El presidente de Csif de Castilla y León, Benjamín Castro, ha alertado este miércoles de que en torno al 48 por ciento de los empleados públicos de la Comunidad se jubilarán en los próximos 15 años lo que irá en “detrimento de la calidad de los servicios públicos” por lo que ha urgido que en este 2024 se negocie el rejuvenecimiento de las plantillas y su mejora salarial.
“No vamos a bajar los brazos”, ha advertido Castro en rueda de prensa en Valladolid, en referencia a que no dejarán de proponer medidas para cubrir los puestos de trabajo de zonas ultraperiféricas y periféricas o para mejorar los salarios y condiciones laborales, tanto reclamando al Gobierno central como vía complementos que competen a la Comunidad, que está la “tercera a la cola en pago a los empleados”, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento.
El presidente autonómico de Csif ha dicho que en 2024 van “a trabajar para devolver a los servicios públicos su buen funcionamiento y acabar con su progresivo deterioro”, que pasa por la “equiparación y mejora salarial, reforzamiento y rejuvenecimiento de las plantillas y concreción de acuerdos” en materia de función pública que sean positivos.
Ha recordado que del acuerdo de salida de huelga de Sanidad del 2023, que firmaron junto a CCOO y UGT “está casi todo por hacer”, aunque se han constituido las mesas de negociación, que ya es “un puntito”, con medidas como las de solapes de jornada de los técnicos sanitarios o gratificación para todos los grupos de los sábados “que no son costosas y son fáciles de hacer”.
De acuerdo a los datos facilitados por Csif en la Comunidad, el 32% de las plazas totales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración General de la Junta están vacantes en este momento, es decir, 5.613 puestos.
Ese porcentaje medio de puestos sin cubrir oscila entre el 96% de las plazas de categoría E (77), el 59% en C2 (2.369), o el 11% de las vacantes que intercambian los trabajadores A2-C1 (76).
En Sacyl, la interinidad ronda el 23% y en Educación el 21%, y un 48 por ciento de los empleados públicos de la Junta se jubilarán en los próximos quince años, con 48.000 personas, más de 15.000 en los sanitarios y más de 14.000 entre los docentes.
Esos datos “deben hacer al Ejecutivo autonómico reaccionar con urgencia, planificación y responsabilidad. Es inaplazable”.
Por todo ello, Castro hace hincapié en la trascendencia de las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo mes de marzo en los sectores de Sanidad y de la Administración General de la Junta. Podrán votar unos 80.000 trabajadores, “que no deben mantenerse indiferentes, porque la cita es crucial para renovar la representación de los trabajadores, ante la grave situación de los servicios públicos”.
De entrada, Csif ya ha solicitado a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, iniciar la negociación de un nuevo acuerdo retributivo para los empleados públicos, que tenga en cuenta la equiparación salarial, una petición que también se exige a la Junta de Castilla y León.
Castro ha recordado que el pasado octubre presentaron al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, un “Plan para la reposición y cobertura de puestos de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Castilla y León”, para aplicar en el trienio 2024-2026, del que no han tenido respuesta.
Incluye propuestas y medidas que ayudan a cubrir las vacantes que hay en la RPT (un tercio del total); y para crear empleo suficiente mediante convocatorias de ofertas públicas de empleo (OEP) ágiles en los próximos tres años, que se lleven a cabo dentro del mismo año natural y eviten acumulaciones (de hasta tres años ahora), ha recordado el sindicato.
Aunque no descartan adoptar otro tipo de medidas para avanzar en esas materias, Castro no ha querido arrancar el año anunciando otras medidas para las que “tiempo habrá”, y ha urgido que se negocien en mesa tanto las nuevas como las endémicas.
“Tenemos ideas, que nos dejen aportarlas, que nos escuchen”, ha concluido.