El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de los quince acusados, cuatro de ellos vocales del tribunal calificador y otros once aspirantes, de un delito de revelación de secreto por la supuesta filtración de parte de cuestionario de las oposiciones para cubrir doce plazas de bombero-conductor de la Diputación de Valladolid, celebrada el 2 de octubre de 2016.
En su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la juzgadora desestima las pretensiones del fiscal, que pedía tres años de cárcel e inhabilitación para los cuatro miembros del tribunal y dos años y tres meses para los opositores, y fundamenta la absolución de todos en la falta de pruebas de la referida filtración pues ni siquiera se ha podido acreditar durante toda la vista “cómo, dónde y cuándo se traza el supuesto plan conspirativo entre esos cuatro acusados”.
“La condena de los cuatro acusados como coautores del delito de revelación de secretos debe partir de que se haya probado la conspiración y la forma en que se desarrolla. Se da por hecho que ha existido un acuerdo, pero no existe ni una sola prueba directa del mismo, ni se ha practicado en la fase instructora ninguna actuación para averiguar si existió, o quien participó en él o su alcance”, añade la juez, que a mayores recuerda que el hecho de que cuatro de los seis funcionarios interinos de Rioseco que se presentaron al examen suspendieran “no parece apoyar que existiera una filtración”, algo que soyo apuntan meros “indicios”.
La juzgadora incide igualmente en que a favor de la tesis de la acusación está el indicio constituido por el hecho cierto de que los jefes del parque de Tordesillas y Medina de Rioseco se reunieron con sus interinos dos días antes del examen y les facilitaron un listado de preguntas, que podían ser o no el contenido de la famosa filtración. “Este indicio no aparece corroborado por ningún otro”, sentencia.
El fallo absolutorio contrasta con la tesis del fiscal del caso, quien consideró probado que los tres vocales titulares y el suplente del tribunal calificador filtraron a opositores interinos bajo su mando en distintos parques una parte de las preguntas, no la totalidad “para que no cantara en exceso”.
Cada uno de los cuatro vocales del jurado tenía que aportar medio centenar de presuntas para luego, entre todos, seleccionar un total de cincuenta y cinco complementarias, y es ahí, siempre según sostuvo el fiscal, cuando los acusados se concertaron para filtrar parte de ellas, “no todas para no cantar en exceso”, a los opositores interinos que tenían bajo su cargo en distintos parques dependientes de la Diputación provincial.
A esa primera reunión, el acusador público sumó otras dos más, una de ellas la celebrada el 30 de septiembre de 2016, unos pocos días antes del examen, por parte del jefe del Parque de Tordesillas, Félix del A. P, y dos de los opositores, Francisco José P.R.y Rubén R, a los que el primero citó por teléfono para que acudieran a un bar de Arroyo de la Encomienda, donde les felicitó treinta preguntas de las que luego cayeron nueve en el examen.
Ese mismo día, el entonces jefe del Parque de Rioseco, José Luis S. G.M, habría hecho lo propio con otros de los acusados, Carlos M, Sergio S, David H, Enrique R, José María M. y el ya fallecido Pablo C, a quienes emplazó en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla para trasladarles igualmente una treintena de preguntas.
De la existencia de ambos encuentros, como así advirtió el fiscal, daban buena muestra las distintas pruebas, entre fotografías, actas de manifestación ante notario y conversaciones grabadas, que cuatro de los acusados y que en su día impugnaron la prueba en vía contencioso-administrativa presentaron para exigir la recusación del tribunal calificador.
Pruebas de los acusados que se vuelven contra ellos
“No es una prueba que haya presentado este fiscal sino parte de los hoy acusados. No es entendible que alguien, asesorado de letrado, aportara en su momento esas pruebas en un proceso contencioso-administrativo sin prever las consecuencias de ello en vía penal. Todo el mundo puede intuir que aprovecharse de unas preguntas puede tener carácter delictivo”, recriminó el acusador público en su informe final.
Pero además, el fiscal esgrimió también como prueba incriminatoria las grabaciones que los cuatro demandantes y acusados facilitaron en las que el jefe del Parque de Rioseco, José Luis G.S.M, recrimina a sus homólogos de los de Peñafiel y Tordesillas, Miguel Ángel P.F. y Félix del A.P, respectivamente, al sentirse engañado y creer que estos dos últimos habían facilitado a sus subalternos más preguntas de las pactadas, “y se citan incluso nombres y apellidos”.
“Habían decido no entregar todas las preguntas para que no cantara en exceso e incluso uno de los jefes, Miguel Ángel P, sale diciendo en la grabación que la ayudita ya había sido suficiente y que los opositores tenían también que poner algo de su parte”, precisó la acusación pública, quien atribuyó el intento de recusación del tribunal por parte de los opositores hoy acusados a su sentimiento de haber sido “engañados”.
Fue a raíz de ello cuando el jefe del Parque de Rioseco, José Luis G.S.M, propuso al resto de integrantes del jurado sumarse a un escrito para pedir la anulación de la prueba porque se habían detectado una serie de irregularidades.
Ante toda esa prueba, el fiscal mantuvo invariable su petición de condena para los quince acusados, a razón de tres años de cárcel e inhabilitación para los cuatro miembros del tribunal y dos años y tres meses para el resto, si bien reconoció la “endeblez” de la prueba contra aquellos interinos opositores que no trabajaban por aquellas fechas en los parques de Tordesillas, Peñafiel y Rioseco.
En este último caso incluyó al opositor que obtuvo un 9, Javier T, quien no era funcionario y trabajaba como formador en la empresa Castilla y León Formación Práctica S. L, con sede en Corcos del Valle, a través de la cual mantuvo una relación profesional con dos de los miembros del tribunal.