La Junta de Castilla y León ha asumido este jueves que las arcas autonómicas no han ingresado el importe correspondiente al canon que debía haberle pagado la concesionaria de la Estación de Autobuses de Valladolid entre los años 2015 y 2018, mientras que sí ha abonado recientemente, tras serle requeridos, los pagos desde 2019, por importe de algo más de 12.000 euros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que estas cantidades son las primeras que abona la concesionaria desde que en 1972 funciona esta instalación, ya que hasta entonces ninguno de los gobiernos estatales que eran competentes ingresó cantidad alguna.
En este sentido, Carriedo ha recordado que no fue hasta finales de 2014 cuando el Estado transfirió su titularidad a la Junta de Castilla y León, sin que en los años siguientes la Administración autonómica reclamara el pago de este canon a la concesionaria.
Fue a raíz de la denuncia del PSOE, sobre el impago de estas cantidades, cuando la Junta requirió el pago a la concesionaria, que respondió con el ingreso de las anualidades correspondientes a 2019, 2020 y 2022, mientras que quedó exenta de pagar 2021 por las pérdidas durante la pandemia, y del resto anterior porque ha prescrito y sólo pueden ser reclamadas las de los 4 años precedentes.
Sobre el futuro de esta infraestructura, Carriedo ha mirado a la responsabilidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ya que está encomendada para promover esta inversión en los terrenos liberados por Renfe de sus antiguos talleres en la capital vallisoletana.
En este sentido, ha confiado en que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad -participada por el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Valladolid y la propia Junta- agilice la tramitación de esta infraestructura, ya que “es la competente” para hacerlo, en palabras de Carriedo.