Los alcaldes catalanes y las entidades por el derecho a la vivienda quieren aprovechar el incipiente deshielo entre el Gobierno socialista y el Govern de Quim Torra para recuperar la ley catalana antidesahucios. En un manifiesto promovido por la PAH y firmado por ayuntamientos, sindicatos, entidades sociales y asociaciones de vecinos, han exigido a Pedro Sánchez que retire del Tribunal Constitucional el recurso que presentó Mariano Rajoy y que llevó a la suspensión cautelar de buena parte de las medidas de emergencia habitacional previstas en la ley que aprobó el Parlament en 2015.
En el documento presentado este miércoles, exigen al Gobierno “la retirada del recurso de inconstitucionalidad” y la posterior aplicación total e inmediata de la ley, “incluidos los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial”, que la norma prevé en las medidas contra la pobreza energética. El manifiesto lo ha leído Lucía Delgado, portavoz de la PAH, arropada frente al Parlament de Catalunya por varios alcaldes, entre ellos la de Barcelona, Ada Colau, y por un buen número de entidades sociales.
Los ayuntamientos firmantes son de entrada Barcelona (BComú), Sabadell (CUP), Santa Coloma de Gramenet (PSC), Girona y Sant Cugat del Vallès (PDeCAT) y Sant Vicenç dels Horts (ERC). Reciben el apoyo también de las dos principales federaciones de municipios, la AMC y la FMC.
Durante la lectura del texto, Delgado se ha dirigido en algún momento directamente a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, a quien se le supone la tarea de retirar recursos al Constitucional de una serie de leyes sociales señaladas por el Govern como prioridades de legislatura. Hasta la fecha, el único compromiso adquirido por el Ejecutivo socialista respecto a estas leyes ha sido sacar del Alto Tribunal la norma catalana de sanidad universal.
Antes del recurso, durante los nueve meses que estuvo en vigor, la ley 24/2015 garantizó a los ayuntamientos “herramientas efectivas, redistributivas y justas para afrontar las necesidades de vivienda”, según el manifiesto. El cálculo que hacen las entidades por el derecho a la vivienda, impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que alumbró esta ley, es que durante ese período se pararon alrededor de 10.000 desahucios en toda Catalunya.
Entre los artículos suspendidos de forma cautelar por el Constitucional se encuentran la mayoría de los que tienen que ver con la emergencia en vivienda. Entre otras medidas, se planteaba la obligatoriedad de ofrecer alquiler social a los desahuciados si el propietario es un gran tenedor, o la cesión obligatoria de viviendas vacías si son propiedad de personas jurídicas. El principal escollo que ve el Gobierno para retirar el recurso es precisamente este último punto, de cuya constitucionalidad dudan.