El desahucio de una vivienda en Barcelona con un amplio dispositivo de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra ha encendido los ánimos de los movimientos sociales, que han apuntado por primera vez con sus críticas al nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès. La presencia de la Brigada Móvil (BRIMO) de la policía catalana para desalojar el piso, ocupado por jóvenes, contradice el acuerdo de ERC con la CUP, que contempla explícitamente la no intervención policial. Como respuesta, los activistas han ocupado la sede de los republicanos en la calle Calàbria.
El dispositivo policial ha arrancado a primera hora, alrededor de las 6.00, con una docena de furgonetas de los antidisturbios en la calle Lleida, donde se ubica el Bloc Llavors, que es uno de los símbolos por el derecho a la vivienda en Barcelona. Frente al edificio se han concentrado un centenar de personas, entre ellas varios diputados de la CUP y En Comú. En el caso de los primeros, son ahora mismo sostén de la legislatura. Durante el operativo, que ha finalizado con el desalojo, se han vivido momentos de tensión y al menos una carga con porras por parte de los Mossos.
En paralelo al operativo policial, miembros de las entidades por la vivienda, así como el colectivo Arran –las juventudes de la CUP–, han irrumpido en la sede de ERC en Barcelona, en la calle Calàbria, para protestar por el desalojo. Los concentrados se han instalado con pancartas en la recepción de la sede y reclaman la retirada de los antidisturbios en el desahucio del Bloc Llavors. Una vez finalizado el desalojo, los activistas de la calle Lleida se han trasladado también hasta la sede de los republicanos. La ocupación ha finalizado alrededor de las 11.00 y, media hora después, se ha desconvocado la protesta en el exterior.
En declaraciones frente a la sede de ERC, uno de los okupantes que ha sido desahuciado, Àxel Altadill, ha cargado sin miramientos contra el nuevo president. “Aragonès es el brazo ejecutor servil del Tribunal Constitucional”, ha criticado Altadill, que ha advertido que el movimiento provivienda seguirá frenando desahucios. “Para el Govern es el primer día pero nosotros llevamos décadas luchando por la vivienda”, ha sentenciado.
Los concentrados han criticado que esta actuación se produce “menos de 24 horas después de que Pere Aragonés haya tomado posesión como presidente de la Generalitat”. El Sindicato del Barrio del Poble-sec ha lamentado que en el primer día de presidencia “ya se ha hecho patente el incumplimiento del acuerdo del acuerdo con la CUP por parte de Aragonès”.
Desde la CUP, varios de sus dirigentes políticos han cargado contra la actuación policial y han añadido que Aragonès empieza de la peor forma al frente del Govern. “Pésimo comienzo del Govern de Aragonès”, ha proclamado el diputado Xavier Pellicer. Mireia Vehí, diputada en el Congreso, ha ido más allá: “Hemos dado cien días al Govern, pero la realidad se impone. Hacen falta políticas públicas de vivienda ya”. Vehí ha exigido al Ejecutivo un “giro” en materia de desahucios porque, ha añadido, el dispositivo de este martes “no es un cambio de ciclo”.
Tras la actuación policial, y en aplicación de la ley mordaza, los Mossos han informado de que multarán a un total de 60 personas a las que han identificado durante la protesta, por desobediencia a los agentes de la autoridad. Asimismo, han confirmado que prevén denunciar ante el juez a tres activistas por delito de atentado contra agentes de la autoridad y a nueve por desórdenes públicos.
La polémica ha obligado a Aragonès a reaccionar en su primer día como president. El líder del Ejecutivo catalán, en el que por primera vez ERC asumirá Interior, ha achacado la presencia de los antidisturbios a la orden judicial, que ya suspendió el mismo desahucio la semana pasada precisamente porque no había agentes de los Mossos disponibles. Asimismo, se ha comprometido a acabar con estos operativos. “Hay mucho trabajo por hacer en defensa de los derechos como demuestra lo que está pasando esta mañana”, ha declarado en Catalunya Ràdio. También ha asegurado que ha hablado con los diputados de la CUP sobre ello. “Es evidente que las imágenes de hoy se tienen que revertir”, ha afirmado.
También ha hablado del suceso el conseller saliente de Interior, Miquel Sàmper, de Junts, que ha asumido la “responsabilidad”. “Hemos enviado los antidisturbios porque había mucha gente concentrada que impedía la llegada de la comitiva judicial”, ha expresado.
Dentro del conflicto por el desahucio, Sámper ha protagonizado una particular polémica con el consistorio barcelonés al dejar entrever que el informe de vulnerabilidad de los tres ocupantes podría haber llegado demasiado tarde. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, le ha acusado directamente de mentir. “Es falso. Los servicios sociales han hecho su trabajo y hace meses que el informe para evitar el desahucio está en el juzgado”, le ha recriminado.
La alcaldesa Ada Colau, por su parte, también ha pedido cambios a la Generalitat: “Es hora de que hagan algún tipo de mediación alternativa a enviar la BRIMO”.
La historia del Bloc Llavors se remonta a julio de 2017. La finca, propiedad del fondo buitre Vauras Investments, fue ocupada por activistas del Sindicato de Vivienda del Poble-sec para realojar a familias y vecinos sin recursos o víctimas de desahucios. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en la capital catalana, en parte debido a los varios intentos de desalojo que sufrió. El último, en marzo de 2020, en el que intervino de nuevo la policía catalana, se logró desalojar seis de los pisos, en el que había varios menores. El caso llegó hasta el Parlament, puesto que se acababa de aprobar un decreto de suspensión de los desahucios que la jueza acabó decidiendo que no era aplicable a este caso. Partidos como Junts, ERC, Comuns y CUP se opusieron al lanzamiento. También el Ayuntamiento de Barcelona.
Actualmente seguían tres viviendas ocupadas, de las cuales una ha sido desalojada hoy. En ella vivían tres jóvenes, que contaban con el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. Este documento, sin embargo, no les ha resultado suficiente para convencer al juez, a pesar de que la normativa vigente en Catalunya establece que no se puede desalojar a nadie que esté en situación de vulnerabilidad –aunque esté ocupando– sin antes ofrecerle una alternativa. En este caso, al menos para uno de los ocupantes, el magistrado consideró que podía recurrir a su familia.
Durante el desahucio han hecho acto de presencia en la calle Lleida varios integrantes de la empresa Desokupa, que realiza desalojos fuera de los cauces judiciales, así como su propietario Daniel Esteve. Los activistas han podido grabar como Esteve empujaba a una manifestante durante la concentración.
Los jóvenes desalojados del Bloc Llavors vienen denunciando desde hace semanas la presencia de empleados de seguridad de la empresa CityLock, filial de Desokupa, en el edificio. Según explican, estos se encargaban de que nadie entrase en los pisos que se desalojaron a inicios de 2020.
La propiedad del bloque es Vauras Investments, un fondo buitre que aterrizó en Barcelona en el año 2015 para comprar edificios antiguos a cuyos vecinos estaba a punto de vencer el contrato de alquiler con el objetivo de rehabilitarlos y venderlos. Sus prácticas se han topado con la oposición vecinal y la del Ayuntamiento de Barcelona. Tras uno de los intentos de desalojo del Bloc Llavors, Vauras se querelló contra Colau y dos ediles, pero la jueza lo archivó.
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