La 'operación Cebada' sigue dejando condenas para Lino Rodríguez, quien presidió la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Valladolid durante más de dos décadas. El Tribunal Supremo acaba de confirmar diez años y cuatro meses de cárcel para él por diversos delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y apropiación indebida mientras que ha decidido absolver a su esposa. Por usar facturas falsas para desviar dinero de la asociación y usar fondos de ASAJA para gastos personales, entre otras irregularidades.
Rodríguez acumula dos décadas de condenas de cárcel en media docena de procedimientos judiciales abiertos por su gestión al frente de ASAJA, creada en los años noventa para proteger los intereses de los jóvenes agricultores de Valladolid. El año pasado, por ejemplo, un juzgado de la provincia le condenó a más de un año de cárcel por un delito de estafa también relacionado con ASAJA Valladolid y un pleito laboral que mantuvo con la asociación después de dejar la presidencia en 2016.
En este caso el Tribunal Supremo confirma su condena de diez años y cuatro meses de prisión al entender, a lo largo de más de un centenar de folios de sentencia firme, que Lino Rodríguez desplegó un “aprovechamiento del cargo” de presidente de ASAJA Valladolid para quedarse con miles de euros de la asociación, haciendo valer “la confianza que generó” en el resto de miembros.
Los jueces de la sala segunda confirman la condena de dos años de prisión de Gerardo Rico, el entonces vicepresidente de la asociación, y no estudian la de cuatro meses de presidio impuesta al ex secretario, Fernando Redondo, que no recurrió. Sí anulan la condena de dos años de cárcel de la esposa del ex presidente, Ana Isabel de la Fuente, al entender que no participó en las ilegalidades de su marido.
En su caso, dice el Supremo, que fuera economista y se encargara de enviar determinados documentos fraudulentos a la administración no implica que fuera cómplice de su marido en la administración ilegal de ASAJA Valladolid. “Se plasma una especie de actuación colaborativa presunta de la mujer casada con respecto a la ilícita económica del marido, no pudiendo articularse una especie de exigencia hacia la mujer casada de posicionarse en la relación matrimonial como si fuera un programa de compliance que evite la actuación ilícita de los delitos cometidos por el marido”, reprocha el Supremo antes de absolver a la esposa del principal imputado.
Durante el juicio, el principal condenado mantuvo que todas las trasferencias de dinero entre las sectoriales de la organización entre 1990 y 2014, el salario que empezó a percibir desde 2004 y los gastos contraídos con tarjetas de crédito “están debidamente justificados y soportados”, entre los que figuran la compra de joyas, perfumes y muebles, viajes, comidas, reparaciones dentales y hasta alguna adquisición en un sexshop.
A lo largo de su testimonio, Lino Rodríguez insistió en que todos y cada uno de los movimientos económicos entre Asaja y distintas sectoriales de la organización, que “eran totalmente autónomas”, así como los gastos con tarjetas expedidas por dos estas últimas, Remolacheros y Derco, jamás tuvieron por destino su lucro personal sino que los mismos estaban relacionados con la actividad propia de la OPA y estaban “debidamente justificados y soportados”.
El exsindicalista recordó que cuando llegó al cargo los trabajadores de la plantilla de Asaja llevaban un año sin cobrar y que por ello asumió una ingente “actividad laboral” impropia de su cargo, que era meramente “representativo”, y que permitió en poco tiempo generar ingresos y subsanar esta situación.
“¡He quemado dos coches!”
“¡He quemado dos coches con esta labor, sin poder atender mi explotación!”, destacó Rodríguez, quien por ello relató que pasados diez años se plantó y comunicó al sindicato que a partir de entonces se iba a limitar a su labor de representación, de ahí que directivos de Asaja, tal y como esgrimió, le ofrecieran remunerar ese esfuerzo desde 2004 en virtud de un contrato laboral.
En el polémico contrato se hizo contar la categoría profesional de ingeniero técnico agrícola, pese a reconocer que carece de la misma y que percibía unos emolumentos muy superiores a los regulados por el convenio de oficinas, inicialmente de 1.770 euros pero más tarde doblado a los casi 4.000 euros.
Además de dar por justificados todos y cada uno de los movimientos realizados entre las sectoriales de Asaja, Lino Rodríguez también defendió como legales los numerosos cheques cobrados por él en distintas entidades de ahorro —136.000, 91.000 ó 66.111 euros...— y las diferentes transferencias recibidas en su cuenta.
Justificó también la contratación de la sociedad Sodeprín, de la que eran socios tanto él como su esposa, para tramitar todo lo relacionado con los contratos de los trabajadores ante la Seguridad Social y se mostró mostrado algo menos preciso a la hora de explicar los gastos realizados con tarjetas de débito y crédito de las sectoriales Remolacheros y Derco.
Al respecto, el exlíder de Asaja Valladolid, sin explicar muy bien por qué manejaba dichos plásticos expedidos por ambas sectoriales y no por el sindicato, tarjetas de las que también disponían los igualmente acusados Gerardo Rico y Fernando Redondo, mantuvo que las mismas las usaba para “pagar todo aquello relacionado con la organización agraria”.
Entre esos cargos figuran la compra de joyas y perfumes, viajes a Escocia, Italia y EE.UU, uno a Disneyland París, un banquete por 1.850 euros en un restaurante coincidiendo con la comunión de uno de sus hijos, cenas en Jueves Santo y Viernes Santo, adquisiciones de ropa y electrodomésticos, entradas de cine, arreglos dentales....y hasta un gasto en un sexshop, este último el 3 de julio de 2009.
En el lado opuesto, el fiscal del caso resumió los hechos afirmando que “Lino Rodríguez tuvo el control total de Asaja, incluida la contabilidad, e hizo y deshizo a su antojo”, a la vez que consideró probado que, tras ganarse la confianza de los asociados, dispuso en beneficio propio de las subvenciones públicas de las distintas sectoriales a través de un laberinto de movimientos de dinero entre unas y otras “con el único propósito de esconder el origen del mismo”.
También sitúo desde el año 2000, como partícipe a título lucrativo, a la esposa del sindicalista, Ana de la Fuente, al frente de la sociedad Sodeprin SL, de la que eran socios ambos y que fue contratada inicialmente para elaborar las nóminas de los trabajadores de Asaja.
Contrato nulo
El polémico contrato, inicialmente suscrito con Derco y años después asumido por Asaja y que ha sido declarado nulo, fue tildado de “falso”, ya que se hizo sin conocimiento ni consentimiento de la junta directiva de la OPA, y a pesar de ello el acusado estuvo percibiendo mensualidades por importe de hasta casi 4.000 euros, sin haber justificado tampoco actividad alguna.
Con respecto al exgerente de Asaja, Fernando Redondo, y el que fuera vicepresidente, Gerardo Rico, en el primer caso el acusador público le imputó los gastos de adquisición de fichas con una tarjeta realizados en un casino en 2008 y 2009 y por los que le pidió seis años de cárcel, al entender que incurrió en un delito de apropiación indebida, en el que estimó la atenuante muy cualificada de reparación del daño —devolvió en su día más de 5.700 euros y hace dos días otros 11.450—.
El segundo, según la petición del fiscal, se enfrentaba a una posible condena de cinco años, también por apropiación indebida, en relación con sendas transferencias por importe global de 80.000 euros que fueron a parar de Indycons a la sociedad Campo de Peñafiel, de la que Gerardo Rico era presidente.