Los secretarios regionales de UGT, Faustino Temprano, y de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, ha solicitado hoy que el Consejo del Diálogo Social estime la apertura “urgente” de una negociación sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía, ante la inminente puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, y sobre un posible Plan de choque de empleo que frene el crecimiento del desempleo que provocará la crisis del coronavirus.
Ambos responsables piden que se abra una mesa negociadora ante la inminencia del Ingreso Mínimo Vital, una prestación estatal que puede “solaparse” con la Renta Garantizada de Ciudadanía que funciona en Castilla y León desde hace 10 años, por lo que consideran que es algo que debe estudiarse con “urgencia para ver cómo la Renta Garantizada puede complementar el IMV y ”no perder unos fondos de casi 70 millones de euros“.
En opinión de ambos sindicatos deberían seguir en la órbita de la protección social como apoyo complementario al Ingreso Mínimo.
También han pedido “celeridad” en establecer un plan de choque para crear unos 5.000 empleos a través de las entidades locales para combatir el paro que se avecina con la crisis del coronavirus.
Por otro lado, en este encuentro, al que ha asistido la nueva Consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, se ha acordado abrir mesas de negociación sobre tres acuerdos que caducan este año: el Acuerdo Marco sobre competitividad e innovación industrial, la Estrategia integral de Empleo y el Acuerdo sobre la Dependencia.
La reunión ha servido también para que CCOO y UGT transmitieran al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, su apoyo a las negociaciones políticas que se llevan a cabo para la reconstrucción de Castilla y León.
Para los responsables sindicales es una de las vertientes de ese pacto necesario en el que también se inscribe el Diálogo Social.
UGT y CCOO también ha apremiado a la Junta a extender el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) para que, por fin, atienda también las reclamaciones individuales en todas las provincias de Castilla y León.
Igualmente han exigido que se vuelvan a reactivar los Observatorios Industriales y que el Gobierno regional convoque las ayudas complementarias de los ERTES que se negociaron también en el Diálogo Social al principio de la pandemia.
Además, el Consejo del Diálogo Social ha estado de acuerdo en reeditar tres acuerdos que concluyen este año. Se trata de la política industrial en Castilla y León contenida en el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, de la Estrategia integral de empleo, que se encarga de las políticas de empleo, salud laboral, igualdad y conciliación y Formación Profesional en nuestra Comunidad y del Acuerdo sobre Dependencia.
Los sindicatos tienen especial interés en hablar sobre el diseño de la Atención a la Dependencia por la situación que han vivido las Residencias de la Tercera Edad durante la crisis causada por el Covid-19 y ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia, aunque el acuerdo establece también otros aspectos como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.