20 años de actividad delictiva documentados en 26 libretas, tres archivadores con 746 partes de defunción y esquelas, 14 carretes de fotos con 450 imágenes, dos sobres con 72 fotos y negativos, tres memorias usb con 207 fotografías y 44 vídeos… Justo M., el extorsionador que puso al descubierto la estafa de los ataúdes registró prácticamente todo lo que ocurría en la sala de incineración cuando las familias de los difuntos estaban lejos.
Su archivo ha dejado constancia del presunto delito de estafa continuada y otro posible de falta de respeto a la memoria de los muertos (art. 526 CP), para el fiscal del caso, pero también de la falta de escrúpulos y de sensibilidad con la que actuaban los imputados en la Operación Ignis. En el sumario, al que ha tenido acceso eldiariocyl, están todas las imágenes que tomó el extorsionador. Los cadáveres aparecen colocados sobre féretros ya usados, sin forro, sobre tapaderas, y en cajas viejas y nuevas destinadas a reducción de restos o recogida de cuerpos. Justo realizó las fotos colocándoles un cartel son su nombre y guardó sus esquelas o partes de defunción, apuntando también quiénes los sacaron.
Como en una novela, salvando errores ortográficos, el hombre fue relatando sus dos décadas en la funeraria. Su relato estaba entre la gran cantidad de archivos intervenidos por la Policía cuando el dueño de la funeraria, Ignacio Morchón Alonso, denunció a su extrabajador por intentar extoriosionarle.
“Trabajaba en cementerio Parque El Salvador, estaba como auxiliar administrativo y recepcionista, los primeros años no entraba al horno crematorio pues no era de la familia o de los obreros de confianza de Ignacio Morchón Alonso (el dueño)”.
“Yo me imaginaba lo que pasaba dentro del horno pero hasta que no entré no pude dar fe de ello…”. “Allí se cambiaban o robaban las cajas en las que venía el difunto”. Según su versión, aunque se hubiese contratado la incineración para el horno de Valladolid, los cuerpos acababan en el que el grupo tiene en Santovenia de Pisuerga. Lo mismo ocurría con los féretros que llegaban desde otras funerarias de Castilla y León. “En estos robos intervenían la mayoría de los obreros de la empresa aunque la mayoría son sobrinos, primos hermanos, cuñados, de Ignacio Morchón y Rosa Vaquero”, puntualiza, y añade que ninguno recibía nada “por robar para ellos”.
Las cajas que se sustraían se dejaban en la sala de embalsamar, y por la tarde se volvían a llevar a Valladolid en furgoneta para volver a venderlas. La otra fuente de ingresos estaba en los ramos y coronas que pasaban de un difunto a otro.
¿Cómo se pudo engañar a las más de 5.000 familias que calcula la policía? Fingiendo que la incineración había comenzado: “No hay problema, se pone en marcha el ventilador central que lo que hace es ruido y da la impresión de estar el horno funcionando”. “No hay problema”, insiste, “se mete el difunto al horno, cuando la familia se va, se saca al difunto otra vez, se le cambia de caja y se sube a incinerar al cementerio El Salvador (en Santovenia de Pisuerga)”. Según su escrito, “todos los recepcionistas de El Salvador están enterados” y cita entre ellos a los dos hijos del propietario que están en prisión. “Todos somos un poco culpables por no haberlo denunciado, pero no hay trabajo y hay que seguir adelante”, llega a excusarse. Eso sí, da pistas de por qué los empleados que conocían los hechos guardaban fidelidad a los Morchón: “Todos son familia, hermanos del jefe, tres cuñados, dos sobrinos, un montón de hermanos de ella […] el resto vecinos de su pueblo, Torrelobatón”.
Justo pide disculpas “por haber sido tan cobarde y no haberlo denunciado” ni él ni ningún compañero. “Esto lo sabe toda la plantilla, desde las oficinas hasta el último enterrador. El 95% ha intervenido en los robos y cambios de cajas”. Entre los cambios, figuran los de varios menores que fueron sacados de sus féretros y cremados sobre una tapa.
Según Justo, Ignacio Morchón ordenó los cambios y deja numerosas notas para atestiguarlo llamándole “ladrón”. Llega a manifestar cierta culpabilidad cuando se encuentra con cuerpos que han sido depositados en otra caja “de cualquier manera” y que quedan boca abajo. Escribe que no los puede mover él solo. Otras veces se encuentra con cadáveres que llevan en sus féretros toda clase de recuerdos familiares, desde fotos a dibujos realizados por niños. “Lo siento, pero es lo que hay”, escribe.
La Policía descarta de plano que los hechos hayan sido cometidos por una única persona “teniendo en cuenta que la manipulación de un cadáver no es tarea sencilla (extracción de su caja original, moverlo a una nueva caja y finalmente introducir el cuerpo en el horno crematorio), tarea para la que se requiere al menos, la participación de dos personas”. Apoyando esta tesis, dice en el mismo informe que “hacer desaparecer una numerosísima cantidad de féretros (más de 5.000); no se antoja fácil determinar la forma de hacerlo, o bien crear de forma paralela una venta de tan aparatoso objeto para obtener un beneficio económico, del que evidentemente no disfruta en la actualidad”, dice en uno de los informes.
El fiscal, en su interrogatorio a sus dos principales acusados también destacó lo sistemático de la práctica entre los trabajadores, y señaló las anotaciones del extorsionador en las que decía que en alguna ocasión no habían hecho los cambios de ataúd porque no habían cobrado “la grati” o “los atrasos” o simplemente porque el cadáver había llegado a las 14:00 y era la “hora de comer”.