La primera jornada del juicio de corrupción de la Junta de Castilla y León por el caso 'Perla Negra' no ha durado ni dos horas. La Audiencia de Valladolid ha suspendido la vista hasta el martes a las 9,30 horas mientras estudia si devuelve la causa al juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid. Según la mayoría de las defensas, apoyadas por la Fiscalía y por las acusaciones particulares, falta documentación que debió ser remitida a las partes, e incluso como ha señalado una de ellas “hay hasta un cd extraviado”. Así, se entiende que se podría estar vulnerando el derecho de defensa al no haber recibido los abogados de 12 acusados y tres personas jurídicas la totalidad de las actuaciones.
Las defensas de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como las defensas del exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, que formaron parte de la cúpula de la Consejería de Economía, así como las del resto de los encausados que se han sentado en el banquillo este lunes, han pedido la nulidad del proceso durante la fase de cuestiones previas. Después de nueve años de investigación judicial, siguen sin tener acceso a toda la documentación que maneja el juez a pesar de las reclamaciones que han hecho desde que arrancó la instrucción. La falta de los documentos impide a algunos abogados poder determinar si los hechos que se imputan a sus defendidos han prescrito o no, pero es que además alegan la inconcreción de los hechos y las dilaciones indebidas para pedir que se sobresea la causa.
No sólo las defensas piden que la causa vuelva al juzgado de instrucción. La fiscal y los abogados de las acusaciones particular (Junta de Castilla y León) y popular (PSOE de Castilla y León), se han adherido a la petición, ante la posibilidad de que si el juicio sigue adelante, acabe nulidad por vulnerar el derecho de defensa de los acusados.
El presidente del tribunal ha suspendido la vista, que se reanudará el martes a las 9,30, y en la que se informará si se accede a la devolución al juez instructor para que la secretaria judicial facilite los documentos que faltan o certifique que sí los entregó.
La investigación, que arrancó en 2013, hizo aflorar presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales, y malversación de caudales públicos en la operación de compra de un edificio para la Consejería de Economía por el que se pagó un sobrecoste millonario, y que habría beneficiado a empresarios inmobiliarios que estaban relacionados con la cúpula. Sin embargo, el juez terminó la instrucción sin resolver varias incógnitas “por falta de tiempo”.
La situación es similar a la que se dio con el 'Caso PGOU de Valladolid', instruida por otro juzgado que tampoco entregó todas las actuaciones a las defensas, por lo que la causa volvió al juez. Para cuando todos los abogados tenían los documentos completos y se reanudó el juicio, los delitos habían prescrito para la mayor parte de los acusados.