El cambio climático amenaza con caídas de rendimiento del 10% en el trigo y de hasta el 23% en el girasol en Castilla y León en los próximos 25 años si no se actúa “ya” y se ponen “medidas” para reducir las emisiones, según el informe 'Empieza la cuenta atrás. Impactos del cambio climático en la agricultura' elaborado por COAG.
El estudio, divulgativo, aborda la evolución del clima y su impacto en “cuatro sectores fundamentales” como es el cereal, los viñedos, olivares y la dehesa que ha presentado COAG en Valladolid y que ha contado con la presencia del secretario general de la organización, Miguel Padilla, del coordinador autonómico, Lorenzo Rivera, así como del viceconsejero de PAC y Desarrollo Rural, Pedro Medina y del autor del mismo y responsable de Riesgos Agrarios de Coag, Pablo Resco.
La investigación advierte que el cambio climático ya pasa una factura que Resco ha cuantificado en 550 millones de euros cada año, el 6% del valor de la producción. Una pérdida “asumible si no va a más”, ha apostillado Rivera que pide implicación a los máximos niveles para “corregir” esta situación.
Resco ha apuntado que el estudio une “muchas piezas” y todas ellas apuntan a que el cambio climático es una “realidad que ya está aquí” y que si no se actúa “pronto”, los daños serán “mayores”. El informe refleja que en los últimos cien años la temperatura media ha aumentado “un grado” y la acción humana es, “en un 95%”, la responsable de ello.
Así, según los escenarios “más probables” que se manejan en el informe se prevé que las temperaturas podrían aumentar entre un 1,6 y dos grados en los próximos 25 años. Con estas condiciones, Resco ha advertido de que el rendimiento del cultivo de cereales disminuya, a nivel global, “un cinco%” por cada grado de aumento en la temperatura.
Además de predecir la proliferación de olas de calor con medias de temperaturas máximas por encima de los tres grados, más tormentas con pedrisco, un aumento de hasta diez veces de la incidencia de sequía y un mayor grado de aridificación, el cambio climático provocará la disminución de hasta un once% de los recursos híbridos y “mayor incidencia de plagas y enfermedades” que podrían llegar a aumentar en un 60% las pérdidas actuales en caso del trigo y un 15% en maíz en todo el territorio nacional debido a que el calentamiento favorece el crecimiento de la población y la tasa metabólica de los insectos.
Todo ello, incide el autor del informe, provocará una mayor “volatilidad” del mercado, el aumento de precios y “pondrá en peligro la seguridad alimentaria”. “El cambio climático podría incrementar el precio de los cereales para 2050 entre un tres% en el caso del maíz y hasta un 30% en el del arroz”, ha argumentado.
En relación al viñedo, si bien no ha precisado el dato autonómico, sí se ha aventurado a cifrar en un 20% la pérdida de superficie de alta calidad en el país. Además, las dehesas de encina podrían llegar a “desaparecer” en “grandes zonas” de la mitad sur peninsular.
“Aún existen medidas de adaptación que podrían amortiguar parte del impacto, como el regadío o los seguros agrarios, pero tienen una capacidad limitada que podría verse sobrepasada si no hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y en todos los sectores”, ha añadido.
En este sentido, Miguel Padilla ha recordado que el sector es el responsable de un 13% de esta situación y que asumen corregirla de la forma “más lógica”. “Tenemos políticas a nivel europeo como el 'Pacto Verde' y 'De la Granja' a la Mesa que entrarán en vigor en 2023 con requisitos importantes que nos llevarán a una reducción de entre un 10 y un 20% de la producción. Compartimos los requisitos, pero la Unión Europea debe entender que esa pérdida de actividad repercute en el agricultor y debe poner mecanismos de mercado y económicos para soportarlos”, ha explicado.
En este punto, ha denunciado las “contradicciones” que, a su juicio, comente Europa, ya que “de nada servirá” que España haga este esfuerzo si los del resto del mundo son “insignificantes”. “No es posible que cumplamos requisitos y que luego lleguen producciones de otros países que no los tengan que cumplir”, ha resumido.
Un argumento que ha aprovechado el coordinador autonómico de Coag, para recordar que el agricultor “no es el problema” y sí forma parte de la “solución”. De ahí que haya pedido implicación a las administraciones en este nuevo escenario que se dibuja, además de apostar porque se utilicen los residuos agrarios y forestales para generar energía limpia como la biomasa.
Política científica y no ideológico
Por último, el viceconsejero de la PAC y Desarrollo Rural, Pedro Medina ha reconocido que el cambio climático es una de las “preocupaciones” de su cartera en tanto que la agricultura es una actividad “al aire libre” y todos los factores que inciden en él tienen “consecuencias” en los “bolsillos” de los profesionales y del ciudadano.
No obstante, ha incidido en que es mejor el “enfoque preventivo” que el “curativo” y que desde la Consejería también se trabaja de la mano de la “ciencia” para “analizar y evitar consecuencias”.
En este punto ha lamentado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se lleven a cabo políticas “desde la ideológico y no desde la ciencia”. “No puede haber agricultura verde con números rojos”, en referencia a las políticas medioambientalistas de Europa para ver el cambio climático también como una “oportunidad” para adaptarse a otros cultivos, al tiempo que ha abogado por buscar “alternativas” para que el agricultor no sea el “pagano” de la situación.