Integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dos de ellos en representación del PSOE y uno de IU, han definido 'Meseta Ski' como una iniciativa “interesante” que se tramitó, a su juicio, de forma irregular ante la modificación “sustancial” del proyecto primigenio, con casi la duplicación del coste de ejecución, lo que tendría que haber derivado en un nuevo proceso de adjudicación.
Así lo han apuntado el exalcalde socialista de Mucientes, Alfonso Panedas Tuvilla; la también socialista Ana María Vázquez, y el exintegrante del Grupo de Izquierda Unida en la Diputación de Valladolid Salvador Arpa, todos ellos al recordar su participación el 31 de marzo de 2008 en el Consejo de Administración de Sodeva en el que el entonces presidente de la sociedad y todavía hoy alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, presentó para su aprobación el refundido del proyecto de 'Meseta Ski' que implicaba cambios muy importantes, tanto técnicos como presupuestarios, respecto del proyecto inicialmente adjudicado en junio de 2006 a la empresa Corsan-Corviam Construcciones S.A.
En su declaración en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid contra el citado Alfonso Centeno y los también encausados Pedro Pariente, en calidad de exvicepresidente de Sodeva; el arquitecto de dicha sociedad, Valentín González, y Luis Torroglosa, exjefe de Urbanismo de la Diputación, los dos exconsejeros socialistas y su homólogo de IU han sido categóricos al justificar por qué los dos primeros votaron en contra y el tercero se abstuvo en aquella reunión al entender que el refundido del proyecto de 'Meseta Ski' no podía ser aprobado sin una tramitación totalmente distinta de la habida con respecto al inicial.
Al respecto, todos ellos han reconocido que la iniciativa de construir un complejo de ocio y aventura en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, compuesto, entre otras instalaciones, por pistas de esquí en seco, era atractiva para el desarrollo económico de la zona pero su tramitación desde el punto de vista administrativo dejó muy mucho que desear porque, en palabras del exalcalde de Mucientes, Alfonso Panedas, se presentó en 2008 un proyecto refundido, “sustancialmente” distinto del de 2006, que incrementaba en un 80% el presupuesto al pasar éste de 4.060.000 euros a otro de casi 8 millones de euros.
“En su primera fase el proyecto y su presupuesto fueron aprobados por la mayoría del consejo pero con el texto refundido votamos en contra porque entendíamos que la modificación era de tal calado que se exigía un nuevo proceso para su tramitación y sacarlo a concurso público”, ha insistido el exregidor de Mucientes, quien ha situado al entonces vicepresidente de la Diputación y presidente de Sodeva, Alfonso Centeno, como principal artífice del cambio de planes.
De hecho, Panedas ha recordado que Centeno participó en varios viajes a Inglaterra y Portugal para visitar instalaciones similares y que fue a raíz de entonces cuando, tres o cuatro meses de la adjudicación del proyecto inicial, decidió esa sustancial modificación del mismo “para tener mejor resultado y mayor aceptación entre los futuros usuarios.
Por ello, el citado consejero, así como la también socialista Ana María Vázquez emitieron un voto en contra que no sirvió de nada por cuanto el Consejo de Administración de Sodeva, gracias al voto favorable de otra decena de integrantes, validó el proyecto refundido que, además, ampliaba de dos a ocho años la explotación del complejo en favor de la empresa adjudicataria.
“Sin futuro por los reveses judiciales”
En la misma línea se han posicionado tanto Ana María Vázquez como el entonces representante de IU en Sodeva, Salvador Arpa, quien ha explicado que cuando llegó en 2007 a dicha sociedad el proyecto ya estaba en curso y que fue en el Consejo de Administración del 31 de marzo de 2008 cuando decidió abstenerse al modificado de proyecto por falta de información.
“A partir de entonces fue muy crítico porque veíamos que el proyecto no tenía futuro por los reveses judiciales”, ha reconocido Arpa respecto de la imposibilidad de construir en la zona delimitada debido a la prohibición que sobre la misma pesaba por haber sido escenario de un incendio forestal anteriormente.
A este respecto, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid pero que en la época investigada ocupaba la Alcaldía de Tordesillas, Emilio Álvarez Villazán, ha compartido con los anteriores el interés que inicialmente despertó 'Meseta Ski' como posible herramienta para reactivar económicamente la zona y, de hecho, la reconocido que el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación decidieron ponerse manos a la obra y agilizar su ejecución.
Para ello, el Ayuntamiento de Tordesillas concedió inicialmente a la empresa adjudicataria una licencia “en precario” para que removieran tierras en la zona en la idea de que si finalmente no se llevaba a cabo la iniciativa sería muy fácil restituir la zona a su estado originario.
Un incendio desconocido por el Ayuntamiento
Sin embargo, Álvarez Villazán ha recordado que la empresa no se limitó a remover la tierra sino que llegó a hormigonar zanjas, lo que llevó al Ayuntamiento a paralizar inicialmente los trabajos. Sin embargo, la ejecución del proyecto se vería más tarde, en 2008, con la oposición del Juzgado de lo Contencioso Administrativo a raíz de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción tras advertir de que una de las parcelas había sido objeto de un incendio y ello impedía construir sobre ella.
Lo llamativo del caso es que el propio regidor entonces de Tordesillas ha confesado que ni el asesor urbanístico ni el secretario ni él mismo estaban al corriente de ese incendio que abortaba por completo 'Meseta Ski'.
El juicio, entre otras testificales, ha contado en esta segunda jornada con el interrogatorio realizado a la que entonces y hoy sigue siendo directora administrativa de Sodeva, Rosario Herrero, quien a lo largo de más de una hora de declaración se ha limitado a precisar que su cometido se ceñía en exclusiva a ejecutar el pago a la empresa adjudicataria por las certificaciones que firmaba el director de obra y que luego visaba el vicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente.
“A mi me pasaban certificaciones que yo presuponía que estaban bien y yo me limitaba a contabilizarlo. Mi cometido no era comprobar si aquello era o no correcto”, ha alegado la testigo hasta la saciedad a preguntas de la fiscal del caso y del letrado de la acusación popular que ejercen conjuntamente Valladolid Toma La Palabra y Ecologistas en Acción.
Se esperan más testificales este miércoles en el marco de un juicio que trata de analizar supuestos hechos delictivos en relación al proyecto de las pistas de esquí en seco en Villavieja del Cerro (Tordesillas) que empezaron a construirse en 2006 y fueron desmanteladas por orden judicial en 2018.
Fiscalía de Valladolid solicita siete años de inhabilitación para cada uno de los cuatro encausados por un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas, mientras que Toma la Palabra y la Federación Ecologistas en Acción no aplican la atenuante de dilaciones indebidas, elevan la inhabilitación a once años y solicitan el pago, conjunto y solidario, de una indemnización de 11.615.097 euros en favor de SODEVA y/o la Diputación Provincial.