El juez de Instrucción número 2 de Salamanca ha imputado al PP de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias y a su gerente, Isabel Sánchez González, por el presunto caso de financiación ilegal del partido en 2017, durante las primarias que finalmente ganó el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tanto Iglesias como Sánchez tendrán que declarar de nuevo, esta vez en calidad de investigados, el próximo 30 de diciembre. El juez hace suya la petición del fiscal, a quien no le cuadran ni las cantidades supuestamente donadas de manera “altruista” , ni los recibos aportados para justificarlas, ni las explicaciones que hasta el momento han dado los testigos.
El Ministerio Público establece que de la documentación requerida y aportada por el Partido Popular de Salamanca, se infiere que, “con independencia de su origen ”más o menos espontáneo“, se configuró una organización en los grupos de asesores del Partido Popular del Ayuntamiento de Salamanca y, especialmente, de la Diputación Provincial, siendo el principal organizador de los mismos el presidente provincial del Partido Popular, Javier Iglesias García. Así, considera acreditado que múltiples cargos políticos o representativos del Partido Popular entregaron dinero de manera ”altruista“ en los grupos que el PP tiene en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Salamanca, con la finalidad, según sus declaraciones, de que el citado dinero fuera para pagar las cuotas de afiliados que no estaban al día de las mismas, al ser este un requisito para la participación en las elecciones primarias del citado partido que habrían de celebrarse el 17 de marzo de 2017.
“Una maquinaria ingente” para hacer ganar a Mañueco
Tal y como afirmó Iglesias en su declaración como testigo el pasado mes de mayo, se había puesto en marcha “una maquinaria ingente” para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría “una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco”. Eso sí, poniendo los altos cargos el dinero por delante, ya que la deuda de cuotas impagadas superaba los 60.000 euros.
Según el ministerio público, con las testificales recabadas en el último año y medio ha quedado acreditado que nadie vio que se tomará nota de quién entregaba el dinero, ni de cuánto entregaba cada uno de ellos, no guardándose ningún documento acreditativo de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad. Señala así que la responsable del Grupo Provincial Popular, Juana González Mulas, declaró ante el juez “que se apuntaba todo en papelitos” y que lo que se utilizó esos días después se destruyó.
Tras la recepción del dinero en metálico y según las declaraciones de González Mulas y la entonces administrativa del PP de Salamanca, Emma Figueiredo, éste era fraccionado en las cantidades, generalmente de 90 euros, que faltaban de pagar por parte de los afiliados, a los que se llamaba por teléfono preguntando si estaban al día de sus cuotas, si se iban a poner al día y ofreciéndose, en caso contrario, a pagar las cuotas. Ese dinero ya fraccionado era llevado a la sede del Partido Popular de Salamanca y entregado a Figueiredo con otro papelito donde constaba el nombre del afiliado y la cantidad que había de ser entregada en el banco.
Los donantes no sabían a quiénes pagaban las cuotas
Así, el dinero donado entraba en las cuentas del Partido Popular, sin que cada uno de los donantes supiera, en ningún momento, a qué afiliados se le había pagado su cuota con su dinero. Tras el ingreso en metálico en la cuenta corriente de las cuotas del Partido Popular, según la manifestación de Figueiredo, esta despachaba con la gerente del PP de Salamanca, María Isabel Sánchez González, quien, sin embargo, manifestó en su declaración estar totalmente al margen de toda esta operación, asegurando que no se le ha dado cuenta del dinero que entregaron, que no se lo comunicaron oficialmente, que no tuvo conocimiento de que se entregara dinero en la Diputación, que no sabía quién lo recaudó, ni quién recogió el dinero, llegando incluso a firmar que no le constaba que Emma Figueredo fuera a ingresar el dinero en el banco porque esta no le comentó nada ni le informó de nada.
Además de estas declaraciones, el PP de Salamanca aportó recibos que supuestamente contienen, de manera anonimizada, en varias columnas, el modo en que ese dinero llego a la cuenta del Partido Popular y que, hasta el momento, se desconoce quién lo ha elaborado ya que cuando se le mostraron a la gerente, dijo no conocerlos a pesar de ser la encargada de las finanzas del partido. En los documentos aportados por el PP hay justificantes de retiradas de cajero y declaraciones juradas.
De todos los documentos el fiscal extrae varias conclusiones. Por un lado, en el listado anonimizado de afiliados del Partido Popular de Salamanca cuyas cuotas fueron abonadas entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 se dividen las cantidades ingresadas por los afiliados en ese periodo en cuatro grupos: cuotas abonada por transferencia en la cuenta corriente entre el 1 y el 16 de marzo de 2017, con un total de 4012,15 euros; cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en cuenta corriente bancaria, con un total de 7004 euros; cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en cuenta corriente, con un total de 9431,5 euros y cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron al pago de las mismas, con un total de 41.490 euros. La suma de las cuatro categorías supone un total de 61.937,65 euros, que sí coincide con la deuda amortizada que reconoce la gerente.
