Un total de 134 profesores en activo y 17 profesores jubilados de la Universidad de Salamanca han firmado un manifiesto para pedir que expertos independientes sean quienes integren la comisión que debe revisar las prácticas del nuevo rector, Juan Manuel Corchado, en su trayectoria como investigador.
“Debido a que la investigación interna debería ser iniciada y supervisada por el rector, y ante el claro conflicto de interés que ello supone, pedimos a la Universidad de Salamanca que realice las gestiones oportunas para que la Junta de Castilla y León, como administración responsable del sistema universitario de la comunidad autónoma, abra con carácter de urgencia un procedimiento de verificación con las garantías jurídicas pertinentes de transparencia e imparcialidad”, indica el documento, al que ha tenido acceso EFE.
Y agrega: “como estos hechos pueden afectar al prestigio del sistema universitario y científico español, recomendamos que se contacte con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con el fin de que proponga expertos independientes ajenos a la USAL para la comisión investigadora”.
Estos profesores, que han solicitado que no se difundan sus nombres en medios por protección de datos, destacan que su objetivo “no es otro que el de salvaguardar el prestigio de la Universidad de Salamanca y eliminar cualquier sospecha de malas prácticas o de permisividad con las mismas por parte de la institución”.
Este documento lo han enviado a la secretaría general de la USAL, a la secretaría de la Consejería de Educación de la Junta, a la directora general de Universidades de la Junta, a la secretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a la secretaría general de la CRUE y al presidente del Comité Español de Ética de la Investigación.
El Comité Español de Ética de la Investigación ha solicitado a la Universidad de Salamanca que actúe ante unos hechos que “podrían conculcar las buenas prácticas científicas”, por lo que ha pedido como “imprescindible e insoslayable una verificación exhaustiva e independiente de los mismos por las instancias competentes”.
El objetivo es tratar de aclarar si Juan Manuel Corchado, en su trabajo como investigador, ha podido vulnerar los códigos de buenas prácticas de la ciencia y la investigación.
Este pasado lunes la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha suspendido de forma cautelar la participación de Corchado en cualquier actuación relacionada con los procesos de evaluación de este organismo público.
Esta agencia dispone de una base de datos de expertos nacionales y extranjeros denominada “Banco de expertos colaboradores de la AEI (BECA)” y el investigador Juan Manuel Corchado colaboraba en ella.