia” de Castilla y León. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”, asegura.
Además, Igea, que es médico de profesión, añade que “en la legislación actual no existen listas publicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatorio, eso si la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto,sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia”. Además advierte de la modificación del Código Penal con el nuevo artículo 172 quater en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre que dice “El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”. Las mismas penas se prevén para quien acose a trabajadores sanitarios en su ejercicio en centros de interrupción del embarazo.
Por ello, Igea pregunta a la Consejería de Sanidad, entre otras cosas, si se ha consultado el cambio de protocolo con los servicios de obstetricia de la Comunidad, o si se va a a eliminar la obligatoriedad de comunicar por escrito la objeción de conciencia, entre otras cuestiones.
Igualdad afirma que pueden “constituir una vulneración” de los derechos de las mujeres
El Ministerio de Igualdad ha cargado contra el anuncio hecho este jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de las medidas que la comunidad pondrá en marcha para “reducir” el número de abortos, entre las que se encuentran obligar a los sanitarios a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres antes de abortar. Fuentes del departamento dirigido por Irene Montero aseguran que supone “un retroceso” en un “derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto” y consideran que se trata de “una reacción machista” a la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley del Aborto.
Las mismas fuentes aseguran que las propuestas “podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, ya que “coartan su capacidad de decidir libremente”, “ponen en riesgo su salud” y “les devuelven a situaciones de inseguridad sanitaria y dificultades de acceso a una atención eficaz”. Además, “pueden, en la práctica, suponer coacciones” a las mujeres en el momento de tomar la decisión de abortar y a los sanitarios “en el ejercicio de sus funciones”, incluso “implicar una desigualdad” entre comunidades autónomas, añaden desde Igualdad.