El PP presentó al juzgado documentos bancarios “de manera desordenada y con absoluta dejadez”
Pero de esas cuatro categorías, el fiscal apunta a la última, la que corresponde a las cuotas abonadas por los cargos electos, personal de confianza del PP y afiliados. El juzgado requirió al Partido Popular que aportase los justificantes de quienes habían entregado dinero para el pago de las cuotas y la cantidad abonada por cada uno de ellos. El PP aportó entonces un documento que el fiscal califica como “un conglomerado desordenado” con varios tipos de justificación: declaraciones juradas de personas que donaron cantidades para el pago de cuotas de afiliados, 39 en total por un importe global de 17.350 euros. Además se presenta “de manera desordenada, sin ningún criterio y con una absoluta dejadez”, una serie de documentos bancarios en el que figuran reintegros de cajero de muy diversas fechas, con los que se pretende justificar las aportaciones de otras personas para el pago de cuotas.
Del estudio detallado de esa documentación, el fiscal establece dos grupos, tomando como referencia lo que declararon los testigos respecto al momento en el que se decide pedir donaciones y el calendario precongresual del XIII congreso autonómico de Castilla y León en el que se establece como 10 de marzo de 2017 a las 20 horas el fin del plazo de presentación de precandidaturas. Así, teniendo en cuenta que el entonces presidente del PP de Castilla y Leon y del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera no anunció hasta el 9 de marzo que no iba a ser candidato a la Presidencia de la Junta, y que, en la declaración del presidente provincial, Javier Iglesias, así como la de otros testigos, dijeron que les pilló por sorpresa y que hasta después de esta declaración Alfonso Fernández Mañueco no presentó su candidatura, no debería ser hasta el 10 de marzo la fecha en que comenzarán a retirarse de las cuentas corrientes particulares cantidades para el ingreso en la cuenta de cuotas de afiliados del Partido Popular.
Donaciones hechas antes de que se anunciase el proceso de primarias y que contradicen la versión del PP
Sin embargo, en la documentación aportada existen varias justificaciones fuera de ese periodo, por lo que pueden dividirse las cantidades en dos grupos. Por un lado hay cantidades que se extraen entre el 10 y el 17 de marzo de 2017, en concreto hay 17 justificaciones por un montante de 9800 euros. Pero también hay cantidades extraídas fuera de ese periodo, a excepción de una que es de 2018, todas las demás son anteriores al día 10 de marzo. Se trata de 12 justificaciones por un valor de 7.250 euros.
Según la documentación, las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente de cuotas por cargos electos son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Sumando las cantidades que constan en las declaraciones juradas, éstas hacen un total de 17.350 euros, por lo que quedan sin justificar 24.140 euros. Pero es que si además de las declaraciones juradas se aceptarán como válidos los justificantes, las cantidades extraídas de las cuentas personales de cargos públicos entre el 10 y el 17 de marzo, que suman 9800 euros y aún quedarían sin justificar 14.340. Incluso aceptando las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo, que asciende a 7.250 euros, aún quedarían sin justificar 7.090 euros.
De este modo, en el mejor de los casos para el PP de Salamanca, se han ingresado en la cuenta en la que se recogen las cuotas de los afiliados 7090 euros, como mínimo, procedentes de donaciones que no se sabe de dónde proceden y por lo tanto son anónimas.
El pago de una deuda a terceros, un argumento “más que discutible”
Al fiscal le parece “más que discutible” que pueda entenderse que la aportación de cantidades por cargos públicos es el pago de la deuda de un tercero, ya que todos ellos declararon ante el juez que desconocían a qué afiliados estaban pagando la deuda. Tampoco puede considerarse que las donaciones no se hiciesen al partido, “es más, vista la dinámica en que se realizó el ingreso en la cuenta corriente, lo cierto es que el dinero se entregaba en los grupos de asesoría de la Diputación y del Ayuntamiento de Salamanca y desde ahí, fragmentado iba a la cuenta de cuotas del Partido Popular”, señala. A esto añade que tampoco se da una explicación “medianamente razonable” a por qué se aportan justificantes de ingreso en Caja Rural anteriores al 13 de noviembre, lunes, como cantidades donadas por los cargos públicos del partido como seis que se hacen el 9 de marzo, por valor de 540 euros y seis del día 10 de marzo -fecha en la que supuestamente se celebra la reunión donde acuerdan la aportación de cantidades- por valor de 534 euros. El fiscal afirma que es “imposible materialmente” que se aportaran, que se llamara a afiliados y se llevaran al banco en esa fecha, cuando se acababa de tomar esa decisión.
Con toda la información recabada, el fiscal considera que podría estar ante un supuesto de donaciones anónimas a partido político y que cabe la aplicación de lo dispuesto en el 304 bis 5 del Código Penal (financiación ilegal de partidos políticos) en relación al Partido Popular de Salamanca. Además, es aplicable el artículo 31 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, indicando que sus administradores tendrán que responder personalmente por el delito. Por todo ello, el juzgado ordena en su auto que se tome declaración en calidad de investigados por los delitos expuestos al presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias Sánchez y a la gerente, Isabel Sánchez González, al tiempo que se declare expresamente la calidad de investigado del PP de Salamanca.