Castilla y León esquiva la nueva Ley de Educación, que entra en vigor este martes, y renueva a los directores de colegios e institutos aplicando la Ley Wert. El lunes se publicaba en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria para que los directores de centros públicos puedan renovar el cargo que iniciaron en 2017 y que termina este año. Para ello, utilizan la Ley Wert (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa-LOMCE) un día antes de que entre en vigor la Ley Celaá (Ley Orgánica de modificación de la LOE-LOMLOE), que implica más al Consejo Escolar que el modelo de 2006.
La Consejería de Educación defiende que la renovación de directores de centros públicos es un trámite “ordinario” que se ha realizado según el calendario previsto, en fechas similares a las de otros años. Sin embargo, los sindicatos consideran que, teniendo en cuenta los plazos que maneja la Ley de Educación, que se publicó en el BOE el 30 de diciembre de 2020 y entra en vigor este martes.
“Creemos que es una estrategia de la Junta de Castilla y León para sortear la LOMLOE”, defienden desde Comisiones Obreras. Su Secretaria general de la Federación de Enseñanza, Elena Calderón, cree que se podría haber modificado la orden de 2017 -en la que se basan para renovar a los directores- o haber abierto la convocatoria en diciembre. “Es una estrategia de ir contra el Gobierno, independientemente de la educación y yo no voy a entrar en una guerra política”, postula.
La Junta defiende que han hecho lo mismo que otras autonomías como Asturias, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Comunidad Valencia, o La Rioja y que permite “que los directores que quieran renovar el cargo, puedan hacerlo”. “La Junta dice que no podría haber un proceso de renovación y tendrían que pasar una nueva selección”, explica la presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF, Isabel Madruga.
Sin embargo, la intención de la Consejería de Educación iba más allá. Los sindicatos explican que la Junta quería englobar en la misma orden la renovación de directores y la selección de los nuevos, para los que la Ley Celaá obliga a contar con el Consejo Escolar. En el caso de la renovación de directores, la LOMLOE obliga a que el Consejo Escolar “oiga” esta petición de renovación antes de efectuarse. Y en el de la selección de los nuevos directores, se da más peso a los padres en la comisión de selección, que deberá efectuarse en el centro.
Según explican los cinco sindicatos con los que negocia la administración autonómica, la Consejería tenía “mucha prisa” por aprobar esta orden conjunta la semana pasada, algo que en un principio no comprendieron los representantes sindicales, hasta que se dieron cuenta de que la Junta proponía adelantarse por unos días a la nueva Ley de Educación. La prioridad de la Consejería era aprobar esta resolución en la primera semana escolar del año, con alumnos sin clase en el primer día y problemas con el transporte escolar para llegar a todos los puntos de la comunidad.
El martes, la Junta convocó a los sindicatos a una reunión informal a la que, por sorpresa, se presentó la consejera de Educación, Rocío Lucas, y en la que se mencionó el asunto del cambio de directores. Dos días después, se les convocó de forma extraordinaria para abordar este tema diciendo que “les resultaría más fácil de gestionar por ser solo un proceso”. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores se mostraron “en contra” del borrador de la orden conjunta “por entender que no se ajusta a lo preceptuado” en la nueva Ley de Educación y solicitaron la retirada del borrador y la presentación de otro que sí se ajustara.
El viernes, la Junta les respondió al escrito dividiendo ambas convocatorias y aplazando la selección de los nuevos directores. A pesar de ello, Educación mantuvo la renovación amparándose en la Ley de 2006 y los cinco sindicatos, de nuevo, formularon una alegación para mostrar su “malestar” por las consecuencias “negativas” que se podrían haber “evitado” si este tema se hubiera abordado con más antelación. De forma conjunta, pidieron que se añadiera en el procedimiento “oído el Consejo Escolar”, como en la LOMLOE. Algo a lo que la Junta se negó y que no ha incluido en el Bocyl de este lunes.
“Queríamos que estuviera más ajustado a derecho, y nos llamaron ese mismo viernes a las 13.30 horas, que sus servicios jurídicos decían que no se podía”, concreta la secretaria de Enseñanza de FeSP-UGT CyL, Beatriz García. Las prisas en la Junta eran cada vez mayores y, en ese poco plazo, los servicios jurídicos de los sindicatos no pudieron responder por su cuenta. “No nos dio tiempo ni a mirarlo”, reconoce CSIF.
“Se han negado diciendo que no había tiempo de añadir esas palabras [oído el Consejo Escolar]”, detalla la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl), Christina Fulconis. Desde el sindicato ugetista muestran su sorpresa por la celeridad con la que se ha publicado en este caso la convocatoria. “Hay lista de espera, puede tardar una semana o quince días en publicarse y hacerse efectivo... menos en esta ocasión, que se aprueba el viernes y sale el lunes”, explica. En otros años, esta convocatoria se ha publicado en el Bocyl en fechas similares, aunque se aprobara en Mesa Sectorial diez días antes.
Ya lo había advertido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: no le gusta la nueva Ley de Educación, que califica de “pacto contra el estado”. De hecho, en diciembre prometió que utilizaría “todas las herramientas jurídicas necesarias” para “garantizar” el actual sistema educativo de la Comunidad. En esta ocasión, la Consejería de Educación asegura que después de la primera reunión “se pensó que mejor como siempre”, con dos propuestas por separado. Finalmente, la convocatoria de plazas de dirección se tendrá que regir por la LOMLOE, mientras que la renovación se ajustará a la LOMCE.
“Nos dijeron que si no se hacía de esta manera, se podría perjudicar a algún compañero de los que fueron elegidos en 2017 y los nuevos irán por la LOMLOE”, explica Pilar Gredilla, presidenta de ANPE-Sindicato Independiente en Castilla y León. “Entiendo que si, al cambiar la ley tenían que presentarlo todo, es una putada... pero se podría haber modificado la orden y haberlo hecho antes”, defiende Comisiones Obreras. Stecyl asegura que estará “muy vigilante” para garantizar que Castilla y León cumpla la LOMLOE.