La Audiencia Nacional juzgará a 35 personas en la pieza económica del caso iDental, que desvela un entramado financiero que logró 54 millones de euros de Bankia para financiar compras empresariales que acabaron quebrando para defraudar el dinero. Entre las sociedades afectadas están dos ubicadas, y hoy cerradas, en la provincia de León y que han dejado en el paro a 40 trabajadores.
A principios de 2016 saltaba la noticia, el fondo de inversión Weston Hill Asset Management compraba el manantial y la embotelladora de la Corporación Pascual en Folgoso de la Ribera y la patatera Centro AGM de Manipulados de Alimentos en Riego de la Vega para hacer inversiones millonarias y multiplicar beneficios y empleos en ambas empresas.
La realidad es que a día de hoy los dueños y directivos del fondo están acusados por la Audiencia Nacional de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y organización criminal. Y las empresas leonesas, en las que supuestamente iban a invertir hasta 24 millones de euros, están cerradas a cal y canto y sus trabajadores en la calle.
Todo este entramado criminal, como textualmente lo llama la Audiencia Nacional, fue montado en el año 2015 por los ejecutivos Luis Sans y los hermanos José María y Juan Garrido López, que configuraron una “una organización criminal con el objetivo de obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsa”. Entre sus colaboradores imputados está el ejecutivo Jaime Bagur y antiguo alto directivo de Bankia.
Su actividad consistió, según el juez José de la Mata, en el “desarrollo de una estructura societaria gracias a la cual consiguieron fraudulentamente una importante financiación de la entidad Bankia para su inversión en distintas explotaciones mercantiles, con el objetivo de su enriquecimiento personal a costa de los fondos desembolsados por la entidad bancaria. Y todo ello, en perjuicio de la viabilidad de las explotaciones económicas adquiridas y de la integridad patrimonial de la financiera”. Para ello ficharon al director de análisis de riesgos de Bankia, el también imputado Jorge Puga, que les facilitó financiación para comprar empresas, entre ellas la patatatera y embotelladora leonesas. Pero un dinero que no usaron para el crecimiento de las sociedades, sino para su enrequecimiento personal.
La operación fue repetida en al menos seis empresas, y ha supuesto un fraude de 54 millones de euros en préstamos hipotecarios obtenidos a favor de la organización investigada, cita el auto que los aboca a juicio. Posteriormente aplicaron la técnica en la sociedad iDental, que derivó en la operación 'Apolonia' en la que fueron detenidos y destapado todo el entramado de fraude empresarial.
El sistema del fraude
Para lograr sus objetivos la organización criminal constituía una sociedad o bien adquiría las participaciones de una sociedad constituida previamente “utilizando para ello a terceras personas interpuestas, con la clara finalidad de que los verdaderos artífices y beneficiarios de estas no aparecieran como administradores de estas mercantiles”.
Una vez montada la empresa “se elaboraba un documento bancario ficticio mediante el cual se certificaba la existencia de un capital millonario de la sociedad recientemente creada/adquirida en una cuenta bancaria del USB Bank de Zúrich (Suiza). Naturalmente, el documento era falso y el capital inexistente”. Seguidamente realizaban una ampliación de capital de la sociedad mercantil siempre mediante un supuesto desembolso de fondos (también inexistente) por parte otra sociedad pantalla.
Entonces era cuando acudían a Bankia para la obtención de créditos hipotecarios por valor superior a la inversión que se pretendía. Ese dinero servía para comprar las empresas y, a la vez, para “disponer del resto de los fondos otorgados y no utilizados en la compra, para desviarlos a su propio patrimonio a través de sociedades interpuestas mediante transferencias bancarias”.
En el caso de las empresas leonesas afectadas la operativa del fraude detallado por el juez es el siguiente. En 2015 crearon la sociedad Agua Vitaminada N+1 para comprar la embotelladora de Folgoso de la Ribera. Para ello ampliaron ficticiamente el capital social de la mercantil en 6 millones euros mediante su supuesto depósito en una cuenta de la sucursal del USB de Zúrich, lo que les permitió solicitar y obtener un crédito hipotecario de 7,5 millone euros de Bankia.
En el caso de la patatera usaron la sociedad Kinlan Business en 2015 para comprar las participaciones de la patatera AGM, a la que luego le cambiaron el nombre por Patatas Naturales Seleccionadas, ampliado el capital por 5 millones de euros, gracias a lo que Bankia les concedio 6,5 milones de euros.
Para conseguir estos fondo la organización criminal lograba que el directivo de Bankia compinchado aceptada valoraciones hinchadas de las empresas. Así la patatera supuestamente valía 4,3 milones y la embotelladora berciana 11,5 cuando según valoraciones independientes en realida eran 2,7 y 1,4 millones respectivamente.
De los 7,5 millones de euros de la empresa de la embotelladora de Folgoso de la Ribera pagaron 2,75 millones a la Corporación Pascual y otros casi 3 millones de euros fueron pagos a una sociedad inexistente que el juez cree que eran a testaferros de los hermanos Garrido López y Luis Sans. En la empresa usada para comprar la patatera de los 6,5 millones recibidos se pagaron 3,5 a la empresa AGM titular de la explotación patatera, del implicado en la trama Enredadera Ángel Luis García 'El Patatero', y otros 2,5 y 1,5 millones a empresas y directivos de la trama imputados por el fraude.
El juez De la Mata detalla además, gracias a un grupo de Whatsapp llamado 'Samurai Capital' que los hermanos Garrido López y Luis Sans idearon llevar a las sociedades Agua Vitaminada y Patatas Naturales a concurso de acreedores, “asegurándose no aparecer como responsables y gestionado desde fuera por una sociedad no vinculada a ellos”. Todo ello a que consideraban en las conversaciones de Whatsapp que esas quiebras, situación hoy de las empresas, iban a conllevar numerosas demandas civiles de las que no querían ser responsables.
El entramado montado incluía facturación cruzada entre las sociedades, ventas de activos por debajo de su valor y cambios accionariales bajo sospecha de fraude. Las 2 empresas leonesas se declararon en concuro de acreedores en el año 2018 y a día de hoy permanecen cerradas y sin actividad. Desde que el supuesto fondo las compró han costado el puesto de trabajo a 40 trabajadores de la dos factorías.