La guerra del agua de Barcelona tiene una nueva batalla. La Sociedad General de Aguas de Barcelona, Agbar, ha llevado ante el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Barcelona por el proceso de municipalización del agua que intentó el consistorio de Ada Colau, frustrado por la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la empresa mixta creada entre la multinacional y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado de la denuncia a la Fiscalía y el consistorio antes de decidir si sigue adelante con el procedimiento.
En su denuncia, adelantada por El Mundo, Agbar cifra “de manera aproximada” en 875.293,54 euros el “perjuicio” ocasionado a las arcas públicas. Dentro de esa cifra Agbar incluye un encargo específico del Ayuntamiento de 2017 a varios despachos para un análisis jurídico y de infraestructuras sobre la municipalización del agua que costó 358.710 euros, pero también “distintos trabajos realizados en el ámbito 'agua'” por valor de 499.925,08 euros y que la multinacional vincula con la municipalización.
Entre las decenas de estudios denunciados por Agbar figuran un inventario de la red de distribución del agua potable de Barcelona, un informe para detectar las necesidades de inversión en la red de agua potable de la ciudad, otro sobre demandas futuras de agua o la valoración de activos de Agbar dentro del municipio, así como un estudio sobre hábitos de consumo de agua potable en las casas.
A criterio de Agbar, todos estos estudios vulneraron la normativa contable, pues los encargó el Ayuntamiento de Barcelona cuando la competencia en materia de agua recae en el AMB y no en el consistorio. Destaca Agbar que el Ayuntamiento asumió “costes manifiestamente innecesarios que suponen una duplicación de esfuerzos financieros”, pues el servicio de abastecimiento de agua ya viene siendo prestado por el AMB.
El tercer bloque de la denuncia de Agbar consiste en las subvenciones que el Ayuntamiento de Barcelona otorgó a “asociaciones afines a la ideología municipalizadora”, como Enginyers sense Fronteres. La denuncia no cifra el concreto perjuicio de las subvenciones, sino que considera que serán un menoscabo a las arcas públicas “todas aquellas subvenciones que no hayan tenido un resultado tangible que pueda justificar el aumento exponencial y manifiestamente desproporcionado de su financiación”.
Asimismo, la empresa incluye en el menoscabo de fondos públicos los 15.000 euros que el consistorio dedicó a fomentar la recogida de firmas para celebrar una consulta sobre la municipalización del agua que no se llegó a celebrar. Todo ello forma parte, denuncia la empresa, de la estrategia municipal para crear un “clima denigratorio” contra Agbar en el proceso fallido de municipalización. Para la multinacional el conflicto en Barcelona se enmarca en “un fenómeno ideológico global llamado remunicipalización”, que a su juicio se caracteriza por “una oposición frontal a cualquier presencia de iniciativa económica privada en la prestación de servicios públicos en general y en los de agua en particular”.
El Ayuntamiento tilda la denuncia de “ataque a la democracia”
El concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, ha avanzado que el consistorio colaborará con toda la documentación que le pueda requerir el Tribunal de Cuentas y ha defendido la legalidad de todas las subvenciones y estudios encargados. “Se quiere poner en marcha una máquina del fango para ensuciar la gestión municipal y no permitiremos este ataque al prestigio de la ciudad”, ha denunciado Serra.
El concejal ha lamentado que la denuncia de Agbar pretenda “poner en entredicho” las actuaciones del gobierno municipal para llevar a cabo la municipalización del agua, uno de los objetivos que los 'comuns' llevaban en el programa electoral, por lo que ha tildado la demanda de la multinacional de “ataque a la democracia y al gobierno municipal”.