Todos los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León han respaldado una moción socialista a través de la que se pide a la Junta que realice auditorias a la empresa concesionaria del transporte sanitario en la Comunidad, Grupo Ambuibérica, con el fin de asegurar el cumplimiento contractual y, de no ser así, imponer las sanciones pertinentes incluso “la resolución” de la concesión.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha sido la encargada defender esta iniciativa mediante la que ha insistido en que la Junta ha prorrogado la concesión del transporte sanitario al Grupo Ambuibérica hasta 2022. No obstante, como ha señalado este grupo empresarial “ha ido acumulando conflictos laborales, problemas con la normativa laboral , sentencias desfavorables, asuntos que, por sí mismos, cuestionan el funcionamiento de esta empresa”.
La procuradora socialista ha destacado además que esta problemática va mucho “más lejos” y afecta a la “salud”, ya que, como ha denunciado el PSOE, este grupo empresarial “incumple” protocolos de limpieza y desinfección “tanto en vehículos como de uniformidad de sus trabajadores”.
“La empresa a día de hoy sigue incumpliendo de manera sistemática sin que Sacyl aplique ningún tipo de medida correctora ni sanciones”, ha aseverado.
De este modo, finalmente todos los grupos han respaldado que la Junta que realice las actuaciones oportunas a fin de que sean auditados los contratos de transporte sanitario realizados desde 2014 con todas las empresas pertenecientes al grupo Ambuibérica para verificar el cumplimiento de todos los requisitos especificados.
Además, a través de esta iniciativa se exige que si se aprecian incumplimientos se realicen las actuaciones necesarias para que Ambuibérica subsane los problemas y, si procede, se puede llegar hasta a “proponer la resolución contractual”.
Por su parte, la procuradora de VOX, Fátima Pinacho, ha considerado “incoherente” que se haya prorrogado la concesión pese a los incumplimientos contractuales, por lo que ha respaldado la iniciativa con el fin de que se “esclarezcan” los problemas con el grupo empresarial.
El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha respaldado la iniciativa también. “Qué tiene que ocurrir hasta que nos demos cuenta que tenemos un problema que hay que solucionar”, se ha preguntado el Pascual, quien ha denunciado que “nunca” ha habido una flota de ambulancias con tantos kilómetros. “Tenemos verdaderos problemas con los vehículos”, ha zanjado.
Por su parte, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que la situación del transporte sanitario en al Comunidad es una “vergüenza, una indecencia y una ignominia”. “Se les debería caer la cara de vergüenza”, ha señalado al PP, al tiempo que ha recordado que “el transporte sanitario debe ser de gestión pública y ustedes lo han privatizado”, ha lamentado.
No obstante, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado Palacios ha criticado al PSOE, ya que, a su juicio, el PSOE ha aprovechado las circunstancias laborales por la que atraviesa la empresa ante la negociación del convenio colectivo para hacer “oportunismo y demagogia”.
De este modo, pese a respaldar la iniciativa, ha defendido una enmienda de sustitución que finalmente no ha sido aprobada con el fin de eliminar la palabra auditoria para reemplazarla por “supervisión, control e inspección”.
Por último, Delgado Palacios ha reseñado que Ambuibérica sólo ha registrado un “0,04 por ciento de reclamaciones” y se analiza su gestión en las comisiones de control y seguimiento de transporte funcional.
Finalmente, la 'popular' María Ángeles García Herrero ha reconocido las complicaciones que registra este servicio dada la dispersión del territorio en la Comunidad. No obstante ha defendido la intención de la Junta de prestar el “mejor servicio posible” y ha instado al PSOE a denunciar ante los tribunales las irregularidades a las que ha apuntado.
“Si es cierto lo que señalan deberían haberlo denunciado”, ha reseñado, al tiempo que ha culpado a los socialistas de tener “el afán de destruir” Castilla y León. Así, ha defendido que la Junta realiza los controles necesarios pese a la “propaganda negativista” del PSOE.