La defensa del que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid en la legislatura 2003-2007, José Antonio García de Coca, en el trámite de exposición de los informes finales con motivo del juicio por el denominado 'Caso PGOU', ha definido al exedil como un “chivo expiatorio” de un “proceso eminentemente político” seguido contra él y sus dos compañeros de banquillo.
En la decimosegunda jornada del juicio en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, el abogado de García de Coca ha puesto de manifiesto la persecución política que supone el presente proceso judicial, visto para sentencia dieciséis años después de que se produjeran los hechos, y, al igual que luego harían las defensas de los también encausados Luis Álvarez Aller, arquitecto municipal, y el exjefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, ha pedido a la Sala un fallo absolutorio con todos los pronunciamientos.
En su alegato, la defensa del exedil ha incidido en que todas las imputaciones de la fiscal del caso y de la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', se basan en meras conjeturas, sospechas e hipótesis que no han servido para desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia y sin que en momento alguno hayan podido insinuar interés del acusado en las modificaciones detectadas en el PGOU ni vinculación con los promotores supuestamente beneficiados.
“Iconos de la seducción”
“Es un chivo expiatorio de unos hechos en los que, de haberse producido como dicen las acusaciones, mi cliente ni participó ni obtuvo beneficio”, ha indicado el defensor, quien ha reiterado que se trata de un “proceso político” en el que la acusación popular pretendió incluir inicialmente al entonces alcalde, el 'popular' Javier León de la Riva.
“Ha llegado a presentar al exalcalde y a García de Coca como iconos de la seducción, capaces de engatusar a funcionarios tanto del Ayuntamiento como de la Junta”, ha criticado el defensor del exedil de Urbanismo, quien ha lamentado lo “grotesco” de tal postura y ha recordado los padecimientos que su cliente ha sufrido en estos últimos años no sólo en su imagen sino en su salud.
El representante legal de García de Coca mantiene también que Fiscalía de Valladolid persiste en la imputación con el único argumento de que “han de ser ellos”, dado que integraban la cúpula de Urbanismo en el Ayuntamiento, cuando en caso de responsabilidad por unas “evidentes irregularidades” detectadas en el planeamiento urbano deberían figurar la veintena de técnicos que formaban la comisión que se encargó de su redacción, la empresa Inzamac contratada como asistente técnico externo y la propia Consejería de Fomento de la Junta.
Incluso ha dejado caer las nulas medidas de seguridad existentes en el proceso de redacción del PGOU, en referencia a que la documentación elaborada por Inzamac se imprimía en una copistería de la acera de Recoletos y que, además, cualquier funcionario tenía acceso a la intranet municipal y pudo alterar a su antojo planos y artículos.
“No se le puede culpar al concejal de Urbanismo, cuya responsabilidad es meramente política y que, además, ni tenía poder porque acababa de llegar en 2003 al Ayuntamiento ni tuvo conciencia de irregularidad alguna”, ha invocado el defensor, que niega por tanto la “mano negra” atribuida a su cliente a la hora de propiciar modificaciones urbanísticas en beneficio de distintos promotores.
En descargo de García de Coca, también ha recordado que ninguno de los cerca del medio centenar de testigos que ha desfilado por el juicio ha reconocido haber recibido presiones o indicaciones de éste para que alterara el planeamiento, como tampoco es cierto que desde su llegada al cargo tratara de ir apartando, de forma subrepticia, al equipo redactor del PGOU para así facilitar la comisión de las alteraciones ahora investigadas.
Con carácter previo a la exposición de sus principales razones para pedir un fallo absolutorio, el defensor, igual que luego los letrados del resto de acusados, ha vuelto a incidir en las distintas vulneraciones de derechos fundamentales y derecho de defensa de su cliente a lo largo de la fase de instrucción, así como en el trato desigual recibido por las defensas con respecto a las acusaciones y en las dilaciones indebidas--entiende que se trata de una atenuante muy cualificada--de un proceso instruido a lo largo de once años.
Tras los alegatos de las defensas, será ahora la Audiencia de Valladolid la encargada de dictar sentencia. Fiscalía responsabiliza a los tres encausados de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y de otro sobre el patrimonio histórico, con peticiones para todos ellos de tres años de prisión, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años.
Se trata de peticiones mínimas, después de la rebaja realizada por la fiscal--inicialmente pedía cuatro años--al estimar que en los hechos concurre la atenuante de dilaciones indebidas.
Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', solicita la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.
Para Mezquita y Aller, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesa cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.