El PP de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, tendrán que declarar en calidad de investigados por la presunta financiación ilegal del partido el próximo 17 de enero, tal y como estaba previsto. Así lo acuerda el juez instructor en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Tanto el abogado del partido como el de Iglesias habían solicitado la suspensión de las declaraciones porque han recurrido en apelación y tiene que resolver la Audiencia Provincial de Salamanca. En la providencia se determina que “no ha lugar a la suspensión de las declaraciones” dado que, por un lado, “el auto de imputación y señalamiento del 24 de noviembre de 2021 es anterior a la fecha de la convocatoria de las elecciones”, un argumento usaban los investigados para eludir su declaración, y por otro, que los recursos interpuestos “no tienen efecto suspensivo”.
Así, tanto el PP de Salamanca, que deberá designar representante, y su presidente, Javier Iglesias, deberán acudir a declarar el próximo lunes a las 17.00 horas al juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca. Los citados deberán explicar cómo durante los días previos a las primarias a las que concurría el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se puso en marcha “una maquinaria ingente” para actualizar cuotas de afiliados morosos que superaban los 60.000 euros y por qué las cuentas que ha aportado el PP no cuadran y quedan más de 24.000 euros cuya procedencia no se ha justificado documentalmente.
En su recurso, el PP de Salamanca se basa fundamentalmente en autos anteriores en los que o bien se archivó provisionalmente la investigación –de la misma forma que luego se ordenó reabrir–, o en los que se descartó la declaración como imputados de personas que finalmente fueron citadas como testigos y en unas cuentas que asegura, al contrario que el juez, que cuadran. Es más, inciden en que el caso parte de una denuncia anónima por lo que no es más que “un pago a terceros” e insinúan que se está haciendo una investigación prospectiva. Además, añadían que la postura del juzgado había dado “un giro de 360 grados”.
La defensa de Javier Iglesias sugiere que podría estar ante “una verdadera ordalía” si el juzgado no explica de qué se le acusa, además de manifestar su sorpresa por citarle como investigado “tres años después de iniciarse una causa, y de haber sido citado y haber declarado como testigo, denegándose en dos ocasiones por el juez instructor y por la Sala su imputación, y en otra aludiendo a una figura, digamos sui generis de testigo que comparezca con abogado, luego rectificada por la propia Sala, de solo como testigo con las consecuencias sumamente graves que de ello se derivan”. Así, para Iglesias y su letrado no hay “ningún hecho nuevo” que justifique su declaración en calidad de investigado.