El juez de las Trama Eólica encausa a 17 personas, entre ellas al exsecretario de Economía de la Junta y abre pieza separada al exalto cargo Alberto Esgueva y su socio

Tres años después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase una querella por la Trama Eólica en Castilla y León, el juez de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y ha encausado a 17 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. La causa arrancó al descubrirse mordidas de unos 80 millones entre cargos de la Junta que autorizaron parques eólicos a empresarios 'afines'.

Entre los encausados figuran desde un alto cargo de la Junta de Castilla y León en el momento de los hechos, como Rafael Delgado, viceconsejero de Economía de 2003 a 2007 y secretario general de 2007 a 2011; a empresarios como los hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo, acusados también junto a Delgado en el caso Perla Negra, cuyo juicio está aún por señalar. Pero están también los hermanos dueños de la constructora Collosa, o el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas.

Favorecer a las empresas de la Comunidad, una decisión de la Junta

Los primeros párrafos del auto son determinantes, porque establecen que Rafael Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido y contra el que se extingue el procedimiento, y Bravo Sayas establecieron un plan porque “en la Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un  sector que facilitaba la diversificación de actividades para  las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un  importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que el  gobierno autonómico decidió favorecer una importante entrada  de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques  eólicos”.

Siempre según el auto, los tres decidieron exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos “a ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%”. Después seleccionaron y favorecieron “a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación”, con quienes para ello actuó concertadamente, como Alberto y Francisco Esgueva , el ex alto cargo del Gobierno autonómico Andrés Martín de Paz , el empresario Germán José Martín Giraldo o los constructores Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Para lograr ese fin, Rafael Delgado indicó director General de Energía y Minas, Manuel Ordóñez , que elaborara una instrucción para que las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales a quienes correspondía legalmente, sino que tuviese él la potestad de otorgarlas.

Los parques eólicos no se autorizaban hasta que no se garantizaba la participación de los empresarios locales elegidos y para poder justificar la paralización del procedimiento administrativo, Delgado creó una nueva fase, la de “competencia por evacuación” que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local. El juez detalla una serie de sociedades y empresarios a los que se benefició con las autorizaciones, como Alberto Esgueva, que además de empresario fue antes alto cargo de la Junta, dirigiendo su oficina de internacionalización. Esgueva llegó a obtener 47 millones de euros vendiendo su participación a Iberdrola, con la que se asoció para obtener un parque para el que invirtió 24.000 euros.

Los hermanos Llorente y Andrés Martín de Paz también se beneficiaron de asociaciones en mercantiles con Iberdrola que la eléctrica permitía “graciosamente” según el juez, y actuaron “sabedores de la decisión de Rafael Delgado de favorecerles económicamente y colaboraron con la firma de los documentos necesarios para que ello fuera posible”. En ello participaron también tres directivos de Iberdrola imputados en la causa.

“Donativos” de más de 60.000 euros al club de colegio de los hijos de Delgado

El juez se refiere además al entramado de sociedades y cuentas bancarias en Mónaco o Suiza desde las que Delgado, ayudado por un amigo abogado también imputado en la causa y al que se considera su testaferro, movió cantidades de dinero que de ningún modo podían proceder de su sueldo como cargo de la Junta. Cita entre muchos, los donativos al club del colegio de los hijos de Delgado, que se pagaron a través de la sociedad que manejaba el abogado, y que ascendieron a 21.605,35 euros en el año 2011, de 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013, o los gastos de alquiler, teléfono o gas del inmueble que Núñez Consulting, SL tenía arrendado alquilado Delgado en Madrid.

Delgado presentó las declaraciones correspondientes al IRPF de los años 2011, 2012 y 2013 declarando unas bases imponibles de 52.157,93 euros; 20.083,11 euros y 9.522,59 euros que determinaron que el resultado de las declaraciones fuera a devolver en los años 2011 y 2012 (2.963,91 y 357,40 euros respectivamente) y a ingresar 71,65 euros en 2013. La AEAT estima que las cuotas tributarias por su IRPF que correspondían a los verdaderos ingresos en dicho periodo eran 124.762,76; 130.170,45 y 209.433,33 eros respectivamente al considerar que Delgado ha sido el beneficiario de las rentas canalizadas a través de distintas sociedades por lo que a él se le deben imputar las mismas

En el auto, el instructor abre una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por el presunto desvío de fondos “bien a otras sociedades no residentes, bien con destino desconocido, fuera de España y de las que resultan ser beneficiarios finales”.

Además archiva las diligencias contra tres investigados: Gabriel Ángel Jiménez Martínez, Xabier Viteri Solaum y José Pérez Arizaga,