Mientras en el mundo había 77 países que prohibían la homosexualidad, Catalunya se convertía en pionera en defender los derechos del colectivo LGTBI. El 2 de octubre de 2014 la entonces presidenta del Parlament, Núria de Gispert, anunció que la ley catalana contra la LGTBIfobia había sido aprobada. La tribuna estalló en vítores, aplausos y abrazos tras una votación que culminaba más de 30 años de lucha.
Decenas de activistas del colectivo LGTBI asistieron a lo que definieron como una “jornada histórica” en el Parlament. Celebraban que Catalunya tenía la primera ley de España y una de las primeras del mundo que incluía un régimen sancionador contra las discriminaciones y agresiones por orientación sexual e identidad de género. “En este trocito del mundo tenemos una vacuna contra la LGTBIfobia”, aseguró en su momento Eugeni Rodríguez, presidente de la FAGC.
La ley fue aprobada casi por unanimidad, con los votos del PSC, ICV, ERC, la CUP, Ciudadanos y Convergència, que en esa ocasión votó por separado de Unió. Los democristianos rechazaron algunos artículos de la norma, pero el PP fue el único que dio un ‘no’ sin matices a la ley. “Las negociaciones fueron muy complicadas”, recuerda la exconsellera y diputada de ERC Anna Simó. Ella fue la encargada republicana de defender la norma ante el Parlament y de negociar con los demás grupos.
Le dijimos a Convergència que no podía votar en contra de una ley que significaba aumentar derechos para todos
La ley contra la LGTBIfobia fue una iniciativa de los partidos del tripartito, que la llevaban en su programa electoral, y de la CUP. La gran incógnita, pues, era CiU, que entonces ostentaba la presidencia del Govern con Artur Mas a la cabeza y con el apoyo del PP. “Costó mucho convencerles”, asegura Simó, que apunta que la clave fue que la iniciativa la llevaran las entidades del colectivo LGTBI.
Los interlocutores de Convergència fueron los diputados Jordi Turull y Violant Cervera. “Les dijimos que no podían votar en contra de una ley que significaba aumentar derechos para todos”, recuerda Simó, que también reconoce la importancia que tuvo Miquel Iceta en la negociación. Los elogios son mutuos. “Anna Simó nos aportó mucha experiencia y conocimientos. Fue un gran trabajo conjunto”, asegura el socialista.
El impulsor de la ley dentro del PSC fue el ahora alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pero cuando renunció a su escaño para pasarse a la política municipal, Iceta heredó la misión de negociar y defender la normativa. “Tengo esa intervención en el Parlament guardada”, asegura. “Fue muy importante para mí, un diputado abiertamente gay, poder desmontar argumentos y bulos sobre el colectivo”.
La jornada fue especial, no sólo porque estaban a punto de aprobar la primera que incluía un marco sancionador, sino porque estaban a punto de cumplirse 15 años desde que Iceta salió del armario. “Fue todo muy simbólico y especial. Es por cosas como esta que me metí en política. Fuimos pioneros en reivindicar el derecho a ser en libertad y sin obstáculos”, apunta el exdiputado.
Fue muy importante para mí, un diputado abiertamente gay, poder desmontar argumentos y bulos sobre el colectivo
El primer régimen sancionador
Uno de los aspectos más destacados e innovadores de la ley es que invierte la carga de la prueba, con lo que fue de las primeras normas en establecer que no era la víctima la responsable de demostrar el agravio, sino el victimario de demostrar su inocencia. Eso y el régimen sancionador convirtieron a la ley catalana contra la LGTBIfobia en un texto pionero, que condena los insultos, las discriminaciones y agresiones con multas de entre 756 y 7.560 euros, así como con la imposibilidad de recibir subvenciones y aplicar a contrataciones públicas.
El diseño del régimen sancionador fue una tarea “compleja”, tal como recuerdan los negociadores. “Lo blindamos mucho para que no nos lo tumbaran por superar las competencias de la Generalitat”, recuerda Iceta. Es por eso que las sanciones son administrativas y abarcan ámbitos como el educativo o el sanitario, pero no el laboral, donde la competencia es del Estado. “Llegamos hasta donde pudimos”, asegura Simó.
