UGT ha reclamado a la Junta de Castilla y León que, para poder implementar la jornada laboral de 35 horas en la comunidad, se necesitan “entre 4.500 y 5.000 trabajadores más” que se sumarían a los 85.000 empleados de la administración autonómica. En concreto, por áreas de servicios, estiman la contratación de unos 1.600 trabajadores sanitarios, 1.300 docentes y otros 1.100 empleados públicos para Servicios Sociales. Este aumento de la plantilla es “inevitable” para cubrir la reducción de 2,5 horas semanales que dejarían de trabajar los funcionarios de Castilla y León al recuperar las jornada de 35 horas.
El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Miguel Holguín, ha destacado que la medida de las 35 horas , anunciada el pasado martes por el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, afectaría a 21.755 trabajadores sanitarios por lo que se necesitarían 1.600 trabajadores, que se sumarían a los 33.500 que ya existen, más para poder implementar la reducción de horas semanales.
Tras recordar que desde el año 2012 se han perdido 3.059 sanitarios en la Comunidad, Holguín ha señalado que se pueden “recuperar al menos la mitad de la pérdida de profesionales de la última década”.
“El tema de las 35 horas no es trabajar menos, el tema de las 35 horas supone recuperar los recortes de plantilla que han impedido que demos una atención sanitaria de calidad”, ha precisado el líder sindical. Holguín también ha criticado que no ha habido “ninguna negociación previa” a la hora de acordar la medida.
Para el caso de Educación, la secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos, Beatriz García, ha explicado que son necesarios, al menos 1.300 docentes más de los 34.795 existentes. Además, ha recordado que con los recortes educativos del gobierno de Mariano Rajoy “se redujo drásticamente la inversión”, algo que, a su juicio, “en otras comunidades se ha recuperado” aunque en “Castilla y León no”. Asimismo, la responsable de enseñanza ha apremiado a la Junta a devolver las 35 horas ya que los docentes “ya están preparando el próximo curso”.
“Luchar porque la Atención Primaria nunca sea privada”
El secretario general de la FeSP-UGT Castilla y León, Tomas Pérez Urueña, se ha referido a las declaraciones del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo en las que afirmaba que “el gobierno autonómico no descarta concertar la Atención Primaria si fuera necesario”. Ante esto el representante ugetista ha destacado que desde los sindicatos van “a luchar porque la Atención Primaria nunca sea privada”. Además, ha explicado que la devolución de las 35 horas se realizará “en dos plazos”, uno a partir del 1 de junio, del que aún no saben cómo se hará y el otro a partir del 1 de octubre.
“Las 35 horas no es levantarse por la mañana y cambiar el BOCyL, sino que implica cosas que hay que negociar y expectativas que hay que cumplir”, ha apostillado Pérez Urueña.
El apartado salarial también ha sido motivo de queja. Urueña ha criticado que “los docentes y sanitarios de Castilla y León son los que menos cobran de España”. Esta situación, ha argumentando, hace que estos profesionales se vayan a otras comunidades donde “les pagan más y trabajan menos” , entre otras cosas, por tener ya recuperadas las semanas laborales de 35 horas.
El secretario de Administración Autonómica del sindicato en Castilla y León, Carlos Arenas, ha explicado que en la Administración General es donde hay “menos problemática con la recuperación de las 35 horas”. Donde sí se verían afectados es los sectores de Servicios Sociales y el operativo de incendios, en el que se verían perjudicados en torno a 7.500 empleados públicos.
Las 35 horas no afectan al colectivo antincendios
En el caso de los trabajadores de la Junta del operativo de extinción de bomberos forestales. Urueña ha criticado que “no entiende” muy bien al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ya que éste apuntó que estos empleados “se quedan fuera de las 35 horas”. El líder sindical ha cuestionado las palabras de Quiñones, ya que entiende que es un sistema “público” y que por ello no se puede dejar a cualquier trabajador de la administración autonómica. Además, Urueña ha recordado que estos empleados “ya no son fijos discontinuos sino que tienen un convenio” de 12 meses desde que se firmó el acuerdo con el Diálogo Social.