La Guardia Civil de Valladolid investiga a 17 personas por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo por realizar obras de construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable en la localidad vallisoletana de Cigales y a tres personas más por un delito de estafa a los anteriores “ya que, con ánimo de lucro, utilizaron engaño para producir error en otro”.
Según han informado fuentes del Instituto armado, la Guardia Civil de Valladolid tuvo conocimiento de “numerosas obras de construcción” en suelo rústico común (no urbanizable) en el término municipal de Cigales y de la “subparcelación irregular” de una parcela para usos incompatibles con el planeamiento urbanístico y normas subsidiarias municipales (NSM) del citado Ayuntamiento.
Estos hechos fueron verificados por la Guardia Civil que observó “numerosas obras” en construcción, vallados de recintos, cimentaciones, construcción de casetas, instalación de depósitos de agua y fosas sépticas y varias viviendas en construcción.
En virtud de la investigación policial seguida por las edificaciones y/o construcciones detectadas en esa parcela, se tuvo constancia de que una inmobiliaria de Valladolid había sido la encargada de su publicidad y venta por lo que se instruyeron diligencias policiales que fueron remitidas a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid (fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo).
Según relatan las mismas fuentes, en el mes de mayo de 2023 se recibió un auto judicial por el que se acordó la adopción de la medida cautelar interesada por el Ministerio fiscal de la paralización de todas las obras de urbanización y edificación realizadas en esta parcela.
La Guardia Civil ha explicado que, según se desprende de un informe técnico, sobre valoración de expropiación de la parcela conforme a la descripción recogida en el catastro, el uso del suelo es clase rústico con uso principal Agrario.
La Guardia Civil consideró que tanto la inmobiliaria como el propietario de la parcela habían incrementado o sobrevalorado el precio del metro cuadrado de las subparcelas constituidas irregularmente de suelo rústico agrario, “lo que llega a suponer, en algunos casos, un incremento de entre un 700% y un 2.000% del valor del metro cuadrado, especulando con el valor del suelo, pudiendo entender los adquirientes que efectivamente compraban un suelo urbano por el precio que estaban pagando por el mismo”.
Con independencia de estos hechos, las personas que han construido en el interior de sus parcelas o delimitado las mismas con vallados sin ningún tipo de autorización administrativa podrían ser consideradas como autoras de un delito sobre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo al realizar obras de construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable.
Este supuesto delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo está tipificado en el Código Penal en su artículo 319.2 y puede conllevar una pena de prisión de uno a tres años.