Más de 130.000 gallinas han sido sacrificadas en una macrogranja de Valladolid por un brote de gripe aviar. Según informó este jueves el consejero de Economía y portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, el brote afecta a 133.000 gallinas y se ha establecido un perímetro de protección en un radio de 3-10 kilómetros. Carriedo destacó que la posibilidad de traslado de la gripe aviar a humanos es “extraordinariamente rara” y es una cuestión que no les preocupa “en exceso”. Carriedo ensalzó también la “detección precoz” por parte de los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura. Ahora, Greenpeace documenta las actuaciones de la Junta de Castilla y León.
El Colegios de Veterinarios de Valladolid ha asegurado que la expansión del virus que produce la gripe aviar está muy ligado a la migración de las especies silvestres a lo largo de todo el año además de que no hay constancia de que se pueda transmitir a las personas a través de la carne o los huevos de ave bien cocinados. En un comunicado recogido por Europa Press, el Colegio precisaba que no hay evidencias científicas de que el virus se haya adaptado al contagio entre humanos, por lo que no existen “razones objetivas para generar alarma al respecto”.
Greenpeace ha filtrado imágenes de cómo se extraen los cadáveres de las gallinas afectadas por el brote de gripe aviar en una macrogranja avícola en Íscar (Valladolid), que ha puesto en alerta a las autoridades y al sector avícola. Miles de cadáveres se están retirando para su transporte al centro de eliminación. La organización ecologista denuncia que la ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería y que es urgente poner fin a este destructivo modelo, que pone en jaque la salud del planeta y de las personas.
Greenpeace muestra una preocupación “mucho mayor” porque la macrogranja está en una de las zonas de mayor producción avícola de todo el país. “Esta es una razón más que de sobra para que los controles sean exhaustivos e intentar evitar que se extienda a otras instalaciones, que se propague a las personas y que genere una presión añadida a la, ya amenazada, biodiversidad”, reclama la ONG a través de un comunicado. De extenderse el foco, podría convertirse “en un auténtico problema regional o incluso estatal”, advierte Greenpeace.
Según explica el presidente del Colegio de Veterinarios, Rufino Álamo, los servicios Oficiales de Veterinaria de la Junta de Castilla y León ya han tomado las medidas oportunas al proceder al sacrificio y eliminación de restos de todos los animales de la granja, que permanece aislada, “con dos anillos de control alrededor de ella, uno de 3,5 kilómetros y otro de 10, porque se trata de un virus de alta patogenicidad”.
La normativa establece que hay que inmovilizar los animales de alrededor y todos sus productos y si surgen positivos, se eliminan y se desinfecta la zona. Después, se siguen tomando muestras y análisis y si tras un mes no se encuentra un nuevo positivo en esa área de control, se puede considerar que ha desaparecido el riesgo.
La asociación recuerda que el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) señalaba, entre las medidas recomendadas para combatir los virus aviares, la reducción de la densidad de las explotaciones comerciales, especialmente en las zonas donde más se concentran estas actividades, como es este caso.
“No podemos seguir jugando con fuego en España como si nada pasara. En Europa este devastador virus ha llevado a que se exterminen millones de animales y esperamos que España no tenga que seguir ese camino. Aunque algunos políticos han llegado a dudar de la existencia de las macrogranjas, es evidente que existen y que incluso son caldo de cultivo perfecto para virus como el de la gripe aviar y otros”, ha afirmado el responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace, Luís Ferreirim. “El sistema agroalimentario necesita una transformación profunda y en España hay que empezar por frenar en seco la propagación de la ganadería industrial”, concluye.
Greenpeace recuerda que quien salga elegido este próximo domingo en las elecciones autonómicas de Castilla y León debe afrontar este problema con valentía y demanda que Castilla y León decrete una moratoria regional a la ganadería industrial, siguiendo el ejemplo de otras regiones como Castilla La Mancha.
Greenpeace, pese a oponerse a la ganadería industrial, expresa su máxima solidaridad con los ganaderos y ganaderas afectados, muchas veces empujados hacia este sistema industrial por las grandes empresas que buscan la máxima rentabilidad al más bajo coste, y hacia un modelo alimentario donde crece cada vez más el insano consumo de alimentos de origen animal.
“Por último, y no menos importante, desde Greenpeace pedimos a las autoridades competentes que informen adecuadamente a las personas trabajadoras del protocolo a seguir en estos casos y que controlen su riguroso cumplimiento. Hemos visto a personas que no llevaban el traje de protección bien puesto, o tenían trajes rotos, sin gafas de protección, sin guantes o con guantes inadecuados y sin las mascarillas de protección recomendadas para esta situación”, concluye Ferreirim.