Ambos consideran que la ley es completa, pero apuntan que para que se despliegue totalmente hace falta “voluntad política” puesto que al ser sanciones administrativas, las multas deben venir impuestas por la Administración Pública. En este sentido, cabe destacar que a pesar de que la ley tuvo el apoyo de Convergència, el Govern de Mas no impuso ninguna sanción en los dos años que restaban de legislatura. La primera llegó en 2016, ya con el Govern de JxSí, y vino de una conselleria de ERC.
Aquel año se reportaron 39 incidencias, lejos de las 351 del pasado 2023. Tanto desde el Govern como desde las entidades insisten en recordar que este aumento no significa necesariamente que haya más agresiones, sino más confianza en las administraciones y en el proceso de denuncia. De hecho, un dato que destaca y que es celebrado por el colectivo es que, por primera vez desde que entró en vigor la ley, el número de incidencias que ha recibido la Generalitat se equipara al que reciben las entidades sociales.
El Observatorio contra la LGTBIfobia solía recibir entre un 30 y un 50% más de quejas que la Generalitat. “Las personas afectadas no suelen confiar en la administración”, se lamenta Jordi Samsó, portavoz de la Plataforma LGTBI de Catalunya. Ahora bien, la formación que han recibido tanto los cuerpos policiales como los trabajadores del sector de la educación, el ocio o la sanidad, ha ayudado a que las víctimas se sientan “más seguras y acompañadas” durante el proceso de denuncia.
A pesar de la mejoría, sigue sin ser suficiente, tal como ha apuntado la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, que ha anunciado que el Govern trabaja ya en una reforma de la ley para adaptarla al marco normativo español y europeo. Igualmente, prevé dotarla de un régimen sancionador “útil” que ofrezca más “medidas de protección, acompañamiento y de reparación de daños”.
Nuevos tiempos, nuevos derechos
Las entidades del colectivo LGTBI consideran, en su mayoría, que estos diez años de ley han sido “positivos” y “provechosos”, pero coinciden en que es necesaria una reforma. Samsó considera que hay ámbitos en los que se debe incidir más, como el de las personas mayores o de la salud, donde “sigue habiendo mucha discriminación hacia personas trans, no binarias y mujeres lesbianas”.
Sobre el primer punto, la nueva consellera ya ha anunciado que impulsará un plan específico para las personas mayores LGTBI, pero el Ejecutivo de Salvador Illa todavía no ha concretado qué pasará con el anteproyecto de ley trans que el anterior ejecutivo dejó cocinándose antes de las elecciones. “Es importante que no se quede en un cajón”, insisten las entidades.
Otro de los puntos que el colectivo entiende que se tiene que mejorar para adaptar la ley a los nuevos tiempos es “la persecución del odio en redes sociales”. Según la Plataforma LGTBI es donde más insultos y agresiones verbales se producen. “Hay impunidad a la hora de lanzar ciertos mensajes y eso llega mucho a los jóvenes y adolescentes”, asegura Samsó, que lamenta que esta influencia se note en las aulas.
“Maricón, bollera o travolo siguen siendo insultos muy corrientes”, explica el activista, que asegura que cada día hay agresiones verbales y físicas por razones de orientación sexual o identidad de género. Pero rehúsa ser alarmista y asegura que, también, cada día hay gente que sale de armario y “se atreve a vivir en libertad”.
Hay impunidad a la hora de lanzar ciertos mensajes y eso llega mucho a los jóvenes y adolescentes
Samsó insiste en negar que haya habido un retroceso en los derechos de las personas LGTBI. “Hay camino por recorrer, pero ese camino es hoy mejor que ayer. Tenemos leyes que nos blindan y hay una mayor consciencia social”, apunta. Y confía en que, aunque hoy en el Parlament haya presencia de partidos de extrema derecha, los derechos del colectivo LGTBI se han convertido en un “consenso tan de mínimos” que la ley se volvería a aprobar.