Las restricciones por Zona de Bajas Emisiones de Valladolid comenzarán el 1 de julio para vehículos sin etiqueta

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes la Ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una norma que aboga por ser “lo más flexible posible” dentro de las leyes europeas que exigen su puesta en marcha y cuyas primeras restricciones para vehículos sin etiqueta entrarán en vigor en 1 de julio de 2025.

Así lo ha avanzado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien ha detallado las cuestiones más relevantes de la puesta en marcha de esta ZBE tras su aprobación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Movilidad para su debate definitivo en el próximo pleno municipal que tendrá lugar el 28 de octubre.

Como novedad, la normativa ha incluido algunas alegaciones planteadas por distintos colectivos, así, entre otras, se permitirá en todo caso el acceso a la almendra central de Valladolid con carácter temporal a los vehículos acreditados sin etiqueta medioambiental para llevar a menores de 16 años a centros educativos, además de aquellos utilizados por familias numerosas.

Gutiérrez ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja ahora en editar una guía para los ciudadanos con el fin de dar a conocer con detalle los pasos a dar para acreditar a los vehículos, en todo caso, esta primera fase que entra en vigor el 1 de julio sólo afectará al 16 por ciento de los vehículos censados en Valladolid --27.747-- y que, por su antigüedad y características, son más contaminantes y, por lo tanto, no pueden optar a una etiqueta medioambiental.

La segunda fase de la puesta en vigor de esta zona de bajas emisiones afectará a los vehículos que tengan etiqueta B, que son actualmente 59.217 --el 35 por ciento--, para los que la normativa entrará en vigor a partir de 1 de enero de 2028.

Como ha explicado el concejal, el Ayuntamiento de ha apostado por aplicar la normativa de la forma “más flexible” posible, lo que ha llevado a que el perímetro de esta ZBE haya quedado reducido a 1,1 kilómetros cuadrados frente a los 3,1 kilómetros cuadrados que preveía el Equipo de Gobierno anterior.

“Somos muy conscientes de que esta norma afecta a todas las familias que se encuentran en la ciudad”, ha defendido, al tiempo que ha insistido en que el objetivo es cumplir la normativa europea en cuanto a la reducción de emisiones en una ciudad que, como ha destacado, no tiene “graves problemas” de contaminación.

Gutiérrez Alberca ha subrayado que en el periodo de tramitación de esta Ordenanza se han admitido numerosas alegaciones de distintos colectivos que ha llevado a ampliar el número de exenciones. Así, con carácter general, podrán acceder a la almendra central de Valladolid todos los vehículos destinados a plazas de movilidad reducida, taxis, transporte públicos, vehículos de emergencias, propietarios o arrendatarios de plazas de garaje o vehículos que accedan a establecimientos hoteleros.

Además de permitirse el acceso a colegios y a los vehículos utilizados por familias numerosas, se garantizará la entrada a los vehículos de transporte colectivo utilizados por personas con discapacidad o aquellos ciudadanos que necesiten utilizar el vehículo para una cita médica, algo que posteriormente deberá acreditarse.

Para tramitar estas exenciones se va a tomar como ejemplo el procedimiento que ya se ha seguido en otras ciudades como Madrid, así, como ejemplo, en el caso de las plazas de garaje no se va a solicitar el contrato de alquiler o la escritura de propiedad, sino que sólo será necesario dar de alta la matrícula y la plaza en la que se estaciona. Algo similar ocurrirá con los vehículos que accedan al centro para llevar a los niños a los distintos colegios que, en principio, se podrá tramitar mediante la comunicación de matrículas a los centros educativos.

No obstante, como ha explicado Gutiérrez Alberca, esta es la idea inicial pero todo ello se pondrá en conocimiento de la ciudadanía en los seis primeros meses del próximo año para que se pueda tramitar con tiempo por parte de los afectados.

En cuanto al régimen sancionador la Ordenanza establece que el acceso a la Zona de Bajas Emisiones de un vehículo no autorizado o que incumpla el baremo de etiquetas medioambientales será considerado como falta grave y, por lo tanto, tendrá una multa económica de 200 euros.

