Las entidades por el derecho a la vivienda, con la PAH a la cabeza, han logrado un acuerdo entre partidos para elaborar una ley antidesahucios que permita recuperar las medidas de protección al alquiler social de familias vulnerables que tumbó el Tribunal Constitucional en febrero de 2021. ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP, que conforman una mayoría parlamentaria suficiente, han pactado las bases de la nueva norma, que se llevará a la comisión de la Cámara el próximo 2 de febrero, según adelantó El Periódico.
La intención de la PAH y las demás asociaciones antidesahucios es volver a aprobar una ley que obligue renovar todos los contratos de alquiler social de propietarios que sean grandes tenedores y a firmar también un arrendamiento de este tipo para inquilinos sin recursos que finalicen su contrato o que estén ocupando un piso en precario. Estas medidas estaban recogidas en el decreto ley 17/2019 aprobado por el Govern, pero el Tribunal Constitucional las anuló precisamente porque consideró que una regulación de este tipo no se podía llevar a cabo mediante un decreto ley.
El acuerdo entre los partidos pendía hasta ahora de un hilo debido a la posición de Junts, que había introducido enmiendas que según la PAH rebajaban la ambición del texto. Una de ellas, la más polémica, es que establecía compensaciones para los grandes propietarios en cuanto al alquiler social. En este sentido, se ha llegado a un punto intermedio: se compensarán aquellos alquileres sociales obligatorios que deban ofrecer los grandes tenedores, pero que no sean bancos ni fondos de inversión.
En un comunicado, Junts ha explicado que será la Generalitat, a través de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, quien asuma el alquiler de estas familias “ya sea a través de ayudas o como arrendatario”. Esta medida ya se lleva a cabo en la actualidad, aunque de forma voluntaria para los propietarios, con el programa Reallotgem.
Al margen de esta norma, Catalunya ya tenía una ley para frenar los desahucios en vigor, la 24/2015, que establece que los grandes propietarios deben ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables que no puedan hacer frente a la hipoteca, antes de proceder a su desalojo de la vivienda. Pero el decreto de 2019 tumbado por el Constitucional, que ahora se pretende recuperar mediante el rango de ley, ampliaba los supuestos de protección a los impagos y finalizaciones de contrato de alquiler, así como a las ocupaciones, “causa de miles de desahucios anuales”, aseguran desde la PAH.
El texto también ampliará la definición de gran propietario, que incluirá a personas jurídicas que tengan en posesión más de 10 viviendas (hasta ahora eran 15, lo mismo que para personas físicas). La obligatoriedad para ofrecer alquiler social en caso de extinción de contrato en familias vulnerables será vigente durante cinco años si el propietario es gran tenedor y persona física, de siete si es persona jurídica y de doce si es una entidad financiera.