El Partido Popular de Castilla y León ha blindado al alcalde y al consejero que aparecen las conversaciones pinchadas por la UDEF al constructor y empresario de medios de comunicacion, José Luis Ulibarri, en la Operación Enredadera. El objetivo: garantizar su aforamiento.
El alcalde de León, Antonio Silván, íntimo del empresario, y miembro de la Ejecutiva de Pablo Casado, aparece en varios pinchazos telefónicos en los que ambos hablan de adjudicaciones. La Operación Enredadera destapó una trama de favores y extorsiones a políticos a traves de los medios de Uibarri para que le adjudicasen concursos. Destacaba la Fiscalía en sus muchos informes la asombrosa capacidad que tenía el empresario para manejar a la clase política en Castilla y León.
“A ver cómo se arregla”
El 29 de septiembre de 2017 Silván llamó a Ulibarri para decirle que “lo otro” ya estaba “también” adjudicado. “yo no sé si lo sabes pero... [...] Pues ya, pues ya, ya está ya está”, le indicó. Ulibarri le dio las gracias y quedaron en verse la siguiente semana. El 6 de octubre de 2017, Silván volvió a llamar al empresario. Le informó en directo de la apertura de ofertas del concurso de gestión de basuras en la Mancomunidad de Hospital de Órbigo (León), de la que a su vez le iba dando datos una parlamentaria del PP que formaba parte de la mesa de contratación. Silván comentó a Ulibarri que una empresa estaba superando a la suya, y este respondió: “que lo arreglen”. El alcalde de León llegó a justificar lo que parecía un concurso ya ganado, con un “un, un, un corrimiento al final de alguno”. Ulibarri insistió. “a ver cómo se arregla” y se despidió de un Silván que no sabía cómo explicarse diciendo que iba a hacer “una gestioncilla rápida”. El Ayuntamiento de León forma parte de una pieza separada que se abrió dentro de la causa. El trasiego de información y de adjudicaciones entre parte del equipo de Gobierno de Silván y José Luis Ulibarri era continuo.
Presión mediática para hacerle senador
Cuando el caso estalló, en junio de 2018, Silván era, además de alcalde, parlamentario, una condición que le convierte en aforado. Pero la aprobación en 2016 del Estatuto de los Altos Cargos de Castilla y León ha acabado con esta posibilidad: los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes ya no pueden ser diputados autonómicos. El primer movimiento del PPCyL para garantizar el aforamiento de Silván fue intentar colarlo en las listas al Senado, cargo que no es incompatible con el de regidor. La presión no sólo fue interna: uno de los periódicos de Ulibarri llegó a publicar que su inclusión en la lista era un hecho. En la dirección nacional del partido no sentó demasiado bien y poco después, la noticia desaparecía de la edición digital. No sólo eso: días más tarde se confirmo que Silván no iba a pisar el Senado.
Aparentemente, el alcalde de León quedaba desprotegido ante una instrucción judicial que discurre muy lentamente. Aunque el juez que instruye la pieza de León citó a declarar a varios imputados en septiembre, acabó suspendiendo los interrogatorios. Desde entonces, no se han convocado.
Mientras, el PP ha encontrado un resquicio para aforar al alcalde. Tal y como se hizo con Rita Barberá, Silván ha pasado a ser miembro de la Diputación Permanente de las Cortes en calidad de suplente. Su nombramiento, que se produjo a finales de marzo, ya es un hecho en la web del Parlamento de Castilla y León.
De consejero independiente a parlamentario
Quien también va tener condición de aforado es el actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que es juez de profesión y no está afiliado al PP. Suárez-Quiñones tenía pocas o nulas posibilidades de ser parlamentario autonómico, y muchas menos de formar parte de un hipotético nuevo Gobierno de Castilla y León. Pesa mucho su discutida gestión, en la que el Tribunal Superior de Justicia le ha tumbado órdenes para dar caza al lobo por basarse en estudios de escaso rigor, o la orden de caza, que llegó a suspender la actividad cinegética en la Comunidad. Pero, sin duda, pesa mucho una conversación que mantuvo con José Luis Ulibarri, que forma parte del sumario Enredadera y cuyo audio reprodujo eldiario.es en exclusiva.
“Yo soy la Administración”, le dijo al empresario tras ofrecerle, sin concurso, las obras de una carretera que superaban los dos millones de euros. Suárez-Quiñones formaba parte de los políticos maltratados por los medios de Ulibarri. Sin adjudicaciones, todo eran ataques. El propio consejero reconoció a eldiario.es que había sufrido bastante con las publicaciones de una de las cabeceras del constructor. “No me han tratado bien, ya se ha visto, El Mundo (de Castilla y León) me ha dado unas hostias... si hasta me han llamado palmero del ministro de Fomento”, declaró.
Según han confirmado a eldiario.es fuentes del PP, ahora se ha encontrado un acomodo al hasta ahora consejero. Encabezará la lista a las Cortes por León, algo poco común para un independiente, ya que los partidos, por norma general sólo llevan como parlamentarios a políticos afiliados. La maniobra pone de manifiesto el propósito real, mantener el fuero. La decisión no ha agradado a todo el partido, según las mismas fuentes.
Si el juez decidiese citar a Silván o Suárez-Quiñones en calidad de imputados, la causa pasaría a manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el mismo que archivó el caso Gürtel para el expresidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, a quien el juzgado madrileño que empezó a instruir la causa atribuía presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Curiosamente, mientras la causa moría en Castilla y León, avanzaba a nivel nacional y hace un año una sentencia reconocía pagos por adjudicaciones en la Comunidad y condenaba, entre otros, al que fue vicepresidente de la Junta, Jesús Merino, como comisionista.
Las relaciones entre el TSJCyL y el Gobierno regional son fluidas: el coche en que se desplaza el presidente, magistrado también de la sala de lo Penal que se ocupa de los aforamientos, lo pone la Junta. El segundo de los tres magistrados que componen la sala es primo político del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y llegó al Tribunal a propuesta de las Cortes.