Delimitación

La ZBE comprende todas las calles incluidas en el perímetro: Plaza de Zorrilla - calle María de Molina (entre plaza de Zorrilla y calle Doctrinos) - calle Doctrinos (entre calle María de Molina y paseo de Isabel la Católica) - paseo de Isabel la Católica (entre calle Doctrinos y calle San Quirce) - calle San Quirce - calle Esteban García Chico (entre calle San Quirce y plaza de San Pablo) - plaza de San Pablo (entre calle Esteban García Chico y calle Cardenal Torquemada) - calle Cardenal Torquemada (entre plaza de San Pablo y calle Rondilla de Santa Teresa) - calle Rondilla de Santa Teresa (entre calle Cardenal Torquemada y calle Gondomar) - calle Gondomar - calle Chancillería (entre calle Gondomar y calle Ramón y Cajal) - calle Ramón y Cajal (entre calle Chancillería y calle Colón) - calle Colón - calle Cardenal Mendoza - plaza del Colegio de Santa Cruz (entre calle Cardenal Mendoza y calle Merced) - calle Merced (entre plaza del Colegio de Santa Cruz y calle Pedro Barruecos) - calle Pedro Barruecos - calle Alonso Pesquera (entre calle Pedro Barruecos y plaza de la Cruz Verde) - plaza de la Cruz Verde (entre las calles José María Lacort y Mantería) - calle Labradores (entre plaza de la Cruz Verde y calle Acibelas) - calle Acibelas (entre calle Labradores y calle Cadena) - calle Cadena (entre calle Acibelas y calle Párroco Domicio Cuadrado) - calle Párroco Domicio Cuadrado (entre calle Cadena y calle Vega) - calle Vega - calle Panaderos (entre calle Vega y plaza de España) - plaza de España - calle Miguel Íscar y plaza de Zorrilla.

El PSOE critica que la normativa de la ZBE en Valladolid “ni protege la salud ni beneficia la economía”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado este lunes la Ordenanza porque considera que “ni protege la salud ni beneficia la economía”, además de haberse aprobado con retraso.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Municipal Socialista advierte, además, de que con esta Ordenanza “aumentan las dudas” y la “confusión” sobre la aplicación de la normativa de la Zona de Bajas Emisiones.

Ello lo señalan porque “aunque oficialmente es el 1 de enero de 2025 hasta seis meses después no se impondrán sanciones”, algo que ya había apuntado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, el pasado mes de septiembre, y por el retraso en las prohibiciones a los vehículos con etiquetas B hasta el 1 de enero de 2028. Además, consideran que las exenciones para acceder al centro “generan inseguridad”.

El documento de la Ordenanza, ha continuado el PSOE, ha tenido una “escasa o nula receptividad” a las alegaciones presentadas, en un proceso que interpretan que se ha llevado a cabo con “oscurantismo” y que ha durado “más de un año”.

También han asegurado que la normativa ha incorporado “argumentos contrarios a los que defendía el Partido Popular en la oposición” además de reducir a la “mínima” el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, que cabe recordar que en la última propuesta del anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP llegaba a los 3,1 kilómetros cuadrados y finalmente se quedará en 1,1.

“Al margen de la tardanza y mala gestión en este tema, lo que es evidente es que la nueva Zona de Bajas Emisiones ”ni protegerá la salud de los ciudadanos ni beneficiará la economía de la ciudad“, ha enfatizado Pedro Herrero, que reprocha que ni PP ni Vox se vean ”en la necesidad“ de abordar acciones integrales ante la contaminación.

Este análisis del Grupo Municipal Socialista se fundamenta en el documento del Ayuntamiento en el que se rechazan las alegaciones de Fecosva. Los empresarios de comercio, según el PSOE, “vaticinaban un impacto negativo en los negocios de la zona, pero la contestación de Ayuntamiento no deja lugar a dudas” y defiende, según las mismas fuentes, que “no existen estudios científicos o de mercado que atestigüen una disminución de los ingresos del sector minorista”.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad subraya, siempre según el PSOE, que “no existen evidencias objetivas de que la implantación de una ZBE, bien diseñada, genere impactos económicos negativos”, un razonamiento “contrario del que defendía el PP hasta 2023, cuando este partido estaba en la oposición”.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista ha advertido de que esta Zona de Bajas Emisiones dificultará el acceso a nuevos fondos comunitarios porque las medidas del Ayuntamiento de Valladolid no sintonizan con las directrices de la Unión Europea para reducir el tráfico en el centro de las ciudades y potenciar el transporte público y los medios sostenibles, como la bicicleta; ni se contemplan nuevas peatonalizaciones de calles.

En la etapa de Óscar Puente en la Alcaldía, ha recordado el PSOE, se peatonalizaron, “sin ninguna polémica”, las calles Regalado, Constitución, Menéndez Pelayo, Claudio Moyano, Pasión, María de Molina y la Plaza Mayor íntegra.