La Guardia Civil ha liberado en una finca de Balbarda, entidad del municipio abulense de La Torre (219 habitantes), a siete trabajadores que estaban siendo víctimas de explotación laboral, en concreto a una española sin contrato de trabajo y a otras seis de nacionalidad colombiana, en situación similar.
Como consecuencia de estos hechos se investiga a un individuo que supuestamente se aprovechaba de las víctimas, al encontrarse todas ellas en situación de necesidad y vulnerabilidad, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.
A dicho individuo se le considera supuesto autor de tres delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral-forestal.
De las siete víctimas, que tenían un equipamiento “muy deficiente”, una era española y carecía de contrato de trabajo y no estaba dada de alta en la Seguridad Social, mientras que las otras seis eran de nacionalidad colombiana y tampoco tenían contrato de trabajo, afiliación a la Seguridad Social y permiso de residencia y/o trabajo.
Esta actuación es la continuación a la operación “Barronco”, desarrollada el pasado 17 de marzo en dos fincas forestales de Ávila capital, en las que se liberaron a otras cinco víctimas de la trata de seres humanos.
Tras esa actuación, en torno al pasado 10 de mayo la Guardia Civil decidió activar una segunda fase para detectar posibles ilegalidades en el sector forestal y verificar que “pudieran estar alargando la campaña de aprovechamientos de encinas habiendo finalizado, contratando a trabajadores en situación irregular”.
En ese momento, las investigaciones se centraron en una dehesa de Balbarda, a unos 25 kilómetros al oeste de Ávila, donde los agentes tuvieron conocimiento de que habían sido taladas encinas de manera irregular, procediendo a la inspección ocular de la finca.
Durante la misma, la Guardia Civil comprobó que se habían cortado encinas “incumpliendo las condiciones de autorización”, lo que provocó que se formulara la correspondiente denuncia administrativa.
Posteriormente continuaron las labores de vigilancia en la zona, descubriendo los agentes la poda de más encinas, con algunas de las ramas con un diámetro “por encima de lo permitido”.
Al escuchar el ruido que ocasionan motosierras, la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del que procedía el sonido, observando a siete obreros troceando las ramas derribadas con un equipamiento “muy deficiente”, siendo identificados.
Posteriormente, la Guardia Civil investigó al empleador que, para obtener un beneficio económico mayor y mediante el “engaño”, captaba a personas extranjeras “en situación de necesidad para subsistir”, con el objetivo de que trabajaran podando y cortando encinas, cuando había finalizado la campaña de aprovechamientos.
Al no poder acceder a un puesto de trabajo de forma legal, el empleador “se aprovechaba” de esa situación de vulnerabilidad porque “era consciente de que no se iban a negar a trabajar sin contrato y sin ser dadas de alta en la seguridad social”.
Ante esta situación, el empleador fue puesto a disposición judicial el pasado 11 de mayo en calidad de investigado por estos hechos.
La Guardia Civil destaca el hecho de que a los obreros no se les facilitaran los materiales adecuados de seguridad para efectuar los trabajos de corta forestal y tampoco estaban en posesión de “los medios de extinción necesarios en prevención de incendios forestales”.
Y ello, porque utilizaban motosierras, cuyo uso está prohibido en el monte al ser una época de riesgo medio de producirse incendios forestales, teniendo en cuenta, además, que el periodo de autorización de la campaña de aprovechamientos de encinas había finalizado.
Esta operación ha sido realizada por el Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ávila, con la colaboración de la Junta de Castilla y